Twitter se presenta como imprescindible para la comunicación
política, pero su modelo empresarial siembra dudas.
- Pintada en El Cairo. / Foto: Houssam el Hamalawy.
Periódicos dominicales con almohadilla en la portada, candidatos que
colocan una arroba delante de su
nombre en período electoral y asambleas en las que se planea cómo llegar a trending topic. Toda campaña
de difusión parece girar alrededor de
Twitter, el software para redes sociales que da forma a gran parte de la
comunicación política más reciente.
Básicamente, Twitter es una herramienta de microblogging: permite crear blogs en los que cada entrada, llamada tweet o tuit, está limitada a
140 caracteres (con servicios adicionales para adjuntar foto y vídeo).
Cada usuario puede seguir los tuits
de otros, que aparecerán en su timeline (línea temporal), y hacer retuit
(RT) para replicarlos con un solo clic
y que salgan en el timeline de quien
le siga. Ahí está la base del éxito: la
viralidad de mensajes cortos y fáciles
de leer incluso desde móviles que, si
son interesantes o ingeniosos, se
multiplican velozmente. Para ordenar las conversaciones se usan hashtags, identificados con almohadilla (#), y para dirigirse a un usuario se
escribe su nombre con una arroba (@). Las palabras más usadas son
tendencia, trending topics (TT), y marcan el debate y la agenda mediática, pues suelen reflejarse en medios de comunicación generalistas.
Las ’tuitrevoluciones’: El posicionamiento de marca
En 2005, una empresa llamada Odeo buscaba abrirse paso en la
burbuja de la web social con una plataforma para podcasts (radio en
línea) que quedó obsoleta con el éxito de la tienda de música de
Apple. La jugada fue simplificarla
para que sólo transmitiera mensajes de texto. Así nació, en octubre
de 2006, una web que se iniciaba
con la pregunta “¿qué estás haciendo?”. Sus programadores no habían
previsto su potencial, pero poco a
poco se convirtió en una herramienta para contar historias y la cambiaron por “¿qué está pasando?”.
Actualmente hay 460 millones de
perfiles (un tercio en EE UU, en
España ocho millones), aunque sólo el 27% están activos. Se escriben
340 millones de tuits al día.
En abril de 2009 sucedió la primera “revolución de Twitter”: @natmorar convocó desde su cuenta una protesta contra el fraude electoral en
Moldavia y se presentaron 20.000
personas. Ese mismo año, Twitter
fue interpretado por los medios occidentales como epicentro de la “revolución verde” contra los islamistas en
Irán. El doble filo de la herramienta
se comprobó cuando Nokia y
Siemens suministraron al régimen
iraní tecnología para espiar y filtrar
las comunicaciones. Lo mismo pasó
durante la primavera árabe: aunque
se criticó mucho a quienes otorgaban un papel central a las redes sociales para explicar las revueltas –sobre todo porque se trata de países en
los que el uso de internet no es mayoritario –, los gobiernos cortaron el
acceso a Twitter en los momentos álgidos. Naguib Sawiris, un millonario
inversor en telecomunicaciones que
apoyó las protestas en la plaza
Tahrir, llegó a decir que el 90% del
éxito de la revuelta egipcia se debía a
Twitter. Mientras, varios activistas
denunciaron que la policía perseguía
a quienes tuiteaban desde allí.
También surgen dudas sobre el alcance del clickactivismo: ¿es hacer
RT adherirse a una lucha social? Malcolm Gladwell, en su ensayo "La
revolución no será tuiteada", explica
que las redes sociales favorecen los
lazos débiles, muy útiles para que circule información pero poco para articular la acción. “Uno no sale a tirar
cócteles molotov por el tuit del amigo de uno que conoce por internet”,
resume @delia2d en su blog.
Bajo sospecha de control: Censura y conspiranoia
Detrás de este debate subyace otro:
si son los activistas o los gobiernos
quienes le sacan más partido, como
dispositivo de control y diseminación de propaganda oficialista. Reporteros Sin Fronteras denuncia que
gobiernos como los de Siria, Corea
del Norte, Uzbekistán e Irán monitorizan a disidentes; la legislación de
EE UU asegura a su Departamento
de Justicia el acceso a las bases de
datos. Cuando pidió información de
usuarios vinculados a Wikileaks, la
compañía alzó un recurso pero lo
perdió y tuvo que facilitarla. El dictamen judicial lo dejaba claro: “transmitieron voluntariamente sus datos
a Twitter, renunciando a cualquier
expectativa razonable de privacidad”. También se requirió información de quienes tuiteaban desde
Occupy Wall Street y Occupy Boston. En el Estado español, ABC publicaba el verano pasado que la Policía
investigaba “a quienes realizan convocatorias para tomar las plazas, especialmente a través de Twitter”.
Desde abril de 2010, la Biblioteca del
Congreso de EE UU archiva todos
los tuits. Se puede evitar con el servicio noloc.org, pero no hay manera
de que Twitter no almacene los datos de registro (IP, páginas visitadas,
compañía de móvil, aplicaciones y
dispositivos utilizados, términos de
búsqueda, etc.). Aunque se comprometen a eliminarlos cada 18 meses,
la campaña #NoLogs de la organización Privacy International anima a
los usuarios a ejercer el derecho a
rectificar datos personales para saber exactamente qué guardan.
La sospecha de censura planea cada vez que desaparece de la lista de
TT un tema político. En la mayoría
de los casos, la alarma salta porque
se desconoce cómo se calcula: “El algoritmo de tendencias identifica los
temas que se popularizan en ese momento, en lugar de escoger los que
han sido populares durante un tiempo”, explica Twitter. Se premia la rapidez con la que se propagan por cuentas diversas y se corrigió para
evitar que copen las listas los fans de
las dos personas más seguidas, @LadyGaga y @JustinBieber. El secreto con el que se mantiene no ayuda a acallar rumores. @dickc, uno de
los directores ejecutivos de la compañía, reconoció que se borran “los temas que son obscenos y claramente
ofensivos”, sin explicitar criterios.
El 28 de enero, Twitter anunció que había dispuesto las condiciones
técnicas para borrar tuits filtrando por países. Antes, si se borraba un
tuit por orden judicial, desaparecía en todo el mundo, no sólo en el ámbito de su jurisdicción. La #censuratwitter llegó a TT y surgió la protesta #TwitterBlackout. “Boicotear a una empresa porque admite que cumple
la ley es absurdo”, decía @GuerraEterna. Pero Amnistía Internacional
advirtió que se abría una línea peligrosa que podría significar políticas
de servicio diseñadas por encargo de
gobiernos. Por su parte, Twitter hace
gala de transparencia y publica en
chillingeffects.org/twitter las demandas de borrado que recibe en EE UU. Las 47.000
que se recogen hasta ahora están relacionadas con derechos de autoría.
El negocio de la ’fast-info’: Quiénes financian el ruido
“Quizá nos sentiríamos más cómodos si tuvieran un modelo de negocio claro”, escribía @CharlesArthur en The Guardian. Los ingresos de Twitter se basan en “contenido promovido”, hay empresas que pagan
porque sus tuits aparezcan destacados y sus etiquetas en la lista de TT,
pero no son suficientes para mantener la compañía a flote. También han llegado
a acuerdos económicos con Google y Microsoft
para aparecer en sus buscadores. En
los términos de servicio, Twitter se
reserva el derecho a “compartir información personal del usuario con
terceras partes”, a “divulgar datos
agregados” e incluso a “vender o
transferir la información del usuario”
en caso de estar involucrada en una
fusión o reestructuración.
La estructura empresarial de
Twitter no estará clara hasta que no
salga a bolsa (se prevé que para
2013), pero se sabe que ha recibido
amplia financiación de capital de
riesgo. Las última inversión fue en diciembre, por parte de Walid bin Talal,
sobrino del rey de Arabia Saudí que
también participa en Apple, eBay y
Motorola y en medios de comunicación (prepara una alternativa a Al
Jazeera y tiene acciones en la News
Corp de Rupert Murdoch). Fueron
300 millones de dólares, el 3,75% de
Twitter. Según JP Morgan, el valor
total ha pasado en un año de 3.250 a
6.300 millones de euros, aunque cualquier cálculo en un negocio tan volátil como la web social es puramente especulativo. La mayor inversión fueron los 800
millones de dólares aportados hace
un año por Digital Sky Technologies
(DST). Su presidente es Yuri Milner,
exitoso empresario ligado a la oligarquía rusa, cuyo principal socio capitalista es Alisher Usmanov, a quien
sus buenas relaciones con Vladimir
Putin le permitieron enriquecerse al
frente de la empresa pública de gas
Gazprom. Para sus generosas inversiones en internet –no sólo en
Twitter, también en Facebook y
Spotify–, DST cuenta con capital del
banco Goldman Sachs.
Los millones vuelan mientras
Twitter presume de tener usuarios
fieles, pero su viralidad y sus mensajes de caducidad rápida también son
objeto de críticas. Los novelistas de
@Wu_Ming_Foundt dejaban de tuitear hace unas semanas quejándose
de que “acelera la tendencia a la entropía” y “amplifica a los sectores
más reaccionarios”. “Si lo que importa es la hipervelocidad en la respuesta, es inevitable sacar lo peor”.
Cuando esta redactora de
@El_Diagonal preguntó por lo peor de Twitter, el usuario @adiazsimon nombró
“una dialéctica de consumo que fuerza una asimilación de ideas vertiginosa, que puede alienar o aturullar
bastante”. @GinaRodante contestó
que “lo hemos convertido en escenario de micromonólogos y autobombo” y @eltransito aconsejó “no tomárnoslo tan en serio, lo malo de
Twitter es cuando sólo es Twitter”.
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