El secuestro permanente de
miles de niños y niñas de
los brazos de sus madres,
presas políticas en las cárceles
franquistas, simboliza la labor
que llevó a cabo la dictadura
por cambiar violentamente la identidad
de todo un país.

Al recuperar la democracia el silencio
en torno a esos secuestros se
rompió en mitad de los años ‘90 con
la emisión de algunos casos relacionados
en el programa de televisión
¿Quién sabe dónde?.

Algunos casos individuales se resolvieron
durante estos años pero
fue el sumario del juez Baltasar
Garzón el que por primera vez ha
llevado a un juzgado, en noviembre
de 2008, ese gravísimo delito.
El magistrado quiso hacer un paralelismo
con el proceso argentino
donde el caso de los niños apropiados
fue la grieta que abrió camino
a la justicia. Además, el secuestro
permanente de esos ciudadanos no
está recogido en la Ley de la Memoria,
el marco jurídico utilizado
por la Fiscalía de la Audiencia para
argumentar que las víctimas de la
dictadura ya tenían justicia.

En el auto de inhibición del 18 de
noviembre de 2008, el juez remitió
a siete juzgados territoriales la causa,
entendiendo que hay indicios
de delito y lleven a cabo investigaciones.
Ha sido a principios de abril
de este año cuando los juzgados
han recibido digitalizada toda la
documentación.

El derecho de alguien a conocer
su verdadero origen no prescribe,
igual que no lo hace el delito de secuestro,
que se comete cada día en
que la víctima está privada de libertad
e identidad. Si la justicia
cumpliera con el derecho humanitario
y las numerosas recomendaciones
de organismos como la
ONU, perseguiría las violaciones
de derechos humanos cometidas
por la dictadura franquista. Si el
Estado español fuera responsable
con la jurisdicción humanitaria
pondría todas las herramientas necesarias
para esclarecer esos hechos.
La omisión de auxilio a esas
familias es gravísima y posiblemente
será resuelta en el Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo,
donde desembocarán las
distintas causas que han intentado
abrirse contra la dictadura.