AUNQUE ES INCONSTITUCIONAL MÁS DE 345 PERSONAS CUMPLEN DE FACTO ESTA CONDENA
En el Estado español ya existe cadena perpetua

345 personas (sin contar con las condenadas
por delitos de terrorismo) cumplen penas superiores
a 30 años de prisión sin posibilidad de revisión.
Estas condenas pueden alcanzar incluso
los 40 años, una situación que no se da en ningún
país de nuestro entorno europeo. Así, de
hecho, en las cárceles se aplica la cadena perpetua
aunque la legislación española no la recoja.

07/06/10 · 10:28
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Aunque, en sentido estricto, por cadena
perpetua se entiende “aquella
pena que dura toda la vida del condenado”,
en la práctica se suele aplicar
a aquéllas de más de 20 años en
prisión. En el Estado español, tras
una reforma del Gobierno de Aznar
en 2003, el límite máximo de cumplimiento
de las penas llega hasta los
40 años, incluidos los casos sin que
se haya cometido un delito de sangre.
Esa elevación del tope punitivo,
sumada a otros obstáculos aprobados
anteriormente para impedir el
acceso a los permisos penitenciarios,
al tercer grado o a la libertad condicional
a ciertos colectivos de presos,
supuso un cambio fundamental, sin
parangón en el entorno europeo, en
el contenido de la pena de prisión.
Por si fuera poco, y a modo de corolario,
debe añadirse la llamada “doctrina
Parot”
que, desde 2006, amplia el cálculo
del tiempo de reclusión.

Numerosos estudios médicos y
psicológicos han comprobado empíricamente
que una privación de libertad
prolongada y continuada produce
graves perturbaciones de la
personalidad y dinamita cualquier
principio de reinserción o resocialización
del individuo. Por eso, en
Alemania, por ejemplo, en 1977 su
Tribunal Constitucional no sólo declaró
inconstitucional la pena de
prisión perpetua sin posibilidad de
liberación –por ser contraria a la dignidad
humana–, sino que declaraba
también la incompatibilidad de 30 o
40 años de reclusión.

El fin de las penas es, teóricamente,
el de “castigar a la persona que
comete el delito pero también el de
resocializar”, según explica la abogada
penalista Julia Clavero, que
añade que la cadena perpetua no
cumpliría con el objetivo de reeducación
que rige nuestro derecho penal.
Por eso, distintos juristas, defensores
de derechos humanos, además
de los propios presos, han denunciado
en numerosas ocasiones que las
penas de larga duración aplicadas
en las cárceles españolas no sólo son
inaceptables desde un punto de vista
humanitario, sino que atentan contra
el valor constitucional de la dignidad
humana y vulneran el artículo
25.2 de la Constitución. Éste impone
la orientación reinsertadora de las
penas de prisión. “La preparación
para la vida en libertad a lo largo del
cumplimiento de la condena constituye
un mínimo innegociable”, según
la sentencia 112/96 del Tribunal
Constitucional.
Pero la realidad en las cárceles españolas
es bien distinta. Aproximadamente
345 personas (sin contar
con las condenadas por delitos de
terrorismo), según datos de Instituciones
Penitenciarias, cumplen condenas
superiores a los 30 años.

Desde la Plataforma Otro Derecho
Penal es Posible, el jurista, criminólogo
y sacerdote José Luis Segovia
Bernabé explica que en España, con
una de las legislaciones y prácticas
más duras de nuestro entorno, ya
existe de hecho una cadena perpetua
sin posibilidad alguna de revisión.
En un reciente manifiesto, esta
plataforma lo explica así: “Las condenas
tienen unos límites máximos
–triple de la pena mayor, 20, 25, 30 o
40 años– según el artículo 76 del Código
Penal. Pero se incurre en un
error, en el que caen incluso profesionales
del Derecho por el desconocimiento
de que, para establecer
esos límites máximos de condena,
es necesario que los delitos debieran
haberse podido enjuiciar en un
único proceso. En términos más
comprensibles, si una persona delinque
después de que ya haya sido
sentenciada por otro delito, las penas
se suman y no se limitan temporalmente.
De esta forma, debe cumplir
todas las penas, aunque supere
los límites anteriormente reseñados.
Hay personas que, por delinquir en
momentos sucesivos y ser juzgados
por procedimientos no acumulables,
son castigadas por vía de hecho a
penas de prisión perpetua”.

En un caso poco usual en las cárceles,
hace un año, 13 presos en el
módulo cuatro –de primer grado, es
decir de máxima dureza– de Valdemoro
(Madrid) denunciaban la situación
de Antonio Porto Martín, al
que un juzgado acababa de notificar
que sus diferentes condenas sumaban
52 años. En una carta, los presos
denunciaban su situación, “en prisión
desde 1983, son 26 años encerrado,
y ahora le dan la definitiva de
sus condenas para 2032. Como podéis
comprobar; le están condenando
a muerte ya que es imposible que
una persona pueda vivir tal exceso
de años dentro de estos muros. Lo
que están haciendo es inhumano”.

Perpetua atenuada

Las legislaciones penales de otros
países de la UE que contemplan en
sus códigos la prisión perpetua no
permiten que se produzcan situaciones
como éstas. Aplican formas
atenuadas de cadena perpetua que
incluyen una revisión de la pena
cada cierto tiempo y que permiten,
bajo ciertas circunstancias, acceder
a la libertad condicional. Así
en Inglaterra, el tiempo medio de
cumplimiento para condenados a
perpetua es de 15 años. El Tribunal
Penal Internacional permite,
en casos de prisión perpetua, que
se conceda la libertad condicional
tras 25 años. Aquí, asegura Segovia
Bernabé “quisimos dejar en el
olvido la cadena perpetua y la estamos
recuperando sin los límites
más frecuentes”.

El porqué se llega a estas condenas
vitalicias no revisables es un despropósito
políticamente aceptado.
Desde instituciones como el Defensor
del Pueblo se hace hincapié en la
inconstitucionalidad de la perpetua
pero, sin embargo, y según la oficina
del Defensor, “no se tienen quejas al
respecto”. El actual ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, aseguraba
hace unos meses que el Código
Penal actual es uno de los “más rigurosos
de nuestro entorno con penas
de cumplimiento íntegro de hasta 40
años, lo que técnicamente es una pena
equiparable a una cadena perpetua,
cuando en otros países se llama
perpetua a una condena de 15 años”.

Numerosos especialistas coinciden,
también, en la paradoja de
pretender educar para la libertad a
presos condenados casi de por vida
y en que sistemáticamente son eliminados
del discurso mediático
que copan los políticos ante la eficacia
electoral del Derecho Penal y
su eco mediático. Según Segovia
Bernabé, “el sistema penal, si no se
acompaña de un sistema social más
justo, es un mero agente de violencia
tarifada. La eficacia está más en
función de la celeridad en la respuesta
de la justicia, que de la
contundencia, más de su efectiva
intervención en tiempo y forma que
en la desimetría penal”.


LA UE, SIN PENAS DE POR VIDA

En la UE no existe la condena de
por vida. Aunque en Francia, Holanda
o Alemania la prisión perpetua
está recogida, de hecho se
trata de una pena revisable que
no alcanza los 30 años de reclusión.

En Francia se establece una
revisión tras 18 años (22 en casos
de reincidencia) y ello no
impide la semi libertad previa. El
tiempo medio de cumplimiento
es de 23 años.

En Alemania la
perpetua tiene reglas de liberación
anticipada. La media de
cumplimiento es de 19,9 años.

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