Cinco marroquíes muertos, según el
Gobierno alauita, y 19 saharauis, según
cifras oficiales de la República
Árabe Saharaui Democrática, además
de 159 personas desaparecidas
y 723 heridas es el resultado que dejaba
el desalojo del campamento
Agdaym Izik a las afueras de la ciudad
de El Aaiún por parte de las fuerzas
armadas marroquíes. Terminar
de concretar estas cifras llevará días,
ya que los enfrentemientos entre las
fuerzas armadas volvían después de
los entierros que se producían la mañana
del 9 de noviembre en la capital
del Sáhara Occidental.

El ejército marroquí toma El Aaiún. / Thawra.

La ciudad saharaui fue tomada
después del desalojo por militares,
policías y colonos armados marroquíes.
De esta forma, es muy difícil
para la población saharaui saber de
forma certera el paradero de sus
allegados, como narra a DIAGONAL
desde El Aaiún Silvia García, integrante
del grupo de defensa de los derechos
humanos Thawra.

Desde mediados de octubre, a las
afueras de El Aaiún, ocupado por
Marruecos, se había organizado un
campamento para protestar por el
fin de la discriminación contra los
saharauis, la igualdad de oportunidades,
el acceso a un trabajo y a
una vivienda dignos, la libertad de
expresión y el respeto a los derechos
humanos. Por primera vez, unas 20.000 personas
realizaban una protesta continua
de más de 20 días, desde que
España abandonara el territorio, y
por primera vez, el derecho a la autodeterminación
de la población saharaui
no primaba sobre el resto de
reclamaciones. “Lo que Rabat no
entendió entonces [tras la primera
intifada de 2005] –y sigue sin entender–
es que ya no se enfrenta a
un grupo político surgido del desengaño
de las promesas incumplidas
por parte de la antigua potencia colonial,
sino a unos jóvenes nacidos
ya bajo la Administración marroquí
que reivindican lo que debería ser
normal”, explicaba Antoni Segura,
catedrático de Historia Contemporánea
de la Universitat de Barcelona,
y colaborador habitual de
Bakeaz, en El Periódico el 9 de noviembre.
“Esta es una nueva forma de resistencia
y de reivindicación de los
derechos de los recursos que
Marruecos roba en el Sáhara. La población
autóctona sabe que les están
quitando los beneficios de su tierra”,
explicaba a este periódico
Pepe Taboada, presidente de la
Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara
(CEAS).

La huelga de hambre de Aminatou
Haidar en el aeropuerto de
Lanzarote a finales de 2009 empezó
la visibilización de la pelea por
los derechos de la población saharaui
en los territorios ocupados.
“Gracias también a la ayuda de las
nuevas tecnologías, porque las reivindicaciones
y protestas saharuis
siempre han existido. Al igual que
la represión marroquí”, puntualiza
Taboada. Mientras, en el desierto
argelino unas 150.000 personas viven
refugiadas en cinco campamentos
desde que Marruecos tomara
militarmente la antigua colonia
española. El Estado español no
ha concluido el proceso de descolonización
al que estaba obligado al
abandonar el territorio, por lo que
todavía es la potencia administradora
del territorio.

De la Marcha Verde se cumplían
en estos primeros días de noviembre
35 años. Y aunque no se puede comparar,
de nuevo la monarquía alauita
“ha dado a la intervención militar
una cobertura civil, para encubrir sus
acciones”, explicaba a DIAGONAL
Bucharaya Beyún, el delegado del
Frente Polisario en el Estado español.

“Han armado a la población civil,
incluso con una especie de catanas
para que sean los colonos quienes
agredan a la población saharaui.
Tanto policías como civiles están entrando
en viviendas y saqueando las
tiendas de saharauis en El Aaiún”,
narraba durante la tarde del 8 de noviembre
a DIAGONAL por teléfono
un saharaui que prefería no reconocer
su identidad por miedo al espionaje
telefónico. Momentos después
las autoridades marroquíes imponían
un toque de queda que vaciaba
las calles de la ciudad saharaui, pero
que no evitaba los saqueos por parte
de la policía y de los colonos.

Pendientes de Nueva York

Con la llegada de la noche a El Aaiún,
empezaron las conversaciones informales
que para ese mismo día estaban
previstas en Nueva York entre
Marruecos, el Frente Polisario y la
ONU, con la presencia de representantes
de Mauritania y Argelia como
invitados. “No esperamos nada de
las conversaciones; Marruecos con
el desalojo del campamento ha pretendido
reventar las negociaciones y
acusarnos a nosotros, si no nos sentábamos,
de ser responsables de
romper éstas”, analiza para DIAGONAL
Bucharaya Beyún. Esta intervención
violenta intentaba impedir
la discusión de la agenda de trabajo
que tiene trazada la comunidad internacional
y que tiene como principal
cita el 23 de noviembre, según
denuncian los independentistas. Ese día estaba previsto desde hace
semanas que Christopher Ross,
representante de la ONU para el
Sáhara Occidental se reuniera
con el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas para informar
de los avances en la zona.

Desde sectores afines al Polisario,
se esperaba un movimiento
positivo como resultado de los
dos últimos viajes a la zona de
Ross y de las actuales conversaciones
informales. Es decir, algo
que desbloqueara la postura marroquí,
sustentada especialmente
por Francia, de no ofrecer nada
más allá de la autonomía a la
población saharaui. Mientras,
igual que en 1991, el Frente
Polisario exige un referendo
donde la anexión del Sáhara a
Marruecos, o el estatuto de autonomía
dentro del reino alauita o
la independecía pudieran aparecer
en igualdad de condiciones
en las papeletas de una consulta
que se acordó junto al alto el fuego.
Una exigencia respaldada
por la legalidad internacional y
varias resoluciones de Naciones
Unidas.

“Los saharauis no queremos
retomar la lucha armada, pero si
es la única salida que tenemos,
no nos queda otra opción que recoger
el guante”, denunciaba el
delegado del Polisario en Madrid
a este periódico. Eso sí, Bucharaya
recordaba que la vuelta a
las armas estaría dentro de la legalidad
internacional, como forma
de defensa ante la ocupación
por parte de una potencia extranjera,
aunque reconoce que
hay muchas más formas pacíficas
de resistencia, como ha demostrado
la población saharaui.

— -
RESPONSABILIDAD
ESPAÑOLA

En las calles de las grandes ciudades
del Estado español activistas
pro saharauis denunciaron
después del desalojo el ataque
militar a la población saharaui y
la inactividad del Gobierno de
Zapatero. “Con las declaraciones
de la nueva ministra de Exteriores,
Trinidad Jiménez, el Gobierno
español ha pasado de una
ambigüedad total a mirar a otro
lado”, comentaba Taboada
sobre las declaraciones de Jiménez
sobre la necesidad “urgente”
de que marroquíes y saharauis
encuentren una solución. “Mirar
a otro lado y esperar que pase el
tiempo para que los saharauis se
agoten y pierdan la fuerza ha
sido siempre la apuesta del
Gobierno español y del francés,
antiguas potencias colonizadoras
en la zona”, denuncia Taboada a
este periódico.

Miradas hacia otro lado

EDI ESCOBAR

“Marruecos quiere
provocar una guerra
civil entre colonos y
saharuis”, denunciaba
Aminatou Haidar
tras el desalojo del
campamento desde Portugal.
Días antes ya había advertido
que se iba a producir un
baño de sangre por la continua
llegada de efectivos militares
marroquíes. Haidar entonces ya
pedía al Gobierno español que
“por razones históricas, utilice
su influencia para conseguir la
solución de esta crisis”. Sus
declaraciones
se producían
tras el encuentro de
Trinidad Jiménez
con su homólogo
marroquí Fassi-Fihri,
que acusó a la prensa
española de manipular la
realidad del Sáhara y alegó
razones de seguridad para
impedir la entrada de siete
periodistas españoles en El
Aaiún. Unas justificaciones que
Jiménez dijo respetar. Días después
más periodistas y diputados
españoles no podían llegar
hasta El Aaiún.

“Los 7” siguen sin juicio

Un tribunal de Casablanca
juzgó el 5 de
noviembre a los
siete activistas que
el año pasado fueron
detenidos por
Marruecos cuando
regresaban de los campamentos
de refugiados en Argelia.
Entonces, fueron acusados
de atentar contra la integridad
territorial y seguridad de
Marruecos, y se les sometió a
la jurisdicción militar, aunque
posteriormente se cambió por
la civil. Durante días, estuvieron
desaparecidos y todavía tres de
ellos permanecen en
una cárcel de Rabat.
No es la primera
vez que la vista se
aplaza, ahora hasta
mediados de
diciembre. A mediados
de octubre, Inés
Miranda, abogada saharaui,
narraba que “el Tribunal salió
corriendo de la sala”, cuando
empezaron los incidentes en la
sala. En la última vista, los
enfrentamientos se repitieron.
Esta vez las imágenes sí llegaron
ya que dos periodistas
españoles resultaron heridos.

Responsabilidades

RUBÉN DÍAZ / TIFARITI

Ante la imposibilidad
de informar de la
muerte de Nayem
Elgarhide desde el
campamento, acciones
como la manifestación
y lectura de la carta a
Ban Ki Moon, secretario general
de la ONU, en Tifariti, en los
territorios liberados del Sáhara,
cobraron un protagonismo inesperado.
En esa misiva los participantes
en el IV ARTifariti expresaban
su “preocupación por la
situación de la población saharaui
en los territorios del Sáhara
Occidental ocupados
por el Reino de
Marruecos, donde
las violaciones de
los Derechos Humanos
de los saharauis
son constantes,
mediante la práctica de
detenciones ilegales, torturas,
juicios sumarios y negación de
todos los derechos reconocidos
por la legislación internacional”.
Así hacían a la ONU “responsable”
de esta dramática situación
al negarse reiteradamente a vigilar
los derechos humanos en
territorios ocupados.