Los trabajadores de la mina exigen la permanencia de la minería española. Los grupos ecologistas califican esta postura de insostenible y exigen un cambio energético.
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COMO EN LOS BUENOS TIEMPOS. Corte de carretera en la Magdalena, en defensa
del cobro de sus nóminas y para forzar que se cumpla el Plan de la Minería.(Foto: Jesús F. Salvadores)
El 21 de septiembre, unos 200 mineros
leoneses emprendieron la segunda
Marcha Negra hacia la capital de
provincia, exigiendo el pago de nóminas
atrasadas a sus empresas y la
protección del sector minero al Gobierno.
La marcha, que durará nueve
días, recorrerá los 170 kilómetros
entre las comarcas mineras de El
Bierzo y Laciana hasta León, adonde
llegará el 29 de septiembre. En caso
de no conseguir sus reivindicaciones,
ya han anunciado que prolongarán
la marcha hasta llegar a Madrid.
La primera Marcha Negra fue una
marcha de protesta pacífica de los
mineros leoneses desde Laciana hasta
Madrid, que se realizó en 1992.
Protestaban contra medidas de reestructuración
y la destrucción de empleos.
18 años después, los mineros
luchan sobre todo por dos causas.
Por un lado, exigen el pago de las nóminas
de julio y agosto a dos empresas
mineras, pertenecientes al Grupo
Viloria y al mayor empresario minero
de España, Victorino Alonso. Estas
empresas emplean un total de
2.500 personas. A pesar de haber recibido
un total de 367 millones de euros
en subvenciones desde junio de
2009, los mineros llevan dos meses
sin cobrar. Mientras éstos y el Gobierno
exigen el pago de las nóminas
pendientes, el gerente del Grupo
Viloria, Manuel Lamelas, afirma haber
usado las subvenciones para cubrir
gastos corrientes y que “nadie
les dijo que el dinero era sólo para
los trabajadores”.
La protesta también se dirige contra
la política de la UE, que prevé eliminar
las subvenciones al carbón
hasta 2014, hecho que llevará al cierre
de la mayor parte de las minas
europeas. Por eso, los mineros exigen
la firma de un Real Decreto por
la Comisión Europea, que, de aprobarse,
permitiría la subvención del
carbón más allá de 2014.
No obstante, Ecologistas en
Acción califica las subvenciones como
desperdicio de dinero “para mantener
una actividad obsoleta” y pide
al Gobierno que “tome las medidas
necesarias para eliminar el carbón
de la producción eléctrica”. Según
esta organización, en vez del carbón,
el Ejecutivo debería fomentar la producción
de las energías renovables
en las comarcas afectadas. Ecologistas
en Acción acusa a la patronal de
chantaje, ya que dejan sin cobrar a
los mineros para exigir la firma del
Real Decreto, que le permitiría seguir
financiándose mediante subvenciones.
Los ecologistas ponen de
ejemplo la ocupación del edificio de
la empresa por parte de la plantilla
de la planta inglesa de Ford Visteon,
en Enfield: entre sus demandas figuraba
el empleo en la ‘industria verde’,
la producción de centrales eólicas
o la de paneles solares.
CC OO y FIA-UGT, por su parte,
siguen exigiendo la firma del Real
Decreto, por lo que han convocado
huelgas en las dos empresas afectadas
y huelga general en la minería
para el 22, 23, 29 y 30 de septiembre.
En acciones más espontáneas,
han cortado calles y vías de ferrocarril
en varias ocasiones, algunos se
han declarado en huelga de hambre
y otros se han encerrado en las
minas. A la huelga
general también se sumaron mineros
asturianos.
Minas de Teruel:
Los sindicatos mineros de las
cuencas de Teruel y Mequinenza
han secundado la huelga
general del sector del 22 y 23
de septiembre. Cientos de
mineros permanecen aún encerrados
en la mina de Ariño.
Asturias:
Se calcula que más de 5.000
personas trabajan en las minas
asturianas, bien en el sector privado
o en la empresa pública
Hulleras del Norte. El día 23
varias marchas de mineros confluyeron
en Oviedo.
Andalucía:
Los mineros de Andalucía se
han sumado a los cuatro
paros previstos. Los 250 trabajadores
de la mina a cielo
abierto de Encasur, en Puertollano,
también han parado su
actividad.
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