El 26 de abril, el Consejo Europeo de
Asuntos Generales aprobó el documento
8570/10, una decisión que pasó
desapercibida para la opinión pública
hasta finales de junio. Según
ese texto, la UE observará “procesos
de radicalización” a través de la vigilancia
de ‘agentes’ que contribuyen
a la radicalización de otras personas
y que mantienen “actitudes radicales”.
Éstas son definidas como
posturas de “extrema izquierda o derecha,
nacionalistas, religiosas o de
antiglobalización”. Para cumplir con
este objetivo de forma sistemática, el
documento incluye un catálogo de
70 preguntas sobre estas personas,
desde “comentarios orales” que reflejan
su actitud, pasando por convicciones
religiosas, su situación
socioeconómica o la personalidad y
tratamientos psicológicos a vigilar.
También se investigarán relaciones
entre estas personas. Como ejemplos,
el texto nombra “compañeros
escolares, amigos, conocidos [y]
compañeros de celda”.

En marzo de este año ya había sido
acordado el documento 7984/10,
que propone “almacenar datos sobre
la radicalización violenta”. Este
documento clasificado fue publicado
por la ONG Statewatch y, semejante
al 8570/10, propone la vigilancia de
radicales “violentos”, a pesar de que
el mismo texto no mantiene la separación
entre activismo “violento” y
“no violento” que sugiere el título.
Ambos documentos tienen un estado
legal opaco, ya que su carácter
es sólo orientativo. No son directivas
que los Estados miembros de la
UE tengan que poner en práctica
obligatoriamente. Como meras propuestas,
tampoco están sometidos
al debate y a la aprobación del
Parlamento Europeo.

“Legalizar una ilegalidad”

Según Julen Arzuaga, coordinador
del observatorio vasco de derechos
humanos Behatokia, la reciente
adopción de los documentos 8510/10
y 7984/10 significa “legalizar una situación
de ilegalidad”, ya que tales
registros existen. Arzuaga recuerda
que la información contenida en los
ficheros está protegida por la Ley
Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) por tratarse de datos personales.
El artículo 7.4 de la LOPD prohíbe
“los ficheros creados con la
finalidad exclusiva de almacenar datos
de carácter personal que revelen
la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial o étnico,
o vida sexual”. No obstante la legislación,
en el Estado Español ya
existen ficheros, lo mismo sucede en
Francia, Alemania y el Reino Unido.

Mientras las leyes de protección
de datos europeas se oponen a este
desarrollo, la retención masiva de
datos personales y su control por las
fuerzas de seguridad es formulada
como objetivo explícito en numerosos
documentos europeos de la pasada
década. La presidencia portuguesa
de la UE ya predijo en 2007
un “futuro cercano”, en el cual “cada
objeto que el individuo usa, cada
transacción que lleva a cabo y casi
cualquier sitio a donde vaya dejará
un registro digital detallado”. Estos
datos ponen “al descubierto esquemas
y comportamientos sociales,
que los profesionales de la seguridad
pública pueden usar para prevenir
o investigar incidentes”.

El mismo documento portugués
nombraba explícitamente potenciales
fuentes de estos datos: videovigilancia,
chips RFID, redes sociales en
internet y la vigilancia de transferencias
bancarias. Otros documentos
de la UE proponen el control de
las vías de transporte mediante la
creación de un registro europeo de
pasajeros de avión, similar al estadounidense,
y una vigilancia extendida
de las fronteras europeas, para
afrontar las dos principales amenazas
que tiene la UE, según el documento
5/2007/DE “ataques terroristas
y flujos migratorios”. Varias medidas
para cumplir con este objetivo
ya han sido puestas en práctica, como
las directivas europeas que obligan
a la retención de datos de telecomunicaciones
y la introducción
de pasaportes con datos biométricos,
para estandarizar y facilitar la
identificación de personas.

La UE mantiene distintos programas
para investigar el procesamiento
y asociación automatizada de
grandes cantidades de datos procedentes
de distintas fuentes. Entre
éstos destaca el programa INDECT,
que se centra en el desarrollo de medios
tecnológicos para relacionar
distintas tecnologías de vigilancia.
El sistema debe reconocer “comportamiento
anormal”, sobre todo en
“entornos urbanos” y en internet,
para facilitar así la vigilancia automática
de estos espacios.

El modelo estadounidense

“La reorganización radical de las
fuerzas de seguridad que ha sucedido
en Estados Unidos está teniendo
lugar lentamente en Europa”, constata
Ben Hayes de Statewatch. En
EE UU, las competencias policiales
han sido ampliadas por una serie de
reformas posteriores al 11-S, sobre
todo mediante el Patriot Act.
Esta ley facilita la investigación
preventiva al recortar los requisitos
para la interceptación de telecomunicaciones
y permitir detenciones
preventivas ilimitadas
de extranjeros, con la justificación
de la amenaza terrorista.

La situación en EE UU explicita
las consecuencias de esta política.
Allí ha sido instalada la base
de datos antiterrorista Terrorist
Watch List que, según denuncia
la ONG American Civil Liberties
Union (ACLU), disponía de un
millón de entradas sobre más
de 400.000 personas en noviembre
de 2009. El FBI informó de
que durante este año se han
añadido unas 1.600 entradas
diarias a la lista. Un segmento
de esta base de datos es la No
Fly List, compuesta por nombres
de presuntos terroristas a
los que no se les permite el viaje
en avión a, o desde, EE UU.

Debido al creciente número
de personas fichadas, también
se ha elevado la cifra de falsos
positivos, personas que tienen
el mismo nombre de otras personas
que ya están fichadas. El
falso positivo más famoso fue
el del senador Edward Kennedy,
cuyo nombre coincide con
un tal T. Kennedy que aparecía
en esa lista. La ACLU denuncia
que en varios casos figuraban
activistas políticos no violentos
en la lista.

Terrorist Watch List
El informe Periodismo, derechos
civiles y la guerra contra el
terrorismo, editado por la Federación
Internacional de Periodistas
(FIP) en 2005 resumía que
la lógica en la que se basaban estos
ficheros considera “necesario
recopilar información sobre
gente inocente para confirmar
su inocencia. Así, la presunción
de inocencia, que constituye la
base del sistema legal común, se
convierte en víctima de la guerra
contra el terror”.

Según la FIP, la aplicación de
semejantes conceptos a escala
internacional “llevará al mutuo
reconocimiento de decisiones
arbitrarias (negación de visados,
negación del pase de fronteras,
inclusión de alguien en listas de
vigilancia o una base de datos...),
despojando a personas de sus
derechos sin proporcionar oportunidad
de recurso legal alguno”.
Así se “socavan estándares
democráticos, ya que son introducidos
mediante procesos encubiertos
que […] se encuentran
fuera de la esfera del control
parlamentario”.

FICHEROS ILEGALES Y PERFILES GENÉTICOS A ESCALA NACIONAL

Estado español

Aunque las autoridades
españolas nieguen
su existencia,
existen ficheros de
activistas en el
Estado español.
Según denuncia Julen
Arzuaga, de Behatokia,
están fichadas unas 17.000
personas relacionadas con la
izquierda abertzale. La naturaleza
de los datos, que han
sido utilizados como pruebas
en juicios, indica que provienen
de distintas fuentes,
desde antecedentes penales
hasta firmas para apoyar la
candidatura de partidos
o datos sobre
el activismo de
personas que sólo
pueden haberse
obtenido mediante
técnicas de inteligencia.
En 2004, un grupo
de activistas catalanes denunció
que la Brigada Provincial
de Información de la Policía
Nacional los mantenía en un
fichero ilegal. Durante un interrogatorio
la policía había
enseñado a otros activistas
las fotos que habían entregado
al solicitar su DNI.

Reino Unido

La policía británica
dispone de la mayor
base de datos
genética mundial.
Los perfiles proceden
de análisis
genéticos rutinarios
tras una detención, a
pesar de que los sospechosos
probaran su inocencia. En la
base, está registrado un 7%
de la población y el 30% de
la población británica negra.
El diario The Guardian informa
de que la policía también
mantiene un fichero de activistas
políticos, que incluye
ultraderechistas,
“extremistas
medioambientales”,
islamistas y
republicanos irlandeses.
El mismo
diario publicó una
spotter card aparecida
en septiembre de 2009 en
una manifestación. La tarjeta
reúne fotografías de activistas
que los agentes policiales
deben vigilar durante manifestaciones.
No obstante, en la
tarjeta mencionada figuran
activistas pacíficos como el
comediante Mark Thomas.

Alemania

mana
dispone de
un fichero antiterrorista
que incluye
información sobre
unas 13.000 personas
sospechosas de
estar relacionadas con el
terrorismo. Aparte de esta
base de datos mantiene otros
80 ficheros que reúnen información
sobre distintas categorías
de personas conflictivas.
Existen listas de
hooligans, activistas de
izquierda y derecha radical e
islamistas, y de personas condenadas
por crímenes
específicos. Para
ser fichado basta
con la apertura de
una investigación
policial o el control
de documentación en
las proximidades de una
manifestación o un evento
deportivo. Los ficheros han
sido declarados ilegales en
varias ocasiones por distintos
juzgados, porque no se amparaban
en la Ley. En junio de
2010, una orden del ministro
de Interior Thomas de Mazière
les otorgó esta base legal.

INTERCEPTACIÓN
DE LLAMADAS

El espionaje telefónico ha desatado
continuas polémicas en el
Estado español y en el resto de
países de la Unión Europea, ya
que habitualmente las operadoras
telefónicas y de internet no
han mostrado reticencias a que
sus registros sean controlados. Y
más ahora que con un simple
programa informático se pueden
interceptar las comunicaciones. El
sello judicial no es siempre necesario
como se demostró en otoño
de 2009 en el Estado español.
Entonces se descubrió el Sistema
Integrado de Interceptación de
Telecomunicaciones, más conocido
como SITEL, gracias a los ataques
mediáticos que PSOE y PP
acostumbran a mantener.