A principio del verano los medios de
comunicación se hacían eco de notas
policiales anunciando varias exitosas
operaciones contra el tráfico de
drogas. Sin embargo, pocas informaciones
periodísticas sacaban a colación
las conexiones de varios de los
detenidos con los Grupos Antiterroristas
de Liberación (GAL), el siniestro
episodio de terrorismo de Estado
impulsado por el primer Gobierno
socialista de Felipe González.

A finales de junio, era detenido por
robo y tráfico de drogas el ex guardia
civil José Manuel Velázquez Soriano
en el marco de una operación
desarrollada por la Comisaría General
de Policía Judicial contra una
banda que haciéndose pasar por
policías, robaba droga a narcotraficantes,
la procesaba, adulteraba y
posteriormente la revendía. En la
operación, desarrollada en Madrid,
Pozuelo de Alarcón y Marbella, fueron
detenidas siete personas y se intervinieron
hasta nueve armas de
fuego con el número de serie borrado,
180.000 euros, carnés profesionales
de policías, chalecos, pasamontañas
y equipos transmisores.

Velázquez, conocido como Txema
desde los tiempos de la guerra sucia,
fue testigo protegido en el caso GAL.
Natural de Badajoz y miembro activo
del grupo anti ETA Rojos del instituto
armado, fue el primero en poner
al descubierto, aunque con versiones
alternas y contradictorias, la trama
verde, tocada con tricornio, de los
GAL. En declaraciones a la revista
Interviú y la televisión belga, realizadas
en 1986, situó al frente del terrorismo
de Estado al general Rodríguez
Galindo y a su superior Andrés
Casinello. Obligado a desdecirse, fue
encarcelado por un delito de estafa y
contra el orden público en 1986.

Velázquez, que también había sido
guardaespaldas del presidente
franquista Arias Navarro y escolta
de Blas Piñar, participó en atentados
y algaradas protagonizadas por la ultraderechista
Fuerza Nueva y perteneció
a las denominadas Juventudes
Vikingas. Según sus propias declaraciones,
comenzó a militar en la ultraderecha
española en 1979, mientras
realizaba el servicio militar. Desde
su expulsión de la Guardia Civil,
constaba como titular de varias empresas
dedicadas a realizar informes
y servicios de seguridad, una de ellas
utilizada como tapadera para sus actuales
actividades delictivas.

Ultraderecha y narcotráfico

Enfangado también en el mismo triple
ámbito –GAL, ultraderecha y narcotráfico–,
el pasado 28 de julio era
detenido en el puerto del Fórum de
Barcelona el ex galoso Jorge Porta
Laborda, cuando intentaba introducir
405 litros de cocaína líquida en
una embarcación procedente de
Colombia. Porta Laborda, fundador
del grupo ultraderechista Milicia
Catalana, que atentó en la década de
los ‘80 contra clínicas abortistas, fue
condenado a 26 años de cárcel por el
asesinato, por error, del ciudadano
francés Robert Caplanne, un electricista
confundido con un refugiado
político vasco. Sintomáticamente, el
jefe de aquel comando operativo, conocido
como el “GAL catalán”, era
Ismael Miquel Gutiérrez. Gutiérrez
huyó en 1986 tras un chivatazo policial
que le alertó de su detención y
llegó a Tailandia, donde posteriormente
–otra vez la misma conexión–
cumplió 11 años de cárcel por tráfico
de drogas. A su retorno al Estado español,
fue condenado a 45 años de
cárcel por el asesinato de Caplanne,
abatido con cuatro disparos el 24 de
diciembre de 1985 en la barra del bar
Royal de Biarritz.

La trama del “GAL catalán” –de la
cual varios reportajes periodísticos
han ubicado como máximo responsable
al ex jefe antiterrorista Francisco
Álvarez, alias Gálvarez– reclutó
cinco ultras de ambientes próximos
a la neonazi CEDADE, en un intento,
fracasado, por desviar la atención y
aparentar que la guerra sucía se impulsaba
desde las filas de la extrema
derecha. Al autor material del asesinato,
Javier Rovira Llor, le habían
abonado 800.000 pesetas en un dinero
facilitado, según Gutiérrez, por el
inspector de la policía española Jorge
de Haro, que en 1996, en activo y destinado
en Málaga, fue imputado aunque
posteriormente absuelto.

¿Dónde está Máximo Blanco?

La misma costa catalana es, al menos
desde 1999, testimonio visible
de las sórdidas relaciones entre lucha
antiterrorista y tráfico de droga.
Es conocido que el entonces teniente
coronel Enrique Rodríguez
Galindo, posteriormente ascendido
a general, disfruta de libertad desde
2004 a pesar de la condena a 75 años
por el asesinato de los refugiados
Joxean Lasa y Joxi Zabala. Menos
conocido es el paradero actual del
teniente coronel Máximo Blanco López,
número dos de Intxaurrondo,
condecorado ocho veces por los gobiernos
del PP y ‘dedo acusador’ en
su día de los negocios de contrabando
que dirigía Galindo desde el búnker
antiterrorista.

Blanco, jefe de la lucha antidroga
en Gipuzkoa en los años del ‘agujero
negro’ de Intxaurrondo, fue detenido
en 1999 en el puerto de Sant
Carles de la Rápita (Tarragona)
cuando intentaba introducir 4.200
kilos de hachís. Encarcelado brevemente
en la cárcel militar de Alcalá-
Meco, en 2003 fue condenado por la
Audiencia Provincial de Tarragona a
seis años de cárcel. La última noticia
sobre su paradero data de 2005,
cuando el actual presidente del
Congreso de los Diputados y entonces
ministro de Defensa, José Bono,
firmó su ascenso a coronel informando
que estaba “en servicio activo,
pendiente de destino en Madrid”.
DIAGONAL ha intentado, infructuosamente,
saber si ha sido expulsado
del cuerpo o si, como es norma y no
excepción, se suma a los generosísimos
beneficios penitenciarios de los
que han gozado los pocos condenados
por el terrorismo de Estado que
actuó bajo las siglas del GAL.

Otros agentes de Intxaurrondo,
con Enrique Dorado Villalobos como
paradigma, también utilizaron
el escudo de la lucha anti ETA para
proteger sus tropelías. Dorado, consumidor
habitual de cocaína, implicado
en la muerte de Mikel Zabalza
y condenado por el asesinato de
Lasa y Zabala, ya fue detenido en
1986 por robar en la boutique Traffic
de Irún y estaba implicado en el contrabando
de tabaco. Tras las condenas
por su participación en los GAL,
el Ministerio de Defensa lo expulsó
del cuerpo, pero le concedió una
pensión vitalicia de 1.800 euros, subiéndole
el sueldo un 200%.

A día de hoy, los responsables de
26 asesinatos sólo han cumplido un
10% de las condenas impuestas.