POPULISMO // PESE A LOS DATOS SOBRE UN DESCENSO DE LOS DELITOS JUVENILES
Gallardón anuncia la sexta reforma de la Ley del Menor

El anuncio de una nueva
reforma de la Ley del
Menor es valorado por
expertos y expertas como
un ejemplo de legislación
“a golpe de titular” sin
base en datos rigurosos.

- Cárceles de menores: el Estado se inhibe

13/03/12 · 8:00
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Desde que entró en vigor en el año
2000, la Ley del Menor se ha reformado
en cinco ocasiones, siempre
a golpe de asunto mediático, y en
un sentido regresivo, cada vez más
endurecedor
”, denuncia José Luis
Ramírez, portavoz de Jueces para
la Democracia. Esta organización
es una de las muchas voces que
cuestionan la propuesta de Gallardón
de endurecer la Ley del Menor,
no sólo, como señala Ramírez, por
el peligro que significa legislar “a
golpe de titular”, sino también porque
los datos no refrendan el supuesto
“incremento de la delincuencia
cometida por menores”
que el ministro de Justicia utilizó
como justificación al anunciar sus
intenciones en el Congreso.

“El interés superior del menor,
piedra angular de la Ley 5/2000 de
Responsabilidad del Menor, se ha
ido olvidando en las sucesivas reformas.
Y la puntilla se da al privatizar
los centros de cumplimiento,
donde ya no sabemos lo que hacen
con los menores porque son
negocios
”, señala Félix Pantoja,
fiscal del Tribunal Supremo y antiguo
fiscal de menores de la
Comunidad Autónoma de Madrid,
que participó en la redacción de
esta ley. El magistrado recuerda
que, aunque fue aprobada con un
amplio consenso, la norma comenzó
su itinerario endurecedor
al año de promulgarse, cuando ya
había sido publicada en el BOE pero
aún no había entrado en vigor.
Entonces fueron ampliados los límites
de las condenas de reclusión,
que pasaron de un máximo
de cinco años a ocho y a diez.

En las cuatro reformas posteriores
se ha suprimido la posibilidad
de aplicar la Ley del Menor a los y
las jóvenes de 18 a 21 años y se ha
abierto la posibilidad de enviarlos a
prisión en vez de a reformatorios;
se ha permitido la personación de la
acusación particular en los juicios,
un actor que no suele tener en cuenta
el interés superior de un menor
del que ha sido víctima; se ha imposibilitado
la salida de un centro cerrado
del menor condenado hasta
haber cumplido la mitad de la medida;
y se ha excluido del sistema de
mediación a los delitos con violencia
o intimidación, lo cual “ha dificultado
y dificulta evitar la judicialización”,
explica Pantoja. Lo resume
así Ramírez: “la finalidad inicial,
fundamentalmente tuitiva [de tutela],
de protección y reeducación, se
ha ido perdiendo en cada reforma
”.

Si ahora han sido las muertes de
Marta del Castillo o Sandra Palo las
que han desatado una tormenta
mediática en relación al tema, en la
reforma de 2005, por ejemplo, fue
el “crimen de la katana” el que caldeaba
el ambiente. Ya entonces,
la propia exposición de motivos de
esa reforma señalaba que no
habían “aumentado significativamente
los delitos de carácter violento”
aunque, añadía, “los realmente
acontecidos han tenido un fuerte
impacto social”. De hecho, ya existían
datos en ese momento que avalaban
un descenso del número en
delitos de homicidio, hurto, robo
con violencia, y contra la libertad
sexual protagonizados por menores,
justamente el tipo de infracciones
graves que la reforma buscaba
castigar aún más. Diferentes expertos
consultados coinciden en apuntar
la responsabilidad de los medios
de comunicación en la percepción
social deformada que en general se
tiene de los delitos juveniles
.

Convenios internacionales

La única propuesta concreta de
Gallardón que ha trascendido es la
posibilidad de que menores y adultos
sean juzgados juntos cuando
estén implicados en delitos graves.
A este respecto, numerosos profesionales
han resaltado las dificultades
técnicas que esto implica, en la
medida en que equipara a menores
y mayores, lo que viola el espíritu
de la Ley del Menor. Además,
expertos como la catedrática de
Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidad Autónoma
de Madrid, Esperanza Ochaíta, recuerdan
que este cambio no respetaría
los tratados internacionales
firmados por el Estado español como,
entre otros, la Convención de
Derechos del Niño de la ONU o las
Reglas de Pekín.

Aunque sólo hay datos disgregados
–y es difícil acceder a informaciones
sobre la evolución de los delitos
juveniles–, y no existe aún un
análisis concienzudo de la eficacia
de la Ley del Menor, el último
estudio del Observatorio de la
Infancia, único informe estatal con
visión comparada, recoge “un descenso
progresivo de los niños detenidos
por las fuerzas y cuerpos de
seguridad entre 2000 y 2006
, tanto
en términos absolutos como relativos”.
Ramírez recuerda, por su parte,
que las estadísticas de la memoria
de la Fiscalía General del
Estado van advirtiendo que no hay
un aumento del número de delitos
cometidos por los menores, y aún
menos de delitos graves. El pasado
verano, jueces de menores de todo
el Estado, reunidos en unas jornadas
organizadas por el Consejo
General del Poder Judicial, instaban
al Gobierno, entonces del
PSOE, a abstraerse de las presiones
mediáticas en las reformas legislativas
sobre menores.

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