ESTADO ESPAÑOL // INTERVENCIONES LEGISLATIVAS EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN
De la invisibilidad a la palestra

Frente al control institucional
desde la perspectiva
de la seguridad
ciudadana, las prostitutas
llevan más de una década
organizándose y
formulando sus propias
demandas y propuestas.

07/04/06 · 1:24
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CADENA HUMANA. Movilización en Barcelona en diciembre de 2005 contra la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento. / Genera

Tras años de intervenciones municipales
y autonómicas centradas en
controlar los prostíbulos y erradicar
la prostitución callejera, la Generalitat
de Catalunya prepara una
Ley de Limitación de los Servicios
Sexuales Remunerados y el Gobierno
ha creado una comisión para
estudiar su regulación, haciendo
emerger un debate social candente
en torno a temas como el conflicto
sobre la calidad laboral del trabajo
sexual y la relación entre extranjería
y prostitución.

Al derogarse la Ley de Peligrosidad
social de 1970, en el Código
Penal del ‘95 la prostitución dejó
de ser delito y se penalizó la
explotación de menores y el proxenetismo.
En 1998, el Ayuntamiento
de Bilbao fue el primero en reglamentar
con ordenanzas los locales
de alterne.

El 2 de agosto de 2002, la Generalitat
de Catalunya emitió un decreto
que no contempla los derechos
de las personas que trabajan
pero fija obligaciones horarias, sanitarias
y urbanísticas: no estar
cerca de escuelas o locales donde
asistan menores; abrir de 17h. a
4h. y disponer de habitación, baño,
bidet, ducha, ventilación y preservativos
homologados, así como
de una licencia municipal específica.
La asociación LICIT (Línea de
Investigación y Cooperación con
Trabajadoras Sexuales) denunció
que la medida favorece a los empresarios
de macroprostíbulos,
agrupados en la Asociación Nacional
de Empresarios de Locales
de Alterne (ANELA) y niega la calidad
laboral del trabajo sexual. La
Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia
(PTSC), compuesta por
LICIT, Monjas Oblatas, Àmbit Dona,
el Área de Trabajo Sexual de
Comisiones Obreras, el Colectivo
de Transexuales de Cataluña y la
asociación vecinal Ponent, lo denunció
ante la Oficina de No Discriminación
del Ayuntamiento de
Barcelona, con apoyo de la Concejalía
de Derechos Civiles; las asociaciones
de Dones Periodistes i
Juristes; los sindicatos CGT, USTEC
y CNT y el espacio feminista
Ca la Dona.

Planes y ordenanzas
persecutorios

El Consistorio barcelonés hostiga la
prostitución callejera y no vinculada
a grandes locales desde los ‘80, afirmando
que los pequeños meublés
incumplen el Plan de Usos del Espacio
Público. En 2004 pasó a poner
multas de hasta 150 euros por uso
abusivo de la vía pública en virtud de
la ordenanza 63.1ª. Las afectadas las
recurrieron y denunciaron ante el
Síndic de Greuges (Defensor del
Pueblo catalán). El 25 de enero de
2006 lanzó la Ordenanza de Medidas
para Fomentar y Garantizar la Convivencia,
que sanciona la oferta y demanda
de prostitución con multas
de 100 a 500 euros por apoderamiento
del espacio público. Según la
PTSC, persigue a un estereotipo de
mujer sin prueba del incumplimiento
de la normativa, y la Guardia
Urbana vulnera los derechos de las
mujeres al no informarles del motivo
de la multa; cachearlas, desnudarlas
y someterlas a tocamientos; robarles
dinero y entrar en sus casas. Todo
en pleno período de tolerancia pactado
a demanda de la Concejalía de
Derechos Civiles, que quería informarlas
antes de la intervención.

En Madrid, en 2004, el Plan municipal
contra la Esclavitud Sexual
inauguró la persecución en zonas
como la calle Montera y el cierre
parcial del tráfico en la Casa de
Campo. El Colectivo Hetaira por los
Derechos de las Prostitutas propuso
negociar espacios públicos donde
ejercer libremente en buenas
condiciones de higiene y seguridad.
Mientras, la actividad se desplazó a
la colonia Marconi, la zona de
Cuzco o el polígono de Villaverde,
donde pusieron controles de alcoholemia
para disuadir conductores.
En noviembre de 2005 la Concejalía
de Empleo y Servicios Sociales lanzó
la campaña ‘Porque tú pagas
existe la prostitución’ y anunció trabas
físicas a la demanda.

Reglamentación y control

El proyecto de la Generalitat castiga
con multas desde 600 euros la oferta
de servicios sexuales en la calle,
algo que el Síndic considera inconstitucional.
La prostitución se ubicará
en locales con licencia a más de
250 metros de centros docentes o infantiles.
Quien la ejerza será considerado
sujeto jurídico; alquilará el
local a terceros mediante un contrato,
sin pagar porcentajes de ganancias,
o lo autogestionará con otras
personas y acordará los servicios
por contrato verbal. Habrá un registro
de prostíbulos; se tendrá que fichar
con DNI y pasar controles periódicos
para obtener una tarjeta sanitaria,
lo que no vincula a los clientes
aunque se fija el uso obligatorio
de preservativos. Àmbit Dona (Programa
de Atención Sociosanitaria a
Trabajadoras del Sexo) viene denunciando
que los empresarios presionan
a las mujeres para hacerse
controles sanitarios sin tener máquinas
de condones y que se vulnera
el derecho a la confidencialidad
de los informes médicos. En febrero,
consiguió que la Agencia de Protección
de Datos se posicione contra
el Ayuntamiento de Barcelona por
hacer registros ilegales.

La ley propone alternativas de inserción
laboral, así como la regularización
o la residencia por motivos
humanitarios de las inmigrantes, algo
que estos grupos vienen pidiendo
hace tiempo, arguyendo que la Ley
de Extranjería las perjudica y beneficia
a las mafias. De hecho, en 2002
la Delegación de Gobierno catalana
abrió un proceso de expulsión a dos
travestis argentinas que habían solicitado
asilo por explotación sexual
acogiéndose a los Acuerdos de
Barcelona, suscritos por la propia
Delegación tras los encierros de
inmigrantes contra la Ley de Extranjería
en 2001. Con la reforma del artículo
188 del Código Penal en 2003
se pasó a condenar a quien favorezca
la entrada, estancia o salida del
Estado de personas para la explotación
sexual. Hetaira ha denunciado
que se expulsa a mujeres que no se
prostituyen forzadas y se obliga a las
víctimas de mafias a volver al país
de origen sin medios de protección.
Según Dolores Juliano, antropóloga
y miembro de LICIT, debe distinguirse
entre redes de tipo familiar o
comercial, que aportan recursos para
los migrantes y con el endurecimiento
de la ley han pasado a ser
delictivas, y mafias coercitivas, que
son “consecuencia de las políticas
restrictivas, y ellas no denuncian
porque en muchos casos prefieren
prostituirse en Europa antes que ser
repatriadas a sus lugares de origen”.

Para ellas,pero sin ellas

El 10 de marzo, la Conselleria de
Interior convocó a seis entidades
catalanas de trabajadoras sexuales
o atención sociosanitaria para explicarles
el borrador de la reglamentación.
Joan Mauri, director de l'Escola
de Policia de Catalunya, y Joan Guitart,
de Juegos y Espectáculos, lo
expusieron verbalmente dándoles
10 días para presentar alegaciones.
Según Mauri, es tan importante
garantizar su seguridad y libertad
como el derecho de la ciudadanía a
pasear tranquila.

PRECEDENTES LEGALES.

En noviembre de 2001 el Tribunal de
Justicia de la UE emitió una sentencia que contempla la prostitución
como actividad económica. En 2004, el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emitieron
sendas sentencias que avalan la calidad laboral del trabajo sexual.

90% de las prostitutas del Estado
español son migrantes, una
gran mayoría sin papeles. Se calcula
que entre 45.000 y 300.000 personas
ejercen la prostitución.

60% de los anuncios
clasificados en la
prensa española se dedica
a la publicidad de servicios
de 'relax'.

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