CONTEXTO HISTÓRICO //
La infamia del poder contra las mujeres

Calificada como ‘el oficio más viejo del mundo’, la prostitución es un fenómeno complejo. Este recorrido histórico muestra su evolución y cómo ha sido concebida de formas muy diferentes a lo largo del tiempo.

Texto de Isabel Holgado Fernández, antropóloga feminista.

14/04/06 · 1:23
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HACER LA CALLE. Medidas legales como la Ordenanza Cívica en Barcelona tratan de recluir la prostitución en lugares cerrados./ Eva Máñez

En las últimas dos décadas,
el comercio sexual ha vivido
una rápida expansión y
una diversificación de su
oferta sin precedentes. La compraventa
de servicios sexuales, enmarcados
clásicamente en la relación
entre mujer-prostituta y hombrecliente,
tiene hoy día nuevos escenarios
y agentes. La sexualidad y las
relaciones eróticas son bienes de
mercado que se popularizan en todo
el planeta, mientras el trabajo sexual
despunta, una vez más, como opción
laboral de un número significativo
de mujeres (también transgéneros y
hombres) para enfrentar la desigualdad,
la exclusión y la brutal masculinización
de la riqueza. Cambian los
modos, actores y espacios, pero no
la política de apartheid y la obsesión
del poder por controlar la sexualidad
y autonomía de las mujeres.
Amparada en el discurso radicalvictimista
(gracias, Badinter) y en la
actualización del paradigma higienista
(preservar la seguridad y la salud
públicas), la ‘Europa de los derechos’
continúa despreciando los
intereses y la seguridad de las prostitutas
y refuerza la persecución, el
maltrato, la exclusión del juego social
y político, la intervención impune
ante la complicidad social.

Ahora, la hipocresía política y el
pánico moral han elegido a las inmigrantes
de los países pobres insertadas
en el sector del sexo como
principales sospechosas, nueva
amenaza para el orden social, especialmente
las que trabajan en la calle.
La pedagogía de control social
antes ubicaba a las ‘pecadoras’ en
hogueras o reformatorios, ahora las
condena y deporta a sus países.

Considerada según la época como
pecadora, contaminante, delincuente
o peligrosa para la salud pública,
el patriarcado y la profunda misoginia
religiosa sumaron esfuerzos para
construir a la prostituta como un ser
deficitario, no humano, criminal o
víctima. El objetivo, entre otros, ha
sido usurparle el discurso y neutralizar
el componente cuestionador y de
resistencia siempre presente en las
prácticas de estas mujeres disidentes.
Con las Dicteria, Solón (640-558
a.C.) creó las primeras zonas de tolerancia
con respectivo reglamento en
Atenas, en el primer intento estatal
de control higiénico-social de la ramería.
En Roma adquirió rango de
negocio formal y constituyó una jugosa
fuente oficial de ingresos para
el Estado. A partir del siglo XII, la
institucionalización de la prostitución
se vincula con el trabajo asalariado
y la imposición del matrimonio
monógamo. El desarrollo urbano
atrajo a gran número de mujeres rurales
en busca de fórmulas de ganarse
la vida fuera del control feudal. La
exclusión de las mujeres de los gremios
aumentó su presencia en los
burdeles. En 1275, Alfonso X fijó las
mancebías como únicos espacios
donde ejercer el oficio y dispuso un
marco restrictivo a la conducta pública
de las prostitutas. Hasta entonces,
la prostitución había sido regulada
por el derecho canónico. La
Iglesia apoyaba los burdeles públicos
al considerarla un mal necesario
al servicio del grupo de hombres, para
salvaguardar la virtud de las mujeres
‘buenas’ y el matrimonio.
Mientras, las prostitutas eran perdidas
excluidas del reino de los cielos,
a no ser que se arrepintieran. Así, la
prostitución fue considerada necesaria,
pero también estigmatizada en
la medida en que la ejercían ‘mujeres
libres’, destuteladas de la autoridad
masculina. A partir del siglo
XVIII cambia el discurso: de la retórica
religiosa se pasa a la higiénicosanitarista
por la proliferación de enfermedades
venéreas entre la población
masculina, tan necesaria para la
producción y la guerra. La prostitución
pasa a ser vista como riesgo social
y la prostituta como principal y
única responsable de la salud pública.
En 1805, Napoleón crea el sistema
de control médico que será la base
de las reglamentaciones sucesivas
sobre el ejercicio de la prostitución
en buena parte del mundo. Los reglamentos
parten de cuatro requisitos:
control sanitario, censo de prostitutas,
sanción económica y normas
de conducta que las excluyen, entre
otras, del uso libre del espacio público.
A finales del XIX el discurso
vincula a la prostituta con la criminalidad
femenina (Lombroso, 1885)
y se refuerzan los registros de higiene
y control de sus cuerpos y vidas.

La creciente movilidad de las mujeres
para trabajar en otros países
agudiza la preocupación estatal, y a
finales del siglo XIX se dan los primeros
acuerdos internacionales para
“luchar contra la trata de blancas”.
En 1864, la británica Josefine
Butter abandera una intensa campaña
para abolir la prostitución. En
España, el reglamentarismo duró
hasta 1935, cuando se impuso el criterio
abolicionista y ésta dejó de ser
‘medio lícito de vida’. Durante la
Guerra Civil, el Gobierno republicano
puso en marcha ‘liberatorios’
o casas de rehabilitación, que funcionaron
hasta 1938.

En 1941 se volvió a reglamentar el
burdel. En esos años, la prostitución
en la calle fue muy perseguida, y las
mujeres enviadas a cárceles especiales
o reformatorios para reformar su
conducta, a través de la Obra de
Redención de Mujeres Caídas. En
1956, se impone el abolicionismo y
de nuevo la prostitución pasa a ser
clandestina. A partir de los ‘60, se da
una mayor tolerancia y se la considera
actividad alegal (la ley sí castigaba
el tráfico y la práctica forzada).

Algo muy importante debe estar
en juego cuando 2.500 años después
de Solón siguen reforzándose
la ‘putofobia’, la violencia institucional
y la estrategia del avestruz
en la mayoría de lecturas e intervenciones
sobre el comercio sexual.
Condenamos a mujeres que
no cometen ningún delito porque
nos asustan o nos avergüenzan.
Preferimos usar el argumento de
una supuesta superioridad moral
para mantenerlas silenciadas, sojuzgadas
y evadirnos de nuestra
responsabilidad individual y colectiva.
Qué pena que las mujeres catalogadas
como ‘decentes’, abanderadas
del feminismo de la moral,
que copa los espacios del poder femenino,
colaboren y sean cómplices
de la discriminación eterna. Debería
ser más sencillo escuchar que
juzgar. Especialmente ahora que el
movimiento político de las trabajadoras
del sexo en todo el mundo,
pese a quien pese, está escribiendo
su propia historia.

«Somos sujetos políticos»

Carla Corso, del Comité por los
Derechos Civiles de las Prostitutas,
Barcelona, 2003: «Cuando el
sexo es un servicio comercial, la
moral lo penaliza y lo excluye de
la libertad del mercado, y somos
víctimas de feroces explotadores
a salvar, fenómenos a estudiar o
estamos fuera de la norma. El
feminismo puede hablar de la
prostitución sin caer en preconceptos
nacidos de análisis sin
contar con las prostitutas y considerarnos
sujetos políticos».

MODELOS DE INTERVENCIÓN

Existen cuatro modelos, con
diferentes visiones del fenómeno.

PROHIBICIONISMO

Para el prohibicionismo, tanto la prostitución
como el proxenetismo son un delito, por lo que la
única forma de enfrentarse a ellos es mediante la
represión penal y medidas coercitivas. Desde
esta perspectiva, la prostituta es una delincuente
a la que se persigue policial y judicialmente.

ABOLICIONISMO

El abolicionismo sostiene que la prostitución es una forma de violencia de
género y que la prostituta -más bien, la mujer 'prostituida'- es una víctima
que no escoge libremente dedicarse a esta actividad; ésta no se puede
considerar como un trabajo, pues sería legalizar el sometimiento de la
mujer. Sus propuestas son la prevención y la reinserción e integración de
las prostituidas; además de la persecución del proxenetismo y del cliente.

REGLAMENTARISMO

El reglamentarismo considera que la prostitución es un fenómeno
potencialmente conflictivo, por lo que hay que abordarla con políticas
de control, desde una óptica en la que impera la protección
de la salud y del orden públicos: se establece la necesidad de que
la prostitución se ejerza fuera de la vía pública y, por otro lado,
que se controle administrativamente a quienes la desempeñan.

REGULACIONISMO

Para esta perspectiva, la prostitución es un trabajo voluntariamente
prestado, por lo que hay que dotar a las prostitutas de derechos. Así, la
prostitución debe tener un régimen jurídico como actividad laboral, con
derecho a sindicarse y a cotizar en la Seguridad Social, lo que mejoraría
las condiciones en las que trabajan y reduciría los riesgos a los que
se ven expuestas. Se distingue entre prostitución forzada y libre.

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