UN EXAMEN INTERNACIONAL CADA CINCO AÑOS
España suspende en los derechos de los menores

El Comité de los Derechos del Niño sometió a examen
a España en septiembre. Como resultado, muestra
preocupación por las vulneraciones de los derechos
del menor que cometen tanto CC AA como el Estado.

23/11/10 · 8:00
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La Convención sobre los Derechos
del Menor
, creada en 1989 y ratificada
por España el año siguiente, es el
primer tratado internacional sobre
este tema jurídicamente vinculante.
En esta convención se reconoce que
los menores de edad son individuos
con derecho al pleno desarrollo físico,
mental y social
, y ofrece un modelo
integral sobre salud, educación,
bienestar social y participación que
los Estados deben garantizar.

Para que sea efectivo, el tratado
establece la creación del Comité de
los Derechos del Niño/a, que es el
encargado de realizar un examen
sobre los informes que los Estados
parte presentan cada cinco años
. Así,
se evalúan los avances y retrocesos
nacionales en temas de infancia.

El resultado del último examen
realizado a España pone de manifiesto
la vulneración de una serie de
derechos reconocidos, tanto por la
regulación en las leyes como por las
políticas que el Estado y las Comunidades
Autónomas llevan a cabo. A
su vez, la incidencia de los recortes
en las políticas públicas motivados
por la crisis financiera también hacen
mella en el bienestar de los menores.

A modo de resumen, pueden
destacarse estas preocupaciones y
recomendaciones hechas por parte
del comité al Estado español:

Entorno familiar. Al comité le
preocupa que muchas familias carecen
de una asistencia adecuada, en
particular las familias en situaciones
de pobreza. Según cifras del Instituto
Nacional de Estadística de octubre
de 2010, el 20,8% de la población residente
en España está por debajo
del umbral de la pobreza relativa. Por
ello, recomienda al Estado que establezca
un sistema de prestaciones familiares
y prestaciones por hijo para
asegurar que ningún grupo de menores
viva por debajo de ese umbral.

Centros de protección terapéuticos. Destaca la
situación de los menores con trastornos
de conducta que son ingresados
en centros especiales, financiados
por las administraciones
públicas y de gestión privada, y que
cuentan con una gran variedad de
programas de intervención, desde
muy restrictivos a más abiertos.

Salud mental infantil. Muestra inquietud
porque existe una alta prevalencia
de trastornos emocionales y
psicosociales que no son abordados
adecuadamente, así como por el aumento,
en un plazo corto de tiempo,
de la prescripción de psicoestimulantes
a niños y niñas diagnosticados
con Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH). “Nos
encontramos con el problema de la
doble marginación que sufre en
España la atención de la salud mental
de los niños y adolescentes (la
que, por un lado, padecen en el ámbito
de la Sanidad y, por otro, en el
de la salud mental de adultos)”, según
afirma la Asociación Española
de Neuropsiquiatría en su Informe
sobre la Salud Mental de Niños y
Adolescentes presentado en 2010.

Por estas razones, emplaza a que
se elabore una política nacional de
salud mental infantil, que debe incluir
la promoción de la salud mental
positiva y el bienestar emocional, la
prevención de los problemas comunes
de salud mental en las escuelas,
el tratamiento de atención primaria
de salud y el desarrollo de equipos
especializados en los servicios ambulatorios
y de hospitalización. También
emplaza a examinar cuidadosamente
el fenómeno de la prescripción
excesiva de medicamentos a los
niños y niñas diagnosticados con
TDAH y otros trastornos del comportamiento
y a que se revisen los recursos
psicológicos y educativos con los
que cuentan sus padres y maestros.

Nivel de vida de los menores.
Resalta que uno de cada cuatro niños
y niñas vive en hogares con ingresos
por debajo del umbral de la
pobreza. Eso sí, el Ministerio de Sanidad
en su estudio Encuesta Nacional
de Salud de España, publicado
en 2008, titulaba que la calidad
de vida infantil en España se sitúa
por encima de la media de la UE.
Para ello, el comité recomienda que
se cree un Plan Nacional para combatir
la pobreza infantil, que establezca
un marco coherente de identificación
de acciones prioritarias
contra la exclusión, con objetivos
específicos y cuantificables, indicadores
claros, plazos y suficiente apoyo
económico y financiero.

Educación. Destaca la alta tasa
de abandono escolar temprano (según
datos de un reciente estudio de
la Fundación La Caixa, un 28% de
estudiantes abandonan la ESO sin
graduarse) y la baja participación
de los niños, niñas y adolescentes
en las escuelas. Por estos motivos,
emplaza al Estado a que amplíe la
educación y la formación profesional
y garantice el derecho de todo
menor a una verdadera educación
inclusiva, con especial atención a los
grupos con necesidades educativas
especiales y en riesgo de exclusión
.

Menores extranjeros no acompañados.
El comité denuncia los diferentes
métodos utilizados para
determinar la edad de los niños y
niñas no acompañados (MENA, ver
recuadro inferior) y los malos tratos
sufridos por parte de la policía durante
las repatriaciones forzadas o
involuntarias a su país de origen. En
estas ocasiones, a veces son deporta-
dos sin acceso a un abogado ni a interpretación.
Otra denuncia que realiza
es la entrega de MENA a las autoridades
fronterizas marroquíes y
no a los servicios sociales del país de
origen, o el incumplimiento de las
autoridades españolas en proporcionar
a los MENA el estatus de residencia
legal temporal, al que tienen
derecho legalmente, además de las
condiciones de infrahabitabilidad y
el abandono en los centros de emergencia
en las Canarias y en Ceuta.

Privación de libertad a menores
de edad.
Recomienda a España que
revise su legislación para reducir al
mínimo las condenas de privación de
libertad a los menores. Para ello, emplaza
al Estado a que armonice su
normativa y sus políticas con los estándares
internacionales mediante el
fortalecimiento de las medidas preventivas,
como el apoyo al papel de
las familias; la utilización de la privación
de la libertad como medida de
último recurso y el fomento del uso
de medidas alternativas, como la mediación,
la libertad condicional, el
asesoramiento y los servicios a la comunidad
y a las familias; así como la
garantía de que la privación de la libertad
termina con una propuesta individualizada
de seguimiento y de
reinserción del menor, en estrecha
coordinación con los servicios sociales
y educativos.


DENUNCIAS
DE AMNISTÍA


Recientemente Amnistía Internacional
(AI) ha publicado dos
informes, el último en agosto,
sobre los menores en Centros de
Protección Terapéuticos en España.
AI denuncia el internamiento
y permanencia en estos centros,
ya que se llevan a cabo procedimientos
administrativos sin
garantías; denuncia los castigos
y prácticas equivalentes a torturas
o trato cruel, degradante o
inhumano; evidencia el incumpliento
del derecho a la salud en
su interior y, por último, muestra
su preocupación por la supervisión
de estos centros y la opacidad
sobre su gestión.

PRUEBAS RADIOLÓGICAS Y UN REGISTRO DE MENORES NO ACOMPAÑADOS INEXISTENTE

Pese a que el Comité de la Convención
de los Derechos del Niño
señala en su informe que "toma
nota de las medidas adoptadas"
por el Estado español, «incluida
la creación de un registro de los
niños no acompañados en la
Dirección General de la Policía»,
la inoperatividad del Registro
Central que el artículo 111 del
Reglamento de Extranjería prevé
desde 2005
ha sido denunciada
recientemente por la Defensora
del Pueblo, María Luisa Cava de
Llano, que ha insistido en que tal
registro contribuiría a evitar la
«inseguridad total» de este grupo.

La Defensora subrayó también
que el descenso de menores
extranjeros no acompañados
(MENA) llegados en cayuco (475
en 2009, por los 995 de 2008,
según datos de la Fiscalía General
del Estado) no ha tenido contraparte
en el escaso descenso
de expedientes para determinar
la edad, que sólo ha bajado un
17%.
Las CC AA tienden a realizar
pruebas oseométricas para
determinar la edad de los MENA,
aunque tengan un pasaporte que
diga que no tienen 18 años.

Los amplios márgenes de error
de dichas pruebas y la descoordinación
entre CC AA ha provocado
que muchos MENA sean tratados
como mayores y queden
fuera del sistema de protección.
«En muchos casos, se ha practicado
la prueba a la misma persona,
con resultados contradictorios,
por distintas CC AA
, sin que
ni las distintas Fiscalías Provinciales
ni la propia Dirección
General de la Policía tengan
acceso a las mismas, ante la
inexistencia de una base de
datos donde se anoten los resultados
de las citadas pruebas»,
explicaba en marzo [el Defensor
del Pueblo a DIAGONAL->http://www.diagonalperiodico.net/El-Defensor-del-Pueblo-lleva-su.html?id....

Varias sentencias hechas públicas
por la [Fundación Raíces->http://www.fundacionraices.org/] en
Madrid han reconocido la veracidad
de la documentación de 13
de los 18 MENA subsaharianos
que en febrero de este año eran
acusados de falsedad documental
y dejados en la calle. Las
denuncias contra los menores
han sido archivadas, pero, después
de tantos meses, algunos
ya son mayores de edad.

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