Ilustración: Luis Demano

Lo primero que llama la
atención cuando se leen las
propuestas electorales tributarias
del PP y del PSOE
es la escasa extensión que se dedica
a esta cuestión tan importante en el
conjunto de los respectivos programas:
tres páginas de 214 (PP) y cuatro
de 149 (PSOE). Igualmente, ambos
documentos coinciden en incluir
alusiones a grandes principios
como la “lucha contra el fraude y los
paraísos fiscales”, sin especificar
medidas concretas.

Y no debe olvidarse
que, en este campo, los grupos
parlamentarios de estos partidos
han tenido alguna actuación criticable,
como el voto en contra de
hacer público el listado de las 659
“grandes fortunas” titulares de
cuentas bancarias en Suiza sin declarar,
a las cuales se les había permitido,
además, regularizar su situación
con un recargo, sin sanción
y sin imputación de delito fiscal.

Las propuestas del PP

En lo que respecta a las propuestas
específicas del PP, resulta curioso
que, salvo la intención de situar el
devengo del IVA en el momento del
cobro de la factura y de reformar el
sistema de módulos, las demás promesas
son diametralmente contrarias
a las propuestas presentadas
recientemente por los técnicos del
Ministerio de Hacienda en su XI
Congreso Nacional.

Mientras que
éstos exigen el aumento del tipo de
gravamen a las rentas del ahorro del
21 al 24%, el PP propone establecer
más ventajas fiscales a esta fuente
de ingresos que disfruta de un tipo
proporcional, en lugar del progresivo
que se le aplica a las rentas del
trabajo. Del mismo modo, mientras
que los técnicos de Hacienda proponen
elevar el tipo de gravamen
del 30% al 35% para las grandes empresas
con facturación superior a
45 millones de euros y beneficios
por encima del millón de euros, el
PP pretende rebajarlo al 25% y aumentar,
además, el amplísimo régimen
de libertad de amortización
existente.

Por otro lado, se incluyen
promesas relativas al incremento
de los beneficios fiscales a los planes
de pensiones, obviando que en
el año 2010 –cuando se alertaba de
la supuesta falta de recursos para
las futuras pensiones–, dichos beneficios
supusieron una merma de
más de 2.000 millones de euros a las
arcas públicas. También se propone
generalizar uno de los mecanismos
que coadyuvaron a la creación de la
burbuja inmobiliaria: la deducción
por adquisición de vivienda habitual.

Finalmente, se alude a una
rebaja en los tributos que gravan
la adquisición de este tipo de viviendas,
como el IVA o el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales
onerosas, aunque en este último la
reducción resultaría ineficaz, al
tratarse de una competencia normativa
cedida a las comunidades
autónomas.

Las propuestas del PSOE

Las medidas contenidas en el programa
del PSOE, por el contrario,
parecen incidir más en la justicia tributaria,
mediante el aumento de la
progresividad y de los impuestos directos.
Concretamente se promete
la redistribución de los beneficios
de las deducciones del impuesto sobre
sociedades de las grandes a las
pequeñas empresas; la creación de
un impuesto a las instituciones financieras
y a las grandes fortunas,
además de la reforma de la fiscalidad
de las SICAV, utilizadas por los
más ricos para canalizar sus inversiones.

No obstante, tales propuestas
difícilmente pueden disociarse
del candidato que las presenta y del
hecho de haber pertenecido a un
Gobierno que ha adoptado algunas
decisiones de signo contrario a las
que ahora se propugnan. Baste citar
la bajada del impuesto sobre sociedades
a las grandes empresas, a través
de la reducción de tipos de gravamen,
el incremento de las deducciones
o el aumento del régimen de
libertad de amortización; la ampliación
de la calificación de PYME a
empresas con 10 millones de euros
de volumen de negocio; la aprobación
de un régimen fiscal especial
para las sociedades anónimas cotizadas
de inversión en el mercado
inmobiliario (SOCIMI); el mantenimiento
del régimen privilegiado de
las SICAV y la bajada del IRPF para
las rentas del capital percibidas de
sus sociedades por los banqueros,
ejecutivos y familiares.

Por último,
el programa socialista propone incrementar
los impuestos ecológicos
y los que gravan el consumo de alcohol
y tabaco con el pretexto, en
este último caso, de garantizar la financiación
de la sanidad. No obstante,
debe recordarse que la recaudación
de los impuestos no es finalista,
sino que se destina a sufragar
todos los gastos públicos –incluyendo
los militares–, y que estos tributos
ya se han subido dos veces en
los últimos dos años.
Llegados a este punto, parece
que los hechos y las promesas analizadas
están muy lejos de la alternativa
presentada por los Técnicos
del Ministerio de Hacienda para
reducir el déficit hasta el entorno
del 1% del PIB, sin realizar recortes,
con un aumento de 53.900 millones
de euros en los ingresos tributarios
anuales.