Marta Adsuara nació en el Hospital General de Castellón en 1974. Tras el parto dijeron a su madre que la niña había muerto. Hoy, 38 años después, Marta ha localizado a su madre gracias a Faceboock.

El encuentro se produjo hace unos meses y ahora Marta ha dado a conocer los detalles de su adopción en la que participó el ginecólogo que atendió a la madre en el parto y que firmó la supuesta muerte de la pequeña. Ese médico participó también en la entrega de la recién nacida a la madre adoptiva junto con otras personas.

La que fue una niña robada asegura que cuenta con documentación que implica a conocidos políticos que firmaron documentos que permitieron su adopción, entre ellos "una persona muy conocida de Castellón".
Asegura que la denuncia ya está en el juzgado y que esas personas "tienen que pagar lo que hicieron".

Sus sospechas empezaron hace años cuando encontró
un certificado de adopción donde figuran datos que no coinciden. Además, la niña fue registrada en el libro de familia
como hija natural de los padres adoptivos.

El ginecólogo falsificó documentos

Marta ha revelado que el ginecólogo que atendió
a su madre biológica falsificó los documentos del nacimiento y comunicó a la familia que el bebé había muerto.

Entonces, ese mismo médico junto con otras personas habían pactado ya la entrega de la niña. Ésta ha realizado una investigación
sobre sus orígenes y gracias a internet hoy conoce a su madre.

La afectada dio a conocer el 28 de febrero que contaba con documentos relevantes que implicaban también a otra persona (un político) muy conocida en la provincia.

En el mismo centro público donde ocurrió el caso de Marta Adsuara, el Hospital General de Castellón, existen más casos denunciados en las mismas circunstancias, entre los años 70 y 80. También existen denuncias en la misma provincia en el Hospital provincial entre los años 50 y 70 y en la Clínica Palomo, privada. Sólo en esa provincia existen más de 14 denuncias que han sido archivadas en su mayoría según denuncia la presidenta de la asociación Sos Bebés Robados.

La Comunitat Valenciana una de las más afectadas

En la Comunitat Valenciana
existe un número muy elevado de
casos de bebés robados. Muchos
de ellos se registraron en la Casa
Cuna Santa Isabel, que sigue abierta
y gestiona adopciones por la
misma monja que se cita como responsable en
varias denuncias, sor Aurora
Gallego, galardonada en repetidas
ocasiones por la Comunitat de
Valencia y que ha declarado la necesidad
de instalar el torno, de nuevo, en este
centro “para evitar abortos”.

Pero gran parte de las denuncias
se fijan en la Clínica de la Cigüeña, una maternidad muy pequeña de
la que se calcula salieron cientos de
bebés robados. Los archivos de La
Cigüeña se encuentran en la Fundación
Bancaja, de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Valencia. Sin
embargo, la fundación se niega a
entregar los expedientes de las madres
que estuvieron ingresadas en
dicha clínica a los afectados.

Una iniciativa legislativa

En esta comunidad, el grupo de
Esquerra Unida presentó el 21 de
febrero una proposición no de Ley
para solicitar al Gobierno valenciano
que investigue el robo de niños.

La diputada Esther López manifestó ante la cámara
que, según los afectados por
la desaparición de niños, son más
de 300.000 las familias que han perdido
el rastro de sus hijos en todo el Estado español, una gran parte de ellas corresponde a familias del País Valenciano.

La misma
proposición pedía a la
Comunitat y al Gobierno que investigase
el robo de niños. La propuesta
fue rechazada por el Partido
Popular, con mayoría absoluta.

Esther López ha declarado a
 DIAGONAL que, además, “no existe
un protocolo de actuación en el
caso de las exhumaciones de niños que ya
se están llevando a cabo, por orden judicial,
en el País Valenciano”. Eso fue lo
que ocurrió en el cementerio de
Alicante en febrero, cuando el
Fiscal que instruye varias denuncias,
quiso abrir la fosa común
donde se pretendía comprobar si
había restos de una niña dada por
muerta al nacer.

Esther López se
encontraba allí a petición de la familia
afectada, la de María José
Picó, y finalmente, fue la diputada
regional, que es también arqueóloga,
la que tuvo que acabar dirigiendo
la exhumación. “No había
previsto ningún equipo que
dirigiese las tareas”, señala. El Gobierno
valenciano comunicó días
después que no destinará fondos públicos
para exhumar a los bebés.