EXPLOTACIÓN. El ámbito doméstico es
un campo abierto para la explotación. / Foto: Edu León.

"Nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre”,
reza la Declaración
Universal de Derechos
Humanos. Sin embargo, millones
de personas en todo el mundo
trabajan en condiciones de esclavitud
a día de hoy. Según la
Organización Internacional del Trabajo,
más de dos millones de personas
en el mundo son víctimas de trata:
el 43% con fines de explotación
sexual, el 32% de explotación laboral
y el 25% en ambas categorías.

La trata es una grave violación
de derechos humanos que en muchos
casos tiene nombre de mujer.
La Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Crimen establece
que el 79% de las víctimas de
trata son mujeres y niñas. La discriminación
que sufren las mujeres
por el mero hecho de serlo influye
igualmente en la trata con fines de
explotación laboral. Por ejemplo,
en el ámbito doméstico, donde las
mujeres inmigrantes en situación
irregular son particularmente vulnerables
a los maltratos físicos y
sexuales, a la privación de alimentos
y del sueño, y a la crueldad de
sus empleadores, según el Comité
contra la Discriminación de la
Mujer de Naciones Unidas.

El viejo continente no se libra
de esta lacra, que supone una de
las agresiones más intolerables
contra la dignidad de las personas.
En Europa, y a través de ella,
se trafica con mujeres, hombres,
niñas y niños para su explotación
laboral. Trabajan en talleres clandestinos,
plantaciones, industrias,
en el servicio doméstico o en la
prostitución. Sufren secuestros,
agresiones sexuales, palizas, o
represalias contra sus familiares
como métodos para garantizar su
silencio y sumisión. Son víctimas
de violaciones del derecho a la
integridad física y mental; a la libertad
y la seguridad; a no sufrir
tortura ni otros tratos inhumanos
o degradantes; a la libertad de circulación;
o al acceso a la salud.

Trato como "delincuentes"

Sin embargo, el acceso de las víctimas
a la justicia, para que reciban
resarcimiento, indemnización, restitución
y rehabilitación por los
abusos que han sufrido, es poco común
en Europa. Las consecuencias
psicológicas, médicas y sociales de
la terrible experiencia que han sufrido
rara vez se abordan, y en vez de
tratarlas como víctimas de crímenes
atroces, cuando llaman la atención
de las autoridades es habitual tratar
a estas personas como delincuentes
o como “irregulares”.

Los Estados que son parte en el
Convenio del Consejo de Europa sobre
la Lucha contra la Trata de Seres
Humanos, entre ellos el Estado español,
se han comprometido a aplicar
un enfoque distinto. Han accedido
a tomar individual y colectivamente
medidas para penalizar la trata,
así como a dar una serie de pasos
mínimos que son necesarios para
respetar y proteger los derechos de
las personas objeto de trata.

No hay datos fiables

A pesar de esto y de ser uno de los
principales países de tránsito y destino
de la trata en Europa, el Estado
español incumple sus obligaciones
internacionales. Miles de personas
extranjeras son captadas y
traídas al estado español con el fin
de someterlas a explotación sexual
o laboral, pero nuestro país sigue
sin recabar estadísticas ni datos fiables
sobre esta grave violación de
derechos humanos. Es más, aunque
se ha creado un plan para la lucha
contra la trata con fines de explotación
sexual sigue predominando un
enfoque de control migratorio o de
persecución del crimen organizado
más que uno centrado en la protección
y reparación de las víctimas de
trata. Este enfoque de seguridad
que dirige las políticas públicas puede
influir negativamente en la identificación
y posterior protección de
las víctimas de explotación laboral,
que, según su estatus migratorio,
pueden ser expulsadas del país,
siendo consideradas como inmigrantes
en situación irregular y no
como víctimas de graves abusos.

Además, el Estado español, lamentablemente,
no ha firmado la Convención
Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y sus
Familias de 1990, que es el instrumento
que recoge, de forma más exhaustiva,
medidas que garantizan el
disfrute de los derechos a todas las
personas migrantes trabajadoras, independientemente
de su situación
administrativa. Ahora que ocupa la
Presidencia de la Unión Europea, debería
dar ejemplo mediante una política
interna respetuosa con los derechos
de las víctimas de trata, además
de impulsar en toda Europa medidas
efectivas para luchar contra estas
nuevas formas de esclavitud.

La mercancía más codiciada hace
siglos, los seres humanos, se ha convertido
en pleno siglo XXI en el tercer
negocio ilícito más lucrativo del
mundo, tras el tráfico de drogas y el
tráfico de armas, bajo la mirada pasiva
de nuestros gobernantes.

* Itziar Ruiz-Giménez es presidenta
de Amnistía Internacional España.