ENCUESTA // POSICIONES ANTE LA PROSTITUCIÓN
¿Prostituidas o trabajadoras sexuales?

Organizaciones por la defensa de los derechos de las
prostitutas y contra la explotación sexual abordan los
problemas de este colectivo y sus posibles soluciones.
1. ¿A qué problemas se enfrentan las prostitutas?
2. ¿Qué medidas consideráis que hay que aplicar al respecto?

07/04/06 · 1:25
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INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN. Alrededor del 90% de las personas que ejercen la
prostitución en el Estado español son inmigrantes. / Jordi Play

OBSERVATORIO DEL SISTEMA
PENAL Y LOS DD HH

Centro de Investigación, Estudio y
Trabajo de la Universidad de Barcelona

1. Dada la diversidad de este colectivo,
nos referiremos al grupo
más excluido, el de las trabajadoras
sexuales que ofrecen sus servicios
en la calle.

Las cuatro principales dificultades
a las que se enfrentan son: las referentes
a cuestiones de extranjería; la
ausencia de derechos laborales; las
provocadas por el estigma de puta; y
las producidas por la Ordenanza
Cívica [del Ayuntamiento de Barcelona].
La situación administrativa
de irregularidad de la mayoría de
las trabajadoras que ofrecen sus servicios
en la calle (el 70-90%) les provoca
una innumerable vulneración
de derechos. Pueden ser perseguidas
por la policía, detenidas, internadas
y expulsadas. En su trabajo
viven con el temor del requerimiento
de sus papeles por parte de los
cuerpos de seguridad.

Sobre la ausencia de derechos
laborales, provocada por el no reconocimiento
del trabajo sexual
como actividad laboral, destaca la
desprotección en sus relaciones
laborales con los empresarios de
alterne, la no cotización a la Seguridad
Social, así como la irregularidad
respecto a los ingresos y la
dificultad para obtener permiso de
residencia y de trabajo (para las
extranjeras no comunitarias).

El estigma de puta castiga a aquellas
mujeres que no siguen los estándares
sexuales y divide a las mujeres
en las buenas madres, esposas,
etc., por un lado, y las malas,
las putas, por otro. Este estigma tiene
consecuencias sociales y a veces
legales muy negativas para las
mujeres y legitima la vulneración
de derechos que sufren.

La Ordenanza complica cada vez
más el trabajo en la calle. La Guardia
Urbana está sancionando a ciertas
mujeres por considerar que por
su aspecto -de puta-, por su origen -extranjeras-, y por su condición-pobres-, no deben estar allí. El
acoso policial en el centro de la ciudad
es desmesurado y vulnera infinitos
derechos fundamentales.

2. Las medidas que, con carácter
muy amplio, podrían mejorar la situación
de las trabajadoras del sexo,
muchas de ellas reivindicadas
por el propio colectivo, son: legalizar
el trabajo sexual y reconocer sus
derechos laborales; incluir el trabajo
en la industria del sexo en las categorías
laborales para poder obtener
permiso de residencia y trabajo;
desarticular los prejuicios sociales
respecto a la sexualidad y el trabajo
para construir unas relaciones sexuales
más libres e igualitarias entre
las personas y para de-construir
el estigma de puta; anular la Ordenanza
por inconstitucional y en ningún
caso criminalizar la oferta de
servicios sexuales.

AGIR POUR LES FEMMES EN
SITUATION PRÉCAIRE (AFESIP)

Asociación no gubernamental que lucha
contra la explotación sexual

1 y 2. No hace falta explayarse
para saber qué problemas tiene
una mujer en exclusión en una
sociedad de exclusiones; donde
el cierre de fronteras limita los
derechos a los que todos y todas
deberíamos tener acceso, independientemente
de ejercer tal o
cual ‘profesión’. El patriarcado,
estructura cultural que institucionaliza
las desigualdades de género,
hace que prostituirse para una
mujer en esta situación parezca
ser algo natural y no derivado de
su posición social, sin que nadie
se cuestione el uso cultural y social
que aquel que paga le está
dando a la mujer. La objetivización
de la persona que deja de ser
un fin en sí misma -deja de ser ella
para convertirse en lo que el otro
desea que sea- junto con la violencia
propia, no de la situación legal
de la prostitución, sino de la prostitución
per se, es el detonante de
desestructuración psicológica y física
de la mujer. La trata o la prostitución
infantil son consecuencias
de lo jugoso de un negocio en el
que el demandante enriquece a
tratantes y proxenetas.

La solución para las mujeres en
prostitución pasa por acabar con las
desigualdades que originan esta
institución, por la redistribución de
las riquezas y medios de producción,
por unas políticas migratorias
justas, por políticas laborales diseñadas
para ello; pero, además, condición
sine qua non para acabar con
una institución marcada por el dominio
masculino es promover una
educación en igualdad que contemple
relaciones sexuales libres y desmercantilizadas.
¿Un proceso a muy
largo plazo? ¿Una utopía tal vez? El
discurso derrotista de ‘apostemos
por lo menos malo’ no debería ser el
que inspire a los movimientos sociales.
Acabemos con la exclusión, no
la institucionalicemos mediante leyes
que legitimen el dominio económico,
sexual y racial de unos frente
a otros, de los que prostituyen y los
que se ven en prostitución. Rosa
Luxemburgo nos alertaba del peligro
de la reforma, que cambia las
cosas para que todo siga igual, frente
a la revolución por la que deberíamos
apostar.

HETAIRA
Colectivo en defensa de los derechos
de las prostitutas

1. La falta de reconocimiento de sus
derechos como trabajadoras y el estigma
que recae sobre ellas por ejercer
un trabajo que se considera lo
peor. Para luchar contra el estigma,
la prostitución debe reconocerse
como trabajo.

2. Hay que dotar de derechos laborales
y sociales a las que la ejercen
voluntariamente; recortar los privilegios
de los empresarios de clubs
que les imponen condiciones sin
que ellas tengan instrumentos para
negociarlas. En cuanto a las que
ejercen en la calle, sufren el acoso y
la persecución policial a partir de
diversas normativas municipales,
por lo que hay que negociar espacios
públicos, al estilo de zonas de
tolerancia o ‘barrios rojos’, donde
puedan trabajar tranquilamente y
en buenas condiciones. Hay que
dar un permiso de residencia a las
inmigrantes que demuestren que el
trabajo sexual les da medios para
mantenerse; actuar contra los que
obligan a prostituirse a otras personas
y mejorar los medios de protección
a las víctimas de redes coercitivas,
ya que nos consta que se les
da un permiso de residencia temporal
de tres meses para declarar en
los juicios contra las redes y luego
se las deporta, nadie les pregunta si
quieren quedarse. Según nuestros
datos, recabados en 11 años de trabajo
con trabajadoras sexuales de
calle, actualmente un 90-95% de éstas
son inmigrantes. El 85% ejerce
voluntariamente; un 5% lo hace bajo
coacción y un 10% está en situación
dudosa, con un protector o personaje
turbio. Creemos que la afirmación
de que el 95% de mujeres
que se prostituyen son forzadas no
surge de ningún estudio serio, tal
como corroboró el Defensor del
Lector de El País en respuesta a
nuestra queja por un editorial del
diario, y probablemente se extrapola
el hecho de que el 90-95% está en
situación de ilegalidad

PLATAFORMA POR LA
ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Organizaciones de mujeres contra la violencia
de género y atención a mujeres
prostituidas

1 y 2. Cada una/o puede hacer lo que
quiera, pero la ley no puede hacer lo
que cada una/o quiera, la ley debe
recoger las libertades colectivas, no
las individuales. La prostitución organizada
es, para las mujeres prostituidas
y para todas las mujeres,
una ficción laboral y sexual; en la
mayoría de los casos, esta ficción
adquiere el carácter violento propio
de los regímenes esclavistas.

La Plataforma a cuya declaración
política se han adherido la mayor
parte de las asociaciones feministas,
así como Médicos del Mundo, el
PC, el Área federal de la Mujer de
IU, UGT, Izquierda Verde (Suecia)
o Movimiento el Pozo (Perú), exige
la abolición de las condiciones que
posibilitan la prostitución: responsabilizar
y penalizar a prostituidores
y proxenetas, y lo más importante,
exigen recursos públicos para
la formación, empoderamiento político
y acceso laboral de las mujeres
en el espacio público, en los países
de destino y en los de origen. Con
esto continuamos la acción feminista
y de la izquierda que lleva más de
tres siglos luchando por la abolición
de la esclavitud sexual en todas sus
formas privadas y públicas; el matrimonio
y la prostitución. Nuestra
oposición a la reglamentación o legalización
laborista es meridiana:
las consecuencias de estas medidas
en Holanda, Alemania y Australia

 donde la práctica legal es mínima
comparada con la ilegal- corrobora
que tales medidas sólo favorecen a
la industria del sexo. De ahí que la
única opción válida sea la abolicionista,
iniciada en Suecia, Finlandia,
Corea del Sur y Lituania.

El compromiso con nuestra libertad
sexual y nuestro derecho a
acceder al espacio laboral es incompatible
con la regulación de la
violencia contra las mujeres. Las
firmantes sugieren que las preguntas
empiecen a visibilizar a los varones
que siguen sin atreverse a
pensarnos en libertad e insisten en
comprarnos. Ya lo dijeron las compañeras
libertarias de la República:
“Nadie será libre mientras se puedan
seguir comprando cuerpos de
mujeres y niñas”.

GENERA
Asoc. de defensa de los derechos de las
mujeres en situación de exclusión social

1. El mayor problema que afrontan
las trabajadoras del sexo es la persecución
institucional, legitimada
bajo el supuesto de prevenir la explotación
sexual y la trata de personas,
y se aplican leyes, normas e intervenciones
sobre el terreno sancionadoras
que tienen que ver con
la limitación del trabajo sexual y
donde las supuestas víctimas son las
perseguidas Así se arroja a una mayor
situación de marginalidad y vulnerabilidad
a un colectivo que ya de
por sí es vulnerable porque no se reconocen
sus derechos. La violencia
institucional está ligada con la violencia
social, el estigma.

2. Como base para cualquier actuación
hay que dar voz a las protagonistas
en procesos participativos
reales, donde sus propuestas, preocupaciones
y necesidades sean las
reflejadas en las intervenciones.
Hay que separar el fenómeno de la
explotación sexual del trabajo sexual
voluntario: en cuanto a la explotación,
se debe hacer uso de las
leyes y acuerdos ya vigentes. A nivel
estatal, el Código Penal, y en
cuanto al derecho internacional, el
Protocolo de Palermo y otras herramientas
que no se aplican. En cuanto
al trabajo sexual voluntario, deben
escucharse sus demandas para
crear programas y proyectos que les
den garantías de derechos y reconocimiento
a nivel social y legal.

En Genera creemos que las medidas
sociales y legales van unidas,
porque ¿quién se va a registrar como
prostituta cuando es la profesión
más estigmatizada que hay? No
sirve una regulación que sólo limita
los espacios de trabajo sin tener en
cuenta sus verdaderas demandas y
su lucha contra la explotación y por
el reconocimiento del trabajo femenino
en el sector servicios que incluya
el trabajo sexual. A nivel sanitario,
se necesitan programas de acceso,
formación y capacitación, pero
nunca basados en la obligatoriedad.
El imaginario colectivo ve a las
prostitutas como un problema de salud
pública, un grupo de riesgo,
cuando esto tiene que ver con el
cliente. Hay que romper con este
discurso: ahora mismo las prevalencias
más altas de VIH-SIDA son entre
parejas jóvenes heterosexuales.

LEGISLACIÓN EN LA UE

SUECIA

En este país se persigue al
proxeneta y al cliente, pero no
a la prostituta. Contratar servicios
sexuales se considera
como una forma de violencia
contra las mujeres y un atentado
contra la igualdad y los
derechos humanos, de modo
que se aspira a la abolición
de esta práctica.
Desde 1999, está vigente una
ley que prohíbe la compra de
servicios sexuales, pero no su
venta. Aquel que a cambio de
pago obtenga una relación
sexual puede ser multado y
condenado a hasta seis
meses de prisión. Los 'compradores'
pueden acudir a cursos
de rehabilitación. También
existen medidas sociales para
que las personas que se prostituyen
puedan acceder a programas
formativos para conseguir
otro empleo.
Según las autoridades suecas,
esta ley ha conseguido
reducir la prostitución en el
país a la mitad: el Gobierno
estima que la ejercen 1.500
personas, sobre todo mujeres,
y más de la mitad víctimas
de las redes de tráfico
de personas.
Los detractores de este modelo
argumentan que no se
atienden las demandas reales
de las prostitutas y que la
clandestinidad genera mayor
violencia contra las mujeres.

FRANCIA

Con la Ley para la seguridad
interior, de marzo de 2003, se
inaugura el modelo reglamentista
actual. En aras de proteger
«el orden público y la paz
social», dentro de la 'política
higienista de Sarkozy' se tipifica
el delito de racolage (captación
de clientes para ofrecer
servicios sexuales a cambio de
dinero). Existe incluso el delito
de racolage passif: incitar en
la vía pública, estar permanentemente
en una determinada
calle o llevar una indumentaria
provocativa. Las penas son de
hasta dos meses de prisión y
3.750 euros de multa.
Sólo por los delitos de racolage
les pueden ser retirados los
permisos de residencia a las
prostitutas extranjeras e incluso
pueden ser deportadas a
sus países de origen.
Este país que se proclama
abolicionista, trata en verdad a
las que considera víctimas
como delincuentes, según la
más conservadora regulación
prohibicionista.

HOLANDA

Es el primer país que regula
como una actividad laboral más
la prostitución ejercida voluntariamente
por personas mayores
de edad. El objetivo es sacar
esta actividad de la esfera criminal
y evitar la estigmatización de
quienes la ejercen. Se endurecen
las penas contra la prostitución
forzada y la explotación de personas
y se legalizan los burdeles,
que requieren de autorización
municipal, cuyos propietarios
deben pagar la Seguridad Social
de las prostitutas y los impuestos
por su actividad.
Esta regulación pionera no ha
sido todo lo positiva que se pretendía:
los ayuntamientos se
resisten a dar licencias a los burdeles,
y muchos empresarios no
pagan sus impuestos y la
Seguridad Social. Al tiempo, no
se desarrollan derechos paralelos
al alta en la Seguridad Social
y no se ataca el problema específico
que viven las migrantes.
Según la asociación Hilo Rojo,
(De Rode Draad), que agrupa a
personas que ejercen la prostitución
y colabora con el sindicato
socialdemócrata FNV, el número
de prostitutas ha bajado de
30.000 a 20.000. Sin embargo,
las plataformas abolicionistas
afirman que el tráfico sexual ha
crecido en la última década un
25%. Para los detractores de
este modelo, la regulación favorece
la expansión de la industria
del sexo y el tráfico de personas.

ALEMANIA

A partir de enero de 2002 se
despenaliza la práctica de la
prostitución y deja de ser punible,
siempre que su ejercicio no
se realice por coacción o enmarcada
en acciones delictivas. Los
dueños de los prostíbulos no
serán procesados, pero sí aquellas
personas que inciten a la
prostitución, sancionados hasta
con tres años de prisión, lo que
representa un punto intermedio
entre la ley holandesa que legaliza
los burdeles y la ley sueca
que castiga a la clientela.
Al igual que en Holanda, la ley
alemana no cubre a las prostitutas
extranjeras. Inmigración y
prostitución constituye un binomio
imprescindible a la hora de
pensar sobre la elaboración de
los diferentes modelos jurídicos
y mejorar los existentes, dado
que en la actualidad la mayoría
de las personas que se prostituyen
en Europa son migrantes,
muchas en una situación de
máxima vulnerabilidad:sin
papeles'.

En 2000, la ONU aprobó el Protocolo de Palermo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, sobre la
necesidad de dar un trato humano a los migrantes e incorporar
medidas socioeconómicas para encarar las causas de
la migración. La PTSC denuncia que España no lo cumple.

5-7 billones de dólares al
año es la cantidad que
reporta el tráfico de mujeres con
fines de explotación sexual,
según datos de Naciones Unidas.

En marzo, la Comisión de la ONU de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer aprobó una resolución
contra la trata de mujeres y niñas que remarca que
hay que abordar las causas del problema y proteger
los derechos de las personas objeto de trata.

EL 8 DE MARZO, la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM) criticó el doble estigma que recae sobre las mujeres que entran
a Europa para prostituirse mediante redes o mafias y son devueltas a
sus países: «las autoridades no siempre les brindan el apoyo necesario,
e incluso las tratan como delincuentes, y las deportan».

40% de las mujeres inmigrantes
que se dedican
a la prostitución en Europa son
madres solteras que buscan alimentar
a sus hijos, según la OIM.

BAILE DE CIFRAS. La exclusión e invisibilidad de la prostitución
hacen difícil obtener datos fiables. Según organizaciones abolicionistas,
el 95% de la prostitución es forzada. Para asociaciones
como LICIT o Hetaira, 95% es el porcentaje de inmigrantes ilegales,
pero ilegalidad no se puede equiparar con prostitución forzada.

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