La Ruta contra'l Racismu y la Represión ha mostrado a través de un comunicado “su repulsa hacia la participación del Gobierno español en esta operación, liderada por el Gobierno italiano y apoyada por la Agencia Europea Frontex, cuya adhesión es voluntaria, y cuyos costes asumirá el Estado”. Para la plataforma estas persecuciones dentro de la UE, estigmatizan a las personas migrantes, asocian inmigración con delito y violan los derechos humanos. Según la Ruta “este tipo de acciones amparan la realización de identificaciones y detenciones en base a los rasgos o el color de la piel, y permiten someter a las personas migrantes a interrogatorios sin ninguna garantía jurídica, excusándose en la recogida de datos personales para perseguir a las personas migrantes que carezcan de documentación”.

Según el colectivo “el Ministerio del Interior continúa emitiendo órdenes para que estas redadas racistas se sigan produciendo, pese a existir una circular emitida por la misma Dirección General de Policía en 2012 en la que se prohíben las redadas indiscriminadas y las identificaciones basadas en criterios étnicos”. En el comunicado la Ruta denuncia que “esta macro redada se conforma como un mecanismo más para llevar a cabo expulsiones de personas migrantes, y no como un dispositivo de persecución de las llamadas mafias".