Foto: Pedro Armestre

Tras cuatro años de investigación la
conclusión del estudio Reflex, en el
que han participado investigadores
de 12 países europeos, es que las ondas
electromagnéticas de la telefonía
móvil producen alteraciones del
ADN que transporta la información
genética en las células. Pese a ello y a
que existen alrededor de 3.000 estudios
científicos sobre la contaminación
electromagnética que despiden
los teléfonos móviles y sus antenas
emisoras-receptoras, las torres de alta
tensión o los transformadores
eléctricos, buena parte de la ciudadanía
cree todavía en la inocuidad de
estas tecnologías. Ésta es quizá una
de las mayores victorias protagonizadas
por un sector industrial, el de
las telecomunicaciones, en los últimos
lustros: el despliegue y popularización
de la telefonía móvil. Pero
¿cómo ha conseguido esta industria
semejante amenaza para la salud pública?
Reflex estaba financiado por
la Unión Europea pero lo descubierto
no debió gustar a sus mentores y
tras una primera publicación se retiraron
los fondos, aunque se llevaban
invertidos 3,15 millones de euros. Y
es que, pese a que existen muchas
investigaciones que advierten sobre
los peligrosos efectos de las ondas
electromagnéticas en nuestra salud,
la mayor parte están pagados por las
compañías eléctricas y de las telecomunicaciones.

Éstos casualmente
explican la inocuidad de esta tecnología
o minimizan sus riesgos.
Éste es parte del trabajo de lobbies
como los que trabajan en o para éstas
compañías: crear confusión entre
la población, una confusión ‘documentada
científicamente’. Y es que
mientras los ‘expertos’ deciden si los
teléfonos móviles son ‘buenos’ o ‘malos’
para el ciudadano, las operadoras
continúan vendiéndolos, expandiendo
su red de antenas telefónicas
y creando nuevos servicios con los
que seducir a los consumidores.

Científicos perseguidos

Al tiempo, los científicos que hacen y
publican sus fatales averiguaciones
son sistemáticamente perseguidos.
El Centro de investigación Alonso de
Santa Cruz, de Alcalá de Henares
(Madrid), dirigido por el doctor José
Luis Bardasano Rubio, ha realizado
numerosos trabajos y reuniones de
gran nivel sobre la contaminación
eléctrica y magnética. Misteriosamente,
fue clausurado en noviembre
de 1999. En enero 2002 le ocurrió algo
similar al pionero en la investigación
sobre electromagnetismo, el
francés Roger Santini, ya fallecido.

En 2000, Claudio Gómez Perretta,
Jefe de Sección en el Centro de
Investigación del Hospital Universitario
La Fe de Valencia y uno de los
investigadores más prestigiosos sobre
los campos electromagnéticos,
fue amenazado, según su propio testimonio,
por la gerencia del centro
sanitario con una falta grave si persistía
en su empeño de continuar investigando
los campos electromagnéticos
y su afección sobre la salud
humana. Lo cierto es que, finalmente,
en 2002 fue retirado de sus investigaciones
por difundir averiguaciones
nada halagüeñas para la industria.
Otro compañero de Perretta,
Manuel Portolés, explica en Conspiraciones
tóxicas que fue espiado a
través de su ordenador por Telefónica,
que le ha amenazado a través
de un notario con acciones judiciales
por realizar denuncias públicas sobre
la actitud de éstas compañías.

Entretanto, el documental Contracorriente,
realizado hace años
para TVE, continúa sin emitirse. En
él Javier Aguilera, ex consejero delegado
de Telefónica, reconoce públicamente:
“Uno se muere por
38.000 cosas. ¿Que ésta es una
más? Mire, indiscutible. ¿Que es
una más incluso para los que no
usan la telefonía? Indiscutible. ¿Y
que los que usan la telefonía móvil
no debían conocer este factor? Sin
duda”. ¿Queda claro?

Silencio, se contamina

La compra de silencio es otro trabajo
habitual de los lobbies industriales
contaminantes. En las comarcas en
las que hay instalada una central nuclear
los pocos estudios epidemiológicos
existentes nos explican que en
ellas se producen ciertos tipos de
cáncer que prácticamente no existen
en las zonas que no poseen planta
atómica. Esto no interesa que se sepa
y por ello las empresas propietarias,
la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos (ENRESA) o la
Asociación de Municipios en Áreas
de Centrales Nucleares (AMAC), disponen
de fondos para “desarrollo local”
que emplean en actividades culturales,
deportivas o festivas en las
localidades que interesa mantener
calladas. Más aún, en el entorno de
Almaraz, Zorita, Vandellòs, Trillo o
Garoña gran parte de los alcaldes y
concejales de los pueblos trabajan o
han trabajado en la central que acogen.
Silencio garantizado.

Todo esto necesita de un trabajo
sistemático de relaciones públicas y
contactos directos entre el personal
de las empresas y asociaciones empresariales,
los lobbistas, con los políticos
y funcionarios locales. Las administraciones
regionales tampoco
se libran de los lobbies que atentan
contra el medio ambiente y la salud
pública. En Extremadura [ver pág.
37], en una de las comarcas más fértiles
de toda la Unión Europea,
Tierra de Barros (Badajoz), el empresario
más rico de la Comunidad
Autónoma, Alfonso Gallardo -alguien
que ha construido un imperio
que fabrica acero y hormigón partiendo
de sus orígenes como chatarrero
gracias en parte a las subvenciones
públicas con las que le beneficia
la Junta de Extremadura- quiere
instalar una refinería petroquímica.
En pleno siglo XXI, el de la preocupación
por la crisis ecológica mundial,
socios como BBVA, Iberdrola,
Caja Madrid o Caja Extremadura le
acompañan. El Grupo Alfonso Gallardo
tiene en Francisco Fuentes
Gallardo, sobrino del jefe y senador
del PSOE por Extremadura a su enlace
con el Gobierno extremeño. La
compañera sentimental del segundo
es la delegada del Gobierno,
Carmen Pereira, en la tierra del cerdo
ibérico y ha destacado por reprimir
cualquier crítica al proyecto
contaminante. Para que la ciudadanía
extremeña le otorgue su beneplácito,
las encuestas favorables a
los intereses de Gallardo y la Junta
de Extremadura las realiza el
Instituto Opina, que trabaja, entre
otros partidos, para el PSOE, obvia
preguntas incómodas, como la verdad,
y luego son reproducidas por
los medios en los que el empresario
inserta publicidad o pertenecen a
accionistas que también lo son del
proyecto refinero.

La ‘mordaza
informativa’

Para que todos estos planes y tecnologías
lleguen a buen puerto es
necesaria la concurrencia de la
prensa afín. Es lo que se ha dado
en llamar ‘La mordaza corporativa’:
las grandes compañías y sus lobbies
tienen departamentos encargados
de llamar a los medios
antes, durante o después de la
publicación de un reportaje, sea
para interesarse por “ofrecer su versión”
de los hechos, para amenazar
con acciones judiciales si publican
el trabajo en curso o
simplemente para quejarse por la
difusión de los mismos y tratar de
que se cuente con ellos para futuros
asuntos, por ejemplo. De modo
que ‘trabajarse’ a la prensa insertando
publicidad, subvencionando
espacios concretos, ofreciendo premios
a los periodistas, ya sea por
su trabajo o con cualquier excusa o
bombardearlos con ‘información’
sobre la empresa es un trabajo
indispensable para cualquier lobby.