“Sonría, le están grabando”, es el lema de las pegatinas que desde hace unos meses se pueden encontrar en los rincones del barrio de Lavapiés, en Madrid. En ellas se avisa de la inminente instalación de 48 cámaras de videovigilancia en la zona y juegan con el título de la célebre novela de Aldous Huxley para dar la bienvenida a “un barrio feliz”. Las reacciones que despierta la obsesión por la seguridad del Ayuntamiento de Madrid para este castizo barrio pasan por el pasotismo absoluto de aquellos que no lo consideran más que una zona de copas, la perplejidad de algún turista curioso y la resignación o la rabia de un vecindario para el que no es más que otro capítulo de la toma del barrio por la policía.

Según la legislación vigente, sólo las fuerzas de seguridad (FSE) tienen potestad para instalar este tipo de cámaras en la vía pública. Para ello necesitan antes un informe favorable de la comisión de seis miembros que, a tal efecto, debe formar el Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nadie se sorprenderá al saber que este informe fue favorable y que los primeros carteles anunciando la instalación de la nueva medida securitaria adornan ya Lavapiés junto a nuevos agujeros en el pavimento para acomodarla. Según la Agencia de Protección de Datos, está en manos de los beneficiarios (o afectados, según se mire) recurrir esta decisión, pudiéndose negociar el número de cámaras si se consideraran excesivas, su ubicación concreta y la posibilidad de sustituirlas por otras medidas. También hay que tener en cuenta la existencia en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de 1999 de vericuetos legales que eximen del control de los datos registrados en ellas. Estos datos deberían estar en una base bajo control de la agencia, pero existen formas de conseguir que las cámaras estén en funcionamiento sin este requisito.

No es la primera vez que se recurre a la masiva presencia policial y a la instalación de videocámaras en determinadas zonas de la capital para provocar cambios en el paisaje con los que fomentar la entrada de capitales especulativos. El uso de estas medidas en barrios como Maravillas (también conocido como Malasaña) o el triángulo de Ballesta los han vuelto irreconocibles para vecinos y transeúntes habituales.

Cuidado al bajar a por el pan

Los efectos más palpables de esta obsesión por la seguridad los sufren, en primer lugar, los colectivos con menos capacidad de defensa contra ella, como es la población inmigrante, que supone un alto porcentaje del vecindario de Lavapiés. Las redadas masivas de supuestos ‘ilegales’ han trufado el distrito Centro en el último año. Escogidos al azar por las calles dentro de un único patrón reconocible: el color de la piel de los afectados. “Quieren hacer un barrio céntrico orientado al turismo, convertirlo en un mundo feliz donde no pase nada, un barrio donde todo sea controlable, cómo y cuándo ellos quieran, y este proceso lo está frenando la gente que ha venido de fuera y que ya está instalada en el barrio”, comenta Anouk, de la Asociación de Sin Papeles de Madrid (ASPM) a DIAGONAL.

Otro vecino del barrio, de origen senegalés y también integrante de la ASPM entra en detalles: “Son controles muy bestias. Uno baja a por el pan y no puede volver a su casa porque está la policía en la plaza y sabe que le van a pedir la documentación si se acerca. Yo me tiré tres días en comisaría por bajar a por zumo y por pan para comer”.

La vida cotidiana de un importante número de vecinos del barrio está gobernada por la posibilidad de nunca volver a su casa tras algo tan sencillo como bajar a por el pan, la leche o llamar por teléfono. “Yo entiendo que la policía vaya detrás de la gente que esté haciendo algo malo, pero es que si pillan a uno de esos y tiene papeles, les da igual. Se ceban en los que no los tienen aunque no hayan hecho nada”, apunta otro vecino nacido en Camerún.

Redadas: siguen los cupos

Unas actitudes que vienen refrendadas por el secretario general de Madrid de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, en un comunicado publicado el pasado día 3 de septiembre: “Sigue habiendo algún jefe de zona de los Grupos de Atención al Ciudadano que obliga, coacciona y amenaza a los policías para que detengan a inmigrantes sin papeles. Prácticamente se les obliga a que, por pareja y turno, detengan a un extranjero”. En el comunicado de este sindicato policial se apunta que a causa de estas directrices se descuida la persecución de verdaderos delitos, como la tenencia ilegal de armas de fuego.

El 7 de octubre de 2008 los habitantes de Lavapiés se hartaron de ver cómo algunos de sus vecinos eran identificados y humillados sistemáticamente y protestaron de forma espontánea, tratando de impedir el traslado de los detenidos. La protesta se saldó con un detenido y una mayor discreción por parte de la policía en la organización de las razias.

Pero el migrante no es el único colectivo empujado al ojo del huracán que devasta, poco a poco, la idiosincrasia de Lavapiés. El propietario de un bar de la zona también se sorprende por la masiva presencia policial en el barrio: “Yo era de los que, hace un par de años, pensaba que más policía iba a traer más seguridad. Fuimos muy ingenuos. Están centrados en la represión; se dedican a molestar a inmigrantes trabajadores en vez de ir detrás de los delincuentes”. Al parecer, el número de efectivos policiales no ha tenido más que un efecto cosmético en los supuestos problemas de inseguridad de la zona. “No son eficaces. Puede parecer que ha desaparecido cierto tipo de delitos pero realmente está todo igual. No es más que un lavado de imagen del Ayuntamiento para contentar a sus votantes. Éste es el tipo de falsa seguridad que suele ofrecer la derecha”, añade.

Determinadas actitudes llevan a pensar que cierto tipo de negocios ‘sobra’ en la idea de Lavapiés que se quiere imponer desde arriba: “Existe presión por parte de la policía hacia comercios pequeños o familiares que estamos, en algunos casos, pagando unos alquileres brutales. Se supone que sólo tienen obligación de hacer una inspección al año, pero en algunos locales han llegado a entrar cuatro veces en un mismo mes. Las sanciones son constantes y por naderías; el afán recaudatorio es más que evidente”.

Los cambios en la composición del comercio en la zona escapan a la lógica para este veterano hostelero: “No entiendo cómo se mantienen negocios que soportan alquileres altísimos y están siempre vacíos. Aquí se está moviendo mucho dinero negro y el Ayuntamiento debe de ser su colaborador necesario porque si no ¿cómo se entiende la proliferación de restaurantes en los últimos años en un barrio en que no se dan más licencias porque el Ayuntamiento dice que está saturado de negocios de hostelería?”.

Control político y social

El sindicato CNT, con sede en la plaza de Tirso de Molina, ha comenzado una campaña contra la videovigilancia comunicando al vecindario la localización exacta de los 48 artefactos que controlarán todos y cada uno de sus movimientos. En un comunicado repartido entre el vecindario consideran la iniciativa como una herramienta de control político y social que quieren presentar como solución al fantasma de la pequeña delincuencia invocada desde diferentes poderes y magnificada por los medios afines. Más vecinos han comenzado ya a coordinarse para tratar de hacer frente al enésimo ataque contra una forma de entender la vida en la ciudad que parece amenazada de muerte. En Lavapiés, 48 ‘Grandes Hermanos’ vigilarán a la ciudadanía. Otra de las pegatinas nos desea lo mejor para el año que está a punto de comenzar: “Feliz 1984”.

La Alameda de Sevilla: de un litro por 20 duros a cañas a dos euros

MARTA G. FRANCO REDACCIÓN SEVILLA

Si hay un barrio en Sevilla que explique qué es gentrificación, es el caso de manual de San Luis-Alameda. La Alameda de Hércules es el mayor espacio abierto del casco histórico y separa el área más comercial de la zona norte, tradicionalmente obrera, llena de pequeñas fábricas, artesanos y flamencos. El Ayuntamiento ya aludía a la “ocupación de edificios por parte de clases marginales” para pedir fondos a la Unión Europea en 1994. Esta inyección económica dio inicio a una serie de intervenciones que la han convertido en lo que es ahora: un espacio de ocio y viviendas a precios que pocos pueden permitirse (los alquileres se han cuadruplicado en diez años de desalojos numerosos e implacables). La evolución del paseo de la Alameda da cuenta de los desatinos administrativos, con proyectos fallidos (por ejemplo, un gran agujero espera la llegada del metro desde 1977 y al aparcamiento subterráneo anunciado en 1998) y planes que han fluctuado tanto como los cargos en Urbanismo. El por ahora definitivo, ejecutado entre 2005 y 2008, la peatonaliza para “recuperarla para los ciudadanos”, pero se han perdido árboles, bancos en favor de veladores y el emblemático mercadillo de los domingos. El solar que servía de cine de verano es desde hace tres años una comisaría de la Policía Nacional. Desde ella y desde cámaras de establecimientos privados se ve la aplicación especialmente estricta de la Ley Antibotellón y la Ordenanza Cívica por parte de amplios despliegues de la Policía Local, como denuncia activamente la asamblea La Calle es de Todxs (ver DIAGONAL nº 103 o nº 89). Esta plataforma es sólo una de las numerosas alianzas de disconformes que han pivotado entre la negociación con el Ayuntamiento y la guerrilla urbana: vecinos- ardillas viviendo en árboles para evitar su tala, peatones airados haciendo paellas sobre el capó de un coche, contrapropaganda, comandos impacientes liberando bancos almacenados, mesas camilla en la calle... Muchas las recoge El Gran Pollo de la Alameda en su web (elgranpollodelaalameda- .net). El epicentro de los movimientos sociales se ha desplazado a la calle San Luis (donde está el Centro Vecinal Pumarejo y “resiste” la memoria de las ‘okupas’ desalojadas Casas Viejas y Fábrica de Sombreros). Mientras, en la propia Alameda los bares que sirven rúcula en platos cuadrados ya son mayoría frente a los de tapas asequibles, pero aún pervive la identidad de un barrio distinto a la Sevilla barroca y cofrade que se vende como producto turístico.