RECUERDO DE DAVID MARÍN. El 20 de junio, amigos y familiares de David Marín se manifestaron en la sede del Grupo Prisa, empresa
que organizó el concierto en el que David perdió la vida mientras montaba un escenario contratado por Pase Producciones / Javier Díaz Villan

Hace 15 años, unidas a las protestas
por la reforma laboral, aparecieron
cientos de folletos, pintadas, carteles
que acusaban a las Empresas de Trabajo
Temporal (ETT) de amenazar
derechos laborales consolidados desde
el siglo XIX. Hoy, en el Estado español,
el papel de las ETT en la colocación
de trabajadores es muy superior
al que tienen en Reino Unido u
Holanda. Sólo en 2008 gestionaron
2,2 millones de contratos, un 13,9%
de los que se firmaron. Seis ETT copan
el 60% de la facturación del sector,
y conforman la asociación
AEGTT, que emite informes periódicos
en los que se asegura que, sin restricciones,
las empresas intermediarias
serán capaces de crear decenas
de miles de puestos de trabajo.

Si se atiende a los globos-sonda
que flotan en torno a la reforma laboral
que se cocina en estos días, las
ETT y su versión revisitada, las Agencias
Privadas de Colocación, que sustituirán
a los servicios públicos de
búsqueda de empleo, operararán en
actividades que, por causas de seguridad
laboral, hasta ahora les estaban
vedadas. Antes de 2011, la construcción,
las administraciones públicas
o la sanidad quedarán abiertas a
este modelo de intermediación por
recomendación europea. Diarios como
El País o El Economista han lanzado
en las últimas semanas la tesis
de que esta apertura es una condición
impuesta por la patronal para
mantener el diálogo social. Es decir,
que mientras CC OO y UGT buscan
asegurar los subsidios a desempleados
de larga duración, la patronal,
PP y CiU, y think tanks como Forelab,
del que forma parte el abogado
Juan A. Sagardoy, quien ha estado
presente en las principales negociaciones
sobre derechos laborales de
las últimas tres décadas, han solicitado
al Gobierno que se potencie el uso
de las ETT en un mercado de trabajo
que, para Carlos Prieto, profesor de
Sociología de la Universidad Complutense,
se caracteriza por la combinación
de temporalidad y paro. La
conclusión de Prieto es que el incremento
de la temporalidad “fortalecerá
aún más el poder de negociación e
imposición de los empleadores y reducirá
el de los trabajadores”. En este
sentido, el sociólogo señala que la
situación actual se está traduciendo
“en un intento por parte de los de
siempre de acentuar los rasgos neoliberales
de la regulación actual. Pero
no está todo dicho”.

Europa llama a su puerta

El experto en Formación y Orientación
Laboral José Luis Carretero explica
que la Directiva 2008/104 del
Parlamento Europeo, aprobada en
noviembre, recomienda que antes de
2011 los Estados de la UE han de levantar
las limitaciones a las ETT: “Lo
que circula entre profesores de Derecho
del Trabajo es que van a retirar
las restricciones en administraciones
públicas o agricultura, pero no sé si
se atreverán con la construcción” reconoce
Carretero. El inspector de trabajo
Javier Iglesias considera que ésta
sería una medida injustificada:
“No tendría sentido, ni siquiera desde
el punto de vista económico, ya
que las ETT actualmente garantizan
el salario de convenio, y hoy las promotoras
pueden encontrar plantillas
que trabajen por menos”. Como matiza
para este periódico Ibon Zubiela,
responsable de Salud Laboral del sindicato
LAB, aunque los costes directos
podrían ser más altos si se contratan
trabajadores a través de ETT,
las empresas ahorrarán recortando
los gastos relacionados con sus derechos
laborales, sindicales y sanitarios.

Zubiela recalca que LAB no conoce
los términos en que se consensúa
“el mal llamado diálogo social”
que se está produciendo en Madrid,
pero denuncia que si se abriera el
campo a las ETT, se estaría dando
un “caramelo” a la patronal “para
que la situación en las obras de construcción
sea todavía más caótica”.

Cuestión de responsabilidad

En 2008, 831 personas murieron en
el trabajo en el Estado español. Como
indica Ibon Zubiela, el cóctel de
temporalidad y precariedad, que
afecta a todas las actividades, contribuye
a crear confusión entre los trabajadores:
“muchos no saben a quién
acudir si se produce un accidente”,
explica. Ese fue el caso de los compañeros
de David Marín, fallecido en
2006 mientras trabajaba en un concierto
organizado por los 40 principales.
Su padre, José Ángel, ha relatado
a DIAGONAL que Pase Producciones,
la empresa para la que
trabajaba David, no le proporcionó
un casco y que nadie vigilaba la seguridad
de un trabajo en el que operaban,
en tiempo récord, varias subcontratas
a la vez. Tras el accidente,
los compañeros de David no llamaron
a la Policía, siguieron trabajando;
no había responsables ni ambulancias,
y cuando llegaron los dueños
de la subcontrata se dijo a la
plantilla que no volviera al día siguiente.

Los responsables de Pase
Producciones no llamaron a Inspección
de Trabajo, que sólo fue avisada
un día después: “En un desmontaje
de un concierto, en 24 horas sólo
queda el polvo y tal vez algún rastro
de sangre” se lamenta José Ángel
Marín. Tres años después no hay
condenados por el homicidio y Pase
Producciones sigue operando en el
montaje de espectáculos. José Ángel
Marín cree que, a pesar de la Ley de
1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
a las empresas “les sale más
barato esperar una multa antes que
invertir en seguridad”. En su opinión,
si a las grandes compañías se les permite
delegar las responsabilidades
en las ETT, aquéllas “quedarán siempre
fuera de toda sospecha”. Para Carretero,
el problema es que se oscurecerán
aún más las responsabilidades
de prevención, pero también que
esta estrategia establecerá nuevos
mecanismos de diferenciación y separación
entre los trabajadores.

Flexiseguridad para todos

Ya ha cumplido dos
años el Libro Verde
para la modernización
del derecho del Trabajo
de la UE, una hoja
de ruta para implantar
lo que se ha traducido
como ‘flexiseguridad’
o ‘flexiguridad’ y que,
en teoría, busca una
equiparación de derechos
entre los trabajadores
con mejores
condiciones, o “insiders”,
y los “outsiders”
o trabajadores
precarios. Para Carlos
Prieto, profesor de
Sociología de la Complutense:
“la flexiguridad puede
ser una
forma sensata de regular
las relaciones de
empleo, si el sindicalismo
es fuerte, y suponer
una degradación
de las condiciones de
empleo, si el sindicalismo
es débil, como es
el caso español”.

En un artículo sobre
dicho libro, el magistrado
de la Sala de lo
social del Tribunal
Superior de Justicia de
Cataluña, Miquel Falguera,
expone que la
ideología neoliberal
impregnó la redacción
de ese texto: “Basta
una somera lectura de
su contenido para llegar
a la conclusión de
que sus autores culpan
al Derecho del
Trabajo de la crisis del
empleo en Europa”
concluye Falguera,
quien considera el
Libro Verde una “revisión
a la baja” de las
condiciones de trabajo,
que tiene en el
abaratamiento del
despido y la reducción
de las coberturas de
la Seguridad Social
uno de sus leit motifs.

Mutuas: lobo cuida a rebaño

Aunque un estudio
sobre Salud Laboral
de la Univerdidad
Pompeu Fabra haya
establecido que,
“atendiendo a la
estructura laboral de
España fallecen nada
menos que alrededor
de 14.000 hombres y
más de 2.000 mujeres
por enfermedades
contraídas en su lugar
de trabajo” las muertes
en el trabajo declaradas
por las mutuas
son, en cambio, irrisorias:
dos o tres muertos
por año. En otro
informe, publicado por
la Federación de Asociaciones
para la
Defensa de la Sanidad
Pública, se
denuncia que las
mutuas que tienen
competencias para
denegar prestaciones
a trabajadores están,
sin embargo, “dirigidas
por los empresarios,
sin apenas control
por
parte de la Administración”,
y que la prioridad
de las mismas
dista de ser la asistencia
sanitaria a los
trabajadores. Esta
Federación cuestiona
que las administraciones
cubran a las
mutuas a pesar de
“las irregularidades y
posibles delitos que
vienen detectando las
auditorias del Tribunal
de Cuentas”. Para
Ibon Zubiela, de LAB,
“el principal objetivo
de las mutuas es
negar el origen laboral
de muchas patologías
e intentar que
las empresas no
paguen el daño que
cometen”.

El INEM, un cero a la izquierda

Si el Estado español
sigue la Directiva
2008/104 de la UE,
que establece 2011
como punto de partida
para que las Agencias
Privadas de Colocación
asuman el
control de las bolsas
de empleo, el INEM
verá recortadas sus
atribuciones. Actualmente,
el INEM ha
delegado esta función
en los servicios regionales
de empleo de
las distintas comunidades.

De hecho,
según fuentes de la
Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo
Temporal
(AGETT), en 2008 el
INEM únicamente
“colocó” en el mercado
a un 2,1% de los
parados, mientras que
las empresas privadas
de contratación intermediaron
en un
13,9% de las más de
16 millones de colocaciones
producidas.
Para Javier Iglesias, el
INEM se ha quedado
como mero gestor de
las prestaciones y ese
es el papel que asumirá
si se privatiza el sistema
de colocaciones.

Algo que, a su juicio,
supondrá “volver a un
sistema de agencias
de trabajo y de colocación
que se superó
en el siglo XIX”. Para
José Luis Carretero, el
papel último del INEM
en este contexto será
el de ejercer de “régimen
policial” para
comprobar si los trabajadores
cumplen
con los requisitos que
se exigen para mantener
el cobro de prestaciones
sociales.