El 1 de julio, en el marco de la Semana de Lucha Social organizada por Rompamos el Silencio, una treintena de activistas han acudido al Instituto Madrileño del Menor y la familia(IMMF), situado en la calle Gran Vía 14, para denunciar el trato recibido por los menores que se encuentran en los centros de protección de la Comunidad de Madrid.
Frente al IMMF estaban situados varias dotaciones de antidisturbios, que identificaron a los activistas presentes. Los activistas desplegaron una pancarta en la que se leía “Solidaridad con l@s chic@s encerrad@s en el Centro Picón” y gritaron consignas como "Esta oficina tortura y asesina" o "Libertad para l@s chavales". Tiraron pasquines en los que se leía “Hamid Amrrani muerto en el centro de menores Picón de Jarama. Siete meses de impunidad” o "María Victoria Ruiz Pérez, Paloma Martín Martín, Esperanza Aguirre, responsables de la muerte de Hamid Amrrani y del sufrimiento de l@s chaval@s encerrad@s en Centros de Menores de la Comunidad de Madrid".
Entre 2004 y 2009, han muerto 13 menores en Centros de Menores de la Comunidad de Madrid. Casos como el de Hamid Amrrani, un menor de 12 años que apareció muerto el pasado 2 de diciembre en Picón del Jarama tras permanecer encerrado en una habitación durante 24 horas. O el de Saray Granados, otra de las menores mencionada en los textos repartidos ante la sede del IMMF, que murió el 19 de abril de 2009 cuando se tiró en marcha de una furgoneta que la trasladaba de vuelta al centro Casajoven, en Azuqueca de Henares, tras pasar unos días con su familia.
Desde Rompamos el Silencio se denuncia la grave situación de los centros de menores y exigen responsabilidad a los principales representantes del IMMF. Destaca la situación del Centro de Picón, situado en Paracuellos del Jarama, gestionado por la Fundación Internacional O’Belén, en el que se practican, según el último informe del Defensor del Pueblo, el aislamiento, la medicación forzosa, la violación del derecho de intimidad, humillaciones así como agresiones físicas y psicológicas. Estas prácticas suponen una vulneración de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado español en 1990, según el comunicado del Rompamos el Silencio.
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