Los despidos pasan a financiarse con dinero público. Hasta la puesta en marcha del Fondo de Capitalización, el Fondo de Garantía Salarial se hará cargo de ocho días de la indemnización por despido de cualquier persona que lleve más de un año en la empresa. Esta ‘generosidad’ en el gasto público contrasta con recientes medidas de ajuste que han congelado las pensiones y rebajado el sueldo de los empleados públicos.
Las otras claves de una reforma antisocial:
Más temporalidad
Lógica neoliberal
Más intermediarios
Fin de la negociación colectiva
- Ilustración: Isa.
En los nuevos contratos, la
indemnización por despido improcedente será de 33 días por año trabajado, en lugar de 45. La reforma permite el uso generalizado del contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente (es decir, un despido por causas objetivas que haya sido declarado improcedente en el juzgado). El contrato indefinido ordinario, con una indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, quedará en vigor casi exclusivamente para las personas que ya se encuentren contratadas bajo esta modalidad.
El despido objetivo (indemnización de 20 días por año trabajado) será mucho más sencillo. Se rebajan las exigencias, se amplían las causas y se rebaja el control judicial del despido objetivo (que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades en lugar de 42) en todas las modalidades de contratación:
Creación del despido preventivo. Sin necesidad de que haya pérdidas, se entenderá que un despido es objetivo si la empresa sufre una disminución de ingresos que “pueda afectar a su posibilidad de mantener el volumen de empleo”.
Despido incluso con baja justificada. Cualquier persona con faltas justificadas (baja médica, por ejemplo) podrá ser despedida por causas objetivas cuando en el total de la plantilla haya un absentismo (justificado o no) del 2,5% de las horas. Antes se exigía que fuera del 5%.
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