Entre los motivos que han llevado a
miles de personas a tomar las plazas
en ciudades de todo el Estado está la
gran distancia que separa a la ciudadanía
y la clase política. Y una de las
motivaciones que hicieron que los
activistas tomaran como su tablero
de juego a internet fue la oposición a
la ley Sinde –por perseguir con métodos
extrajudiciales algo totalmente
legal como es compartir archivos con
copyright por internet para uso privado
y sin fines lucrativos. Mientras
las acampadas pueblan las plazas, la
industria cultural y la clase política
sigue con su estrategia en contra de
la cultura libre.

Foto: Olmo Calvo.

Michel Barnier, comisario europeo
de mercado interno y responsable
de las políticas de propiedad intelectual,
declaraba que la Ley Sinde
será la principal fuente de inspiración
para la nueva directiva que se
puede aprobar a finales de mayo en
la Comisión Europea. El anuncio de
Barnier trae otra novedad esperada,
la colaboración de las empresas de
telecomunicaciones, quienes ofrecen
la conexión a internet, para cortar
la red a quien comparta archivos.

Esta novedad no es tan nueva. Por
un lado, compañías como Telefónica
han sido denunciadas públicamente
por realizar microcortes cuando detectaban
que alguien estaba descargando
archivos de servidores como
MegaUpLoad y, por otro lado, éste
era uno de los objetivos que pretende
lograr el Acuerdo Comercial Anti
Falsificación (ACTA, por sus siglas
en inglés) que negocian en secreto
EE UU, la Unión Europea, Australia,
Japón o México, entre otros.
A pesar de ser un desconocido para
la mayoría, Barnier apoyó en 2010
el Informe Gallo que se aprobó en la
UE sobre los peligros de la mal llamada
piratería para la industria cultural.
Este informe fue realizado por
una empresa del entonces número
uno de Vivendi-Universal Pictures
(una de las mayores productoras cinematográficas
del mundo).

Para desarrollar, esta nueva estrategia
deben ser modificadas tanto
la Directiva de Comercio Electrónico,
como la Directiva de Protección
de Derechos de Propiedad
Intelectual (IPRED) La IPRED es
una directiva para penalizar cualquier
clase de contravención de
propiedad intelectual. “Siguen trabajando
desde la perspectiva de los
intereses privados y tienen miedo a
entender en profundidad los beneficios
del nuevo contexto”, afirmaba
La Ex nada más conocerse el borrador
el 23 de mayo. Según La
Quadrature du Net –un grupo francés
que promueve los derechos de
la ciudadanía en internet–, “la
Comisión de UE quiere modificar
IPRED para adaptarlo al entorno
digital. Esto significa expandir la
guerra contra quienes comparten
en internet, en continuación directa
del ACTA”.

Desde hace años, grupos de activistas
en internet han promulgado
que tanto la Unión Europea como el
ACTA necesitaban que varios países
aprobaran a nivel estatal legislaciones
que prohibieran el intercambio
de archivos en la red. Incluso esto se
promovió desde el Departamento de
EE UU, como se conoció con las filtraciones
de Wikileaks, para forzar
al Gobierno de Zapatero a aprobar
la Ley Sinde.

El plan europeo era simular la legislación
francesa, la ley de tres avisos
y desconexión (Hadopi). Pero
entre la oposición que levantó y su
nula eficacia, ya que se han incrementado
las descargas, está fue desestimada.
La mejor posicionada
ahora es la Ley Sinde. Esta legislación
todavía no ha entrado en vigor,
y ya Hacktivistas.net ha mostrado
su total inutilidad con el Manual de
Desobediencia a la Ley Sinde.

De esta forma, quien incumpla estas
directivas no tendría acceso a un
proceso judicial habitual. En su lugar,
una Comisión Administrativa
decidirá quiénes incumplen la directiva
de comercio electrónico y la de
propiedad intelectual. Los juzgados
sólo refrendarán esa decisión, como
pasará aquí con la Ley Sinde.

Nuevos proyectos en EE UU

Paralelamente, en EE UU, se han
dado a conocer dos proyectos de ley
que afectarán a la neutralidad de la
red. Por un lado, la Protect IP no
sólo promoverá el secuestro de páginas
web registradas en este país,
sino que podría secuestrar en otros
países, cuando se apruebe el ACTA.
Incluso, obligaría a los buscadores
como Google o Bing a censurar estas
páginas de sus resultados.

Según, Arnau Fuentes en Nacionred.
com, “la parte estrella va a destinada
a otra parte del sector de internet:
los titulares del copyright podrán
pedir una orden judicial directa”.
Este proyecto llega desde la
Oficina de Coordinación para la protección
de la Propiedad Intelectual,
dependiente de la Casa Blanca.

La otra propuesta que tendrán que
debatir los representantes estadounidenses
es una legislación para controlar
la emisión en streaming de
música, vídeo o cualquier otro material
audiovisual que tenga copyright.
Pero, no es la única novedad de la
Administración Obama. El mismo 17
de mayo, día de internet, anunciaban
la necesidad de que la OTAN también
pueda actuar en internet. Según
el Fiscal General Eric Holder, “los
peligros y amenazas del siglo XXI a
la seguridad nacional e internacional
no tienen fronteras”.