Dibujo: Iván Solbes

Seguramente no haya mejor ejemplo
de cómo operan los lobbies industriales
en contra del interés general
que la agricultura transgénica.
Los consumidores europeos rechazan
el maíz o la soja modificados genéticamente
porque la mayoría de
ellos, según todas las encuestas,
creen que los nuevos vegetales pueden
ser perjudiciales para la salud.
Las organizaciones ecologistas y un
cierto número de científicos alertan
de que no existe conocimiento sobre
los efectos en el medio de introducir
unos organismos genéticamente modificados.

Muchos agricultores, por
su parte, temen que la costosa inversión
que representan estas semillas y
los servicios asociados a ellas, con el
tiempo, les lleven a la ruina y concentren
la actividad agraria en un puñado
de ‘agroindustrias’, algo que está
ocurriendo ya en EE UU; otros
agricultores saben que el flujo de polen
transgénico puede contaminar
cultivos convencionales o cultivos
ecológicos, con lo que se corre el riesgo
de que toda la agricultura acabe
siendo transgénica. El resultado de
todo esto es una abrumadora oposición
en toda la UE, a pesar de lo cual,
los Gobiernos españoles de la última
década han permitido su comercialización
y cultivo sin apenas condiciones.
¿Cómo se explica algo así?

¿Quiénes son esos lobbistas?

Jaime Costa podría responder a esa
pregunta. En la actualidad es director
de Asuntos Regulatorios de Monsanto-
España, lo que en la terminología
empresarial significa el departamento
de lobby. Durante los años
del Gobierno popular, su presencia
en los despachos de Agricultura,
Medio Ambiente o Sanidad era constante.

Con el cambio de Gobierno, y
la posición menos clara de los nuevos
responsables socialistas, el trabajo
de éste y otros lobbistas de la
industria agroquímica se ha vuelto
más discreto, aunque su influencia
en el Ministerio de Agricultura y en
los departamentos autonómicos correspondientes
sigue intacta -no así
en el Ministerio de Medio Ambiente-.
Su trabajo es, al decir de todos
los que le conocen, incansable y eficaz:
representa en infinidad de actos
a Monsanto y a la patronal Asebio,
hace presentaciones en reuniones
científicas, acude a debates de todo
tipo, contesta en cualquier foro a los
cibernautas que mencionan a Monsanto,
se entrevista con funcionarios
de todas las Administraciones, recibe
a delegaciones de periodistas,
agricultores o funcionarios en campos
de demostración sembrados con
transgénicos...

La agroquímica suiza Syngenta, la
gran rival de Monsanto, también dispone
de ‘departamento de lobbying’,
dirigido por Esteban Alcalde. Pero
otros muchos lobbies transgénicos
presionan a los poderes públicos desde
diferentes ángulos. La Fundación
Antama -creada por Monsanto y
Syngenta, entre otras- defiende los
intereses conjuntos de las empresas
agrobiotecnológicas. El Foro Agrario -ligado económicamente a la anterior
fundación a través del Observatorio
de Biotecnología- reúne periódicamente
a los distintos agentes involucrados
en el debate transgénico,
incluidos funcionarios y altos cargos
de la Administración. Además, presionan
activamente y en la misma dirección
las patronales biotecnológicas -Asebio, en España, y Europa-
Bio, en Bruselas-; la Sociedad Española
de Biotecnología (SEBIOT), que
reúne a científicos relacionados con
estas tecnologías; la patronal de fabricantes
de semillas (APROSE); la
Confederación Española de Fabricantes
de Alimentos Compuestos para
Animales (CESFAC); el Grupo de
Empresas Agrarias (GEA, el lobby
de las grandes explotaciones agrarias);
y la Asociación General de Productores
de Maíz (AGPME). Por si
faltase algo a esta temible máquina
de presionar, las compañías y las organizaciones
creadas por ellas echan
mano, cuando es preciso, de bufetes
y agencias de relaciones públicas especializados
en tratos con el poder,
como Burson-Masteller o Power Axl.
“Yo creo”, explican fuentes de la
fiscalía, “que es preocupante la presencia
de grupos de presión transgénicos
en todos los ámbitos políticos
de decisión, tanto en España como
en la Unión Europea”. “Con el Gobierno
del PSOE”, añaden, “todos estos
grupos de presión se están reconstruyendo,
esto es evidente. Conocíamos
políticas de lobby desde el
contexto de la derecha, son más nítidas,
pero viene el PSOE y yo me encuentro
con políticas de lobby que
afectan a mi trabajo... A mí eso me
preocupa mucho”.

Aunque la inmensa mayoría de
los ‘cabilderos’, como son también
conocidos los lobbistas, representa
a un sector económico al margen de
cualquier interés social, los profesionales
de “asuntos públicos”, como
prefieren llamarse ellos, son casi
siempre personas de modales exquisitos
y con grandes dotes de comunicadores
para ‘vender’ bien sus
argumentos. El lobbista tiene siempre
la mejor y más actualizada información
en su campo, una exhaustiva
agenda de contactos y,
muy importante, habla varios idiomas
para ‘llegar’ mejor al parlamentario
o funcionario de turno.
David Hammerstein, eurodiputado
español del Grupo Verde, conoce
de cerca al colectivo de lobbistas. “En
el Parlamento”, explica, “tenemos
lobbies hasta en la sopa, y no sólo entran,
es que están presentes, entran
hasta en las reuniones de las comisiones”.

La Eurocámara creó, a finales
de los años ‘90, un registro de lobbistas
acreditados mediante una tarjeta
de acceso total -incluidos plenos
y comisiones- a sus dependencias.
Según datos oficiales, actualmente,
son 4.435 los lobbistas registrados en
el Parlamento Europeo. Con un aforo
de 732 escaños, da una proporción
de ¡seis lobbistas por diputado!
Ivo Schmidt, lobbista de la patronal
eléctrica europea (EURELECTRIC)
trabaja ahora en la nueva Directiva
sobre Calidad del Aire en
Europa, una controvertida revisión
de los objetivos de reducción de polución
de la atmósfera que ha sido
duramente criticada por todos los grupos ecologistas ya que eleva
sustancialmente los máximos permisibles
de partículas en suspensión
y otros contaminantes fijados
por una directiva anterior. Detrás
de esta ‘rebaja’ está el trabajo coordinado
y eficaz de un gran número
de industrias -las eléctricas, las gasistas,
las del automóvil...- que contribuyen
a la polución del aire.

“Cuando estamos de acuerdo varios
sectores en una dirección, solemos
trabajar una posición común
en UNICE [la patronal de patronales
europea] antes de comunicarla
a las instituciones, así tenemos más
fuerza”. “En ocasiones -explica su
colega Chris Messi, lobbista de la
asociación que representa a los talleres
mecánicos y concesionarios
de todo el continente- hablamos
con los constructores de coches, los
transportistas en camiones, y otros
sectores interesados en una determinada
regulación, y presentamos
un solo documento en la fase de
consulta pública de esa regulación
o hacemos una conferencia de
prensa conjuntamente para demostrar
que hay un frente de todo el
sector, un poco haciendo de bárbaros
a las puertas de Roma”.