Las listas de los principales partidos para copar el Congreso a partir del 20 de noviembre están salpicadas de personas implicadas en casos de corrupción.
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El PSOE pierde a su izquierda
Prevaricación, tramas urbanísticas,
delitos fiscales... A poco más de una
semana para las elecciones, los principales
partidos prometen firmemente
la lucha contra la corrupción
mientras ofrecen un menú para las
generales cargado de corruptelas.
Son varios los imputados que se
cuentan en las listas de PSOE y PP,
pero aún más los casos que no han
llegado a los tribunales.
Partido Socialista
Pesos pesados en las listas
Las listas andaluzas del PSOE son
las más cargadas de problemas con
la justicia, comenzando por Manuel
Cháves. El expresidente de la Junta
andaluza ha sido acusado en varias
ocasiones de beneficiar a su
familia desde su cargo como presidente
autonómico, pero siempre
ha salido impune. Ahora también
está involucrado en el caso ERE, al
haber gestionado un expediente de
regulación de empleo de la empresa
malagueña Novo Comlick que costó
más de 35millones de euros.
También candidato al Congreso,
Francisco Bella fue tachado en un
informe policial de 2007 como una
de las autoridades municipales que
hizo posible la trama del caso
Malaya, aunque por ahora no ha sido
incluido en la causa.
Viera (PSOE) es
investigado por conceder
ayudas del “fondo de
reptiles” a ayuntamientos
y empresas afines
En las listas sevillanas destacan
José Antonio Viera y Antonio Gavira.
Viera está siendo investigado desde
el mes pasado por conceder ayudas
del “fondo de reptiles” a ayuntamientos
afines y empresas sevillanas ante
las elecciones de 2004. Por su parte,
Gavira está imputado por prevaricación
por firmar contratos municipales
irregulares de los que resultaron
beneficiados militantes socialistas y
familiares de cargos públicos.
Mientras, en Castilla-La Mancha,
chirría el nombre de Pedro Antonio
Ruiz Santos, expresidente de la
Diputación de Albacete. Ruiz Santos,
también alcalde de Villarrobledo, fue
procesado junto a los concejales de
su grupo por la aprobación de un
Acuerdo Marco que fijaba retribuciones
superiores a los límites fijados
por los Presupuestos Generales del
Estado. Vicenta Tortosa, alcaldesa
de Villena, también está siendo investigada
desde junio por irregularidades
en la licencia de un vertedero.
- 15 DE OCTUBRE DE 2011. Mariano Rajoy conversa con Marta Domínguez, deportista y candidata del PP, investigada por delitos fiscales. PPCYL
Partido Popular
Tramas de ayer y de hoy
Si en el PSOE abundan candidatos
con problemas con la justicia, en el
caso del Partido Popular las cuentas
se multiplican y la Comunidad
Valenciana se presenta como la principal
cantera. Desde Castellón, con
la hija de Carlos Fabra y Vicente
Aparici, imputado en abril de prevaricación;
hasta Alicante, con
Federico Trillo, con el caso Yak-42
ya a sus espaldas, y Gerardo Camps,
implicado en el caso Brugal a partir
de unas escuchas de la Policía, aunque
la causa fue archivada en mayo.
En la lista valenciana destaca
Esteban González Pons, mencionado
en una conversación intervenida
a Francisco Correa sobre un negocio
urbanístico en La Nucia. “Hay un tema
medioambiental que lo desbloqueo
yo con el hijo puta de Esteban
González Pons”, decía concretamente
el caballero. Sin embargo, por
ahora se ha quedado fuera del caso
sobre la trama Gürtel. Entre los candidatos
populares valencianos al Congreso también destacan Rubén
Moreno Palanques, relacionado con
el caso Fabra; el ex presidente de
Nuevas Generaciones, Nacho
Uriarte, condenado por conducir con
varias copas de más; y Pedro
Agramunt, que se salvó del caso
Naseiro por los pelos en los ‘90.
Y de grandes casos de corrupción
sigue el tema con Francisco Utrera,
número tres al Senado por Cuenca.
Utrera ha sido relacionado con el caso Gürtel
a partir de un informe de la
Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal hecho público a
finales de 2010 en el que constaba
que hizo de mediador para la concesión
de créditos de los Fondos de
Ayuda al Desarrollo a varios proyectos
de la empresa de Ros Rica, llevándose
su pertinente comisión. El
caso Gürtel también les pilla cerca a
los madrileños Pío García-Escudero,
en cuanto a la financiación ilegal del
partido en la capital a través de
Fundescam, y a Ana Mato, implicada
en la trama por los ya típicos problemas
de vestidor, aunque el juez
decidió archivar el caso porque ya
habría prescrito el delito de cohecho.
En el caso del PP los
casos se multiplican
y la Comunidad Valencia
se presenta como
la principal cantera
En las listas de Castilla y León figuran
varios imputados, como
Carmen Aragón y Juan Carlos
Aparicio, acusados de prevaricación
por presuntos delitos urbanísticos;
Gema Conde, imputada por
abrir una urna electoral; y la atleta
Marta Domínguez, a la que, ya descartada
como imputada en la
Operación Galgo, le queda pendiente
otra causa por delitos fiscales al
haber transferido parte de su capital
a Andorra y Suiza. Otro caso de
la región digno de citar es el de
Gonzalo Robles Orozco, número 1
al Congreso por Salamanca y exdelegado
de Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, institución
en la que, bajo su mandato, se dieron
irregularidades que fueron desde
la contratación anómala de un
asesor de comunicación a la desaparición
de bienes y dinero requisados
a narcotraficantes.
Los candidatos populares de las
Islas Canarias tampoco se quedan
cortos, con Manuel Luis Torres implicado
en el caso Los Tarajales, y
Rosa de Haro imputada por firmar
títulos formativos falsos bajo pago.
El actual presidente del PP en La
Gomera y candidato al Senado
Antonio Javier Trujillo también está
imputado, en su caso por prevaricación
y tráfico de influencias en relación
con la construcción de varios
hoteles rurales. La lista candidatos
populares polémicos sigue por gran parte de la geografía española: el homófobo Dimas Cuevas por Albacete,
el toledano Tomás Pedro Burgos,
que fue de vacaciones a Fuerteventura
a cuenta del Patronato de
Turismo de la isla; Vicente Aroca, bajo
cuyo mandato el Ayuntamiento de
La Roda fue condenado en varias
ocasiones por despidos improcedentes;
el murciano Arsenio Pacheco,
imputado también por conducir bebido;
Carmelo Romero, que en junio
aprobó en Palos de la Frontera sueldos
de hasta 76.449 euros a varios
asesores del Ayuntamiento, o el balear
José Sala, imputado por prevaricación
por el caso Ses Variades.
Otros partidos
El ladrillo como constante
Aunque sean los que más, PP y
PSOE no son los únicos en llevar en
sus listas a personas con temas pendientes
con la justicia. Desde el
Partido Regionalista de Cantabria,
el ex consejero de Cultura Francisco
Javier López Marcano está acusado
por prevaricación al permitir la
construcción de un Aerogenerador
Experimental a una empresa danesa
en una zona de interés cultural.
Por su parte, Cándido Trabalón,
del Partido Andalucista, fue en
2007 uno de los detenidos en la
Operación Costurero y se enfrenta
a ocho meses de cárcel y siete años
de inhabilitación por delitos urbanísticos.
El juicio, que iba a celebrase
el pasado mes de mayo, aún
sigue pendiente.
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CANDIDATOS BAJO SOSPECHA
Cinco casos de estudio
ANDREA FABRA (PP)
Número dos al Congreso por la provincia de Castellón. Diputada por esa provincia desde 2008. La hija mayor de Carlos Fabra, Andrea (en la foto), está siendo investigada, como el resto de la familia Fabra, por delitos fiscales atribuidos a su padre.
R. JÁUREGUI (PSOE)
Documentos entregados por José Amedo a la Audiencia Nacional en 2010 señalarían que el número 1 al Congreso por Álava, Ramón Jáuregui y el
2 por Bizkaia, «Txiki» Benegas estuvieron implicados en la trama de los Gal.
JOSÉ BLANCO (PSOE)
Número uno al Congreso por Lugo, José Blanco ha sido acusado en varias ocasiones: por delitos fiscales, por un piso ilegal… Ahora se le ha involucrado en la Operación Campeón, sobre fraudes en la concesión
de ayudas públicas.
P. AGRAMUNT (PP)
Número uno al Senado por Valencia y senador desde 1993. Pedro Agramunt estuvo involucrado en el caso Naseiro, sobre financiación ilegal del PP
en los '90, a raíz de las escuchas telefónicas al concejal popular Salvador Palop.
PEDRO ACEDO (PP)
Número uno al Senado por Badajoz. Un reportaje de Voz Emérita ha mostrado este año las adjudicaciones públicas a empresas del propio Acedo y su familia, como TeleMérida o el bufete Selex, durante los años que éste
ocupó el cargo de alcalde.
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