ESPAÑA // MÁS PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
1.200 millones buscan empresa constructora

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, se muestra
dispuesta a estudiar formas de financiación mixtas para
las infraestructuras hidráulicas. ¿Una nueva vía para la
entrada de capital privado en la gestión del agua?

EL NEGOCIO DEL AGUA EN EUROPA

- Batacazo a la gestión privada en Italia

- Irlanda se topa con el problema del agua

06/07/11 · 8:30

Tras la ola de privatizaciones en los
servicios del agua por parte de administraciones
locales y autonómicas,
ahora le llega el turno al Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. Rosa Aguilar anunciaba el
pasado día 16 su disposición a estudiar
nuevas formas de financiación
mixta para las infraestructuras hidráulicas,
“una buena fórmula para
seguir movilizando la inversión”.

En un encuentro entre administraciones
y empresarios patrocinado
por Sando y Abengoa (previa
cuota de inscripción de 1.475 euros),
la ministra anunciaba que “estamos
abiertos al diálogo”. Una frase
que debió hacer las delicias de
los participantes habida cuenta de
que, según el propio Ministerio, para
este 2011 están en licitación
obras por valor de 526 millones de
euros, más otros 700 millones que
se licitarán de aquí a finales de año.
En total, más de 1.200 millones en
busca de dueño.

Rentabilidad a corto plazo

Y es que con una deuda de 521.000
millones de euros (el 76% de toda la
deuda pública) y una crisis que no
tiene visos de mejorar de momento,
la Administración Central del
Estado parece ver en el capital privado
la solución a gran parte de sus
males, al menos a corto plazo. A
largo plazo, el asunto se vuelve
más complicado. De hecho, existe
un estudio en Italia que afirma que
si la obra y posterior gestión de la
infraestructura se encarga a una
empresa privada, los costes capitales
pueden llegar a suponer más
del 75% del total del proyecto, ya
que los préstamos se pagan a un
mayor interés que si los pidiera el
gobierno. Y normalmente, el aumento
de costes lo acaba asumiendo
el ciudadano.

El economista Pedro Arrojo, premio
Goldman de Medio Ambiente y
miembro de la Fundación Nueva
Cultura del Agua, recuerda que ya
existen grandes presas privadas, de
Endesa o Iberdrola, que se usan para
la producción de electricidad y,
en menor medida, para abastecimiento
urbano. Pero se muestra escéptico
respecto a otro tipo de obras:
“Ninguna empresa se metería en algo
así sin esperar una rentabilidad y
si los regantes ya son reacios a pagar
el precio real del agua, mucho
menos querrán asumir el que tendría
si fuera gestionada por una empresa
privada”. Arrojo añade que
“en España no estamos acostumbrados
a pagar por el precio del agua.
Por ley, el Estado puede cobrar una
tarifa que permita recuperar el coste
de la inversión en unos 30 o 40 años,
pero en España, por tradición, no se
llega a amortizar una décima parte
del coste”.

Pero la deuda de las administraciones
aumenta y la tentación es
fuerte. Así, en los últimos años son
numerosos los ejemplos de ayuntamientos
y comunidades que han
privatizado la gestión de sus servicios
de agua
. El último ejemplo es
el Canal de Isabel II, la empresa pública
de gestión de aguas de la
Comunidad de Madrid, cuyo proceso
de privatización –mediante la capitalización
del 49% de la empresa–
parece imparable. Así, el Canal acaba
de suscribir un convenio con el
Ayuntamiento de Madrid por el que
éste cede la gestión del servicio y
sus infraestructuras durante 50
años a cambio de un 10% de las futuras
acciones y 189 millones de euros
que se sumarán a los más de
7.000 millones a los que asciende la
deuda de la ciudad.

¿En interés del ciudadano?

Aunque a corto plazo estas operaciones
puedan resultar rentables, desde
la Unidad de Investigación Internacional
de Servicios Públicos de la
Universidad de Greenwich apuntan
que “esto puede entrar en conflicto
con las necesidades financieras del
servicio del agua, ya que el precio que
está dispuesto a pagar una empresa
privada por una concesión depende
del flujo de ganancias que pueda esperar,
las cuales a su vez se verán
afectadas por las tarifas que cobre
a los usuarios y de la generosidad
de las condiciones. Así, lo que es
bueno para la Hacienda Pública
quizá no sea lo mejor para para los
usuarios del servicio del agua”.

Y es que los ejemplos de privatización
en otras ciudades europeas demuestran
que la privatización suele
acarrear pérdidas de calidad en el
servicio, mayores fugas de agua y,
por supuesto, aumento de precios
,
así como disminución del trabajo para
las empresas de mantenimiento
locales, ya que las beneficiarias suelen
ser grandes compañías que ya integran
estos servicios. Quizá por eso,
algunos servicios privatizados han
terminado volviendo a manos públicas,
como ha sucedido en París
tras 25 años de gestión privada.

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