Al término de seis sesiones, el juicio
contra 11 vecinos musulmanes del
barcelonés barrio de El Raval, acusados
de preparar un supuesto
atentado en el metro de la capital
catalana, ha quedado visto para
sentencia. También ha quedado visto
que los resultados de la Operación
Cantata, que en enero de 2008
tuvo durante días en vilo a Barcelona
ante la amenaza de un gran
atentado islamista, se han ido deshilachando.
La exigencia de los abogados defensores
de que sea investigado y
juzgado el testigo protegido F1 era
previsible. En palabras de Benet
Salellas, abogado defensor junto a
Jacobo Tejeilo, si alguien ha confesado
abiertamente haber participado
desde 2005 en la financiación de
grupos terroristas y pertenecer a la
mismísima red de Al Qaeda “no puede
marcharse así después de haber
hecho una confesión tan grave al tribunal”.
Las defensas reprocharon
así, en sus alegatos finales, el 23 de
noviembre, el estatus con niveles de
protección e impunidad realmente
excepcionales que ha dado la Guardia
Civil a F1, “testigo protegido colaborador”,
sobre cuyas únicas declaraciones
se basa todo el proceso.

Y cuyo testimonio no siempre coincidió
con el de los agentes. Durante
su alegato final, y en puntos clave
de la reconstrucción de los hechos,
el fiscal, Vicente González Mota,
asumió el relato de uno de los agentes
del CNI pese a que esto desacreditaba
lo sostenido por F1.

Denuncias

En días previos, las comparecencias
de expertos policiales habían confirmado
que con el material encontrado
en los numerosos registros era
imposible fabricar un explosivo capaz
de provocar daños: “A lo mejor
si le pones metralla y perdigones y
tienes la mala suerte de que te dé en
un ojo, sí que te mata”, declaró un
miembro de los TEDAX. También
el vídeo en el que un portavoz de los
talibanes pakistaníes reivindicaba
un supuesto atentado en Barcelona,
quedó desacreditado después de
que el periodista Claudio Franco reconociera
que, aunque lo firmó, no
lo filmó ni, en ningún momento, tuvo
contacto con el entrevistado.
Pese a todo, el fiscal Vicente González
Mota no se arredró y durante
su última intervención decidió aumentar
las penas en ocho años para
todos los acusados, al añadir el delito
de “conspiración”. Aunque la vista
oral no ha aportado ningún dato
nuevo respecto a su escrito de acusación
inicial, González, que se ha
caracterizado por una torpe falta de
preparación, ha decidido esta huída
hacía delante porque los acusados
“habían comunicado la idea de un
atentado y puesto en marcha una
acción para buscar explosivos”. Por
su parte, los acusados se han declarado
todos inocentes.

Un hecho significativo es que, a lo
largo del juicio, aunque los medios
de ámbito estatal se han mantenido
fieles a la línea oficial, la mayoría de
medios de comunicación catalanes
se han vuelto sensiblemente más
cautos. Con buena parte de la sociedad
civil catalana pendiente del desenlace,
la sentencia a los 11 del
Raval será importante para la continuidad
o no de las dinámicas de justicia
preventiva (más información:
rastrosdedixan.wordpress.com).