Entre los días 18 y 22 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el Congreso para la Paz, convocado por el Congreso de los Pueblos, una iniciativa cívica y política que convoca a más de 700 procesos organizativos de todo el país. Durante estos cinco días, cerca de 20.000 representantes de organizaciones sociales y personas a título individual provenientes de todos los rincones de la geografía colombiana confluyeron en la Universidad Nacional de Colombia para construir colectivamente mandatos populares para la construcción de paz. Estos mandatos giran entorno a ejes temáticos, alrededor de los cuales se organizaron mesas de discusión sobre economía, tierra y territorio, justicia y ética, derechos de los pueblos, etc. En el Congreso también estuvieron presentes delegados y delegadas internacionales de 16 países.

Cerca de 20.000 representantes de organizaciones sociales y personas a título individual provenientes de todos los rincones de la geografía colombiana confluyeron en la Universidad Nacional de Colombia

En el marco del evento tuvieron lugar conversaciones entre las insurgencias, el Gobierno y el movimiento social. Para este diálogo tanto las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) enviaron sendos comunicados por escrito y  en vídeo. “El pueblo habla, el pueblo manda”, manifestó el comandante del ELN Nicolás Rodríguez, “la paz no es propiedad individual ni de grupo, es un mandato constitucional, es un grito colectivo por buscar caminos distintos a los de la guerra impuestos por el poder”. El ELN no está participando hasta el momento en la mesa de negociación instalada en La Habana. Por su parte, las FARC manifestaron a través de un comunicado enviado al Congreso de los Pueblos que “el contexto actual es el del debate frontal con los ultraderechistas y militaristas enemigos de la paz”.

La apuesta política y cívica del Congreso de los Pueblos surge de la experiencia de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, liderada por el movimiento indígena del Cauca, una de las zonas más azotadas por el conflicto armado. La Minga se proponía construir leyes propias desde las bases y desde las organizaciones (mandatos). Así nació el Congreso de los pueblos.

Iniciativas sociales para la paz

Pero no es la única iniciativa cívica que promueve la participación de la ciudadanía en la construcción de paz. Paralelamente al Congreso de los Pueblos camina la Marcha Patriótica, un movimiento político y social de izquierda fundado en 2012, conformado por multitud de organizaciones sociales. Tienen algunas diferencias de fondo: el Congreso de los Pueblos busca hacer cambios desde las comunidades de base recogiendo la propuesta del “Buen Vivir” de las comunidades indígenas y la Marcha se configura como alternativa política a las fuerzas que tradicionalmente han ostentado el poder, planteándose en algún momento lanzarse como partido. Pese a ello, ambas iniciativas ciudadanas comparten la mayoría de reivindicaciones.

"La construcción de la paz, para nosotros y nosotras, no se reduce al silenciamiento de los fusiles en el conflicto armado"Algunos puntos comunes en sus agendas son la exigencia de una salida negociada al conflicto armado que tenga en cuenta las propuestas de la sociedad civil e incluya a todos los grupos insurgentes, la reparación a las víctimas del conflicto, la reforma agraria y la soberanía popular. Junto a otras redes y organizaciones, como la Coalición del Movimiento Social de Colombia – COMOSOC, Colombianos y Colombianas Por la Paz o Mujeres Por la Paz, conforman la Ruta Social Común para la Paz. Todas estas organizaciones, además de partidos políticos en el Gobierno y en la oposición (con la excepción de algunos sectores de derecha enemigos a ultranza de los diálogos de paz), confluyeron el pasado 9 de Abril en una  gran manifestación por la paz en Bogotá, a la que asistieron cerca de un millón de personas.

“Es apremiante y urgente que la sociedad colombiana participe en la construcción de la paz, que para nosotros y nosotras no se reduce al silenciamiento de los fusiles en el conflicto armado”, manifiestó Alberto Castillo, vocero del Congreso de los Pueblos. La propuesta que se está haciendo desde el movimiento social colombiano está encaminada a construir una paz “transformadora” o “con justicia social”. Con esto se refieren en la necesidad de incidir en las cuestiones estructurales del conflicto, de carácter social, económico y cultural. Por tanto, y según el análisis de las organizaciones de la sociedad civil colombiana, el conflicto armado que ya dura más de 60 años no es la causa de la desigualdad y la crisis humanitaria en que está sumida el país, sino es una de las expresiones de un conflicto integral motivado por causas estructurales. En ese sentido, a lo que el movimiento social colombiano está apostando, además del cese al fuego, es a una transformación integral de las estructuras de poder.

Acto durante el encuentro de movimientos sociales en Bogotá. FOTO: Mar Maiques.

Mientras tanto, en La Habana, los negociadores de paz del Gobierno y las FARC se reencontraron nuevamente el pasado 23 de abril para retomar el octavo ciclo de conversaciones. Los diálogos se están llevando a cabo en medio de un gran hermetismo. Sólo ha trascendido que las partes han llegado a puntos en común en torno a una agenda política, que el movimiento social considera insuficiente en contenido. Además, la Ruta Común para la Paz ha manifestado que es necesario que los demás grupos insurgentes, como el ELN y el EPL, también participen en el proceso de paz.

Ésta es la tercera vez en la historia de Colombia que Gobierno y guerrilla intentan pactar una salida política al conflicto armado. Desde los Diálogos de Paz de El Caguán, entre 1998 y 2002, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, las FARC y el Gobierno no se sentaban en una mesa de negociaciones.
 

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