“Es el final de un camino que se inició en 2003 con la ilegalización de Batasuna, ahora el Tribunal de Estrasburgo le da validez, ya no quedan más instituciones a las que poder
recurrir”, afirma Paul Ríos de Lokarri, una red ciudadana por el acuerdo, la consulta y la reconciliación.

El 30 de junio el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo anunciaba la ratificación
de las ilegalizaciones de Herri
Batasuna (HB) y Batasuna y de las
agrupaciones electorales creadas
para las elecciones municipales y
forales de 2003 y los comicios al
Parlamento Europeo de 2004.

Estos recursos se basaban en la
vulneración, entre otros, del artículo
11 de la Convención Europea de
los Derechos Humanos, por el que
“toda persona tiene derecho a la libertad
de reunión pacífica y a la
libertad de asociación”.

“Como ha sucedido en otras épocas,
en una situación de crisis como
la actual, la seguridad se impone frente
a las libertades democráticas.
Ganan las políticas autoritarias”,
afirma el escritor y periodista
Juan Ibarrondo al valorar la preponderancia
para el Tribunal de la
seguridad frente a la libertad de
asociación. El Tribunal de Estrasburgo,
según explicaba en su decisión,
“no tiene la tarea de sustituir a
los tribunales competentes, sino
comprobar en términos del artículo
11 las decisiones que han hecho bajo
su autoridad de evaluación”. Lo
que, en sí mismo, supone la ratificación
de la Ley de Partidos.

“Suspender derechos sin unas
garantías muy estrictas, siempre genera
muchas dudas”, explica Julen
Arzuaga, abogado y miembro del
observatorio vasco de Derechos
Humanos Behatokia. Arzuaga cree
que la decisión es muy interpretativa
porque se basa en términos vagos
y ambiguos. Mientras, los servicios
jurídicos de la izquierda abertzale
estudian recurrir la sentencia.

Las esperanzas se encuentran, para
Didier Rouget, uno de los encargados
de este recurso, en que la decisión
recaería en la Gran Sala. Con 15
magistrados, en vez de los siete de la
sala ordinaria que tomó la última decisión,
se espera que la influencia del
Gobierno español sobre esta Sala sea
menor. El abogado abertzale recalcaba
en Gara, tras conocer la sentencia,
que el representante del Estado
español se negó a que este caso fuera
analizado por la Gran Sala.

¿Nueva estrategia política?

“Tengo muy clara la respuesta, no
será callarnos. Me siento como al final
del franquismo. Debemos actuar
de la forma más inteligente, utilizar
las vías pacíficas, aunque se mantenga
la eliminación de derechos humanos”,
relata Imanol Álvarez, del
colectivo LGTBQ Ehgam. Y realiza
un llamamiento a la unión de las
fuerzas de izquierdas y abertzales,
que también apoya Juan Ibarrondo:
“Con o sin sentencia de Estrasburgo
necesitamos la creación de un polo
de izquierda soberanista, aunque somos
conscientes de la dificultad que
esto implica”. Una tarea que el periodista
cree que puede empezar a
extenderse en el próximo otoño.

Un día después de conocer la decisión
de Estrasburgo, Arnaldo Otegi,
líder de la ilegalizada Batasuna, reafirmaba
la estrategia que la formación
ha seguido en los últimos meses
y su búsqueda de “salidas al conflicto
en términos pacíficos y democráticos”.
Tras esta decisión “siguen ante
los mismos retos: cómo hacer política
y cómo hacerlo de una forma creíble,
sin el condicionamiento de
ETA”, recalca Ríos, de Lokarri. Para
el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta,
“la sentencia es conservadora y
restrictiva para la democracia”, y
“abre las puertas” a otras resoluciones
“retrógradas que puedan venir”.

La desaparición desde hace
más de dos meses del ex preso de
ETA Jon Anza trae “el recuerdo
maldito de la guerra sucia, la vuelta
a las andadas de los Gobiernos
del PSOE. El panorama requiere
de una reflexión para revertir esta
situación”, apostilla Arzuaga. “La
única solución al llamado conflicto
vasco es la vía de la negociación
política, aunque estas decisiones
parecen descartarla”, concluye
Ibarrondo.

Una forma de “cercenar la libertad de expresión”

La mano dura contra los
actos de solidaridad con
los presos “no deja de ser
una simple pose del
Gobierno de cara a la
sociedad española y al PP.
Visto desde aquí no lo es
tanto. Esperemos no llegue
la sangre al río”, denuncia
el escritor y periodista Juan
Ibarrondo ante las situaciones
que se pueden vivir en
las fiestas populares que
se celebran en verano. En
los Sanfermines la zona
donde se concentra la
izquierda abertzale estará
bajo videovigilancia y en el
Aste Nagusia de Bilbo una
hermana de un preso ha
sido descartada para ser la
txupinera por este motivo.

“Es una política errónea.
Reivindicar la defensa de
los Derechos Humanos
para cualquier persona no
significa que se apoye sus
acciones. En realidad, cercena
la libertad de expresión”,
explica Ríos, de
Lokarri. “Que hayan sido
los responsables de Interior,
Ares y Rubalcaba, los
primeros en valorar la
decisión en vez de los de
Justicia recalca el miedo a
la política de más mano
dura. Especialmente peligroso
en un momento en
que en cada pueblo se
abrirán espacios de
denuncia política en las
fiestas populares”, denuncia
Arzuaga.