Ilustración: Iván Solbes.

“Yo no sabía que era adoptada. Mis
padres nunca me contaron nada.
Ahora conozco mis orígenes. Es
frustrante levantarse por la mañana
y no saber quién eres”. Así comienza
su relato Isabel, nombre ficticio de
una adoptada nacida en febrero de
1981 en la clínica privada San
Ramón de Madrid. A los 30 años ha
reconstruido su historia y ha conocido
a su familia biológica gracias a un
 ‘despiste’ de la trama que rellenó las
facturas que pagaron sus padres
adoptivos cuando ella era un bebé.

“Con 18 años, muchos adoptados
saben que sus padres no son los padres
biológicos, aunque no les digan
nada. Te empiezas a dar cuenta de
cosas. No hay fotos del nacimiento.
En mi caso, además, cuando ya sospechaba
que era adoptada encontré
una foto en la que mi madre tenía
que estar embarazada de ocho meses
 de mi hermano... No lo estaba”.

Partida de nacimiento literal

Con todas estas sospechas, Isabel fue
a una asistente social. “Me dijo que
pidiese una partida literal de nacimiento
en el registro. Pero no lo hice.
Me tomé diez años”.

Hace dos años, pidió la partida de
nacimiento por internet. Sabía que
había nacido en San Ramón pero
desconocía todo lo que había alrededor
de esa maternidad. “Encontré los
foros de adoptados de San Ramón:
que si el doctor Vela, que si el tráfico
de niños...”, explica Isabel.

En esa maternidad privada, cientos
de bebés fueron entregados con
documentos manipulados. Una red
 de pisos regentados por monjas surtía
de embarazadas a la maternidad.
 Sus hijos eran vendidos gracias a la
complicidad de un grupo de personas
a las órdenes del ginecólogo
Eduardo Vela Vela.

Con la partida de nacimiento en la
 mano, las sospechas de Isabel se confirmaron.
“Mi hermano y yo hablamos
 con mis padres. Nos confirmaron
que éramos adoptados, hijos de
la misma madre”. Pero no querían
 dar muchas explicaciones. Sus padres
no podían tener hijos y estaban
apuntados en todas las listas de los
hospitales públicos de Madrid, pero
tenían que esperar uno o dos años. A
su padre, un compañero de trabajo
le dijo cómo agilizar la espera y que
se dirigiera a la Asociación Española
para la Protección de la Adopción
 (AEPA), asociación privada considerada
de utilidad pública, y de ahí los
enviaron a San Ramón. “A los dos días
de nacer ya estaba con mis padres
adoptivos, sin ningún documento oficial,
sólo con un papel de la clínica
que decía que había nacido el 12 de
agosto de 1981 –pero yo nací en febrero–,
mi peso y la hora de nacimiento.
A los cinco meses mis padres
se personaron en el juzgado con testigos
y la documentación facilitada
por la AEPA para pedir el auto de
adopción. En la carta, que firmaba el
doctor Vela en el juzgado, decía que
yo era de padres desconocidos. “Pero
dos años después mis padres recibieron
la llamada de la asistente social
de la AEPA porque tenían otro bebé
de la misma madre. Entonces, ¿por
qué figura que soy abandonada, de
padres desconocidos?”, se pregunta
Isabel. Y responde: “Ellos sabían quién era mi madre".

Cientos de bebés en San Ramón

En todos los casos de adoptados
en San Ramón, no aparecen las renuncias
de las madres y les dicen que
los expedientes tampoco existen.
“Los hijos con la mayoría de edad no
hemos podido averiguar nuestros
orígenes como marca la ley. Tenemos
todos la misma carta firmada
por el doctor Vela, en la que consta
que fuimos abandonados. Cuando
vamos a la Comunidad de Madrid a
solicitar nuestro expediente nos dicen:
‘Otro de San Ramón... Aquí no
hay nada’, repiten”, explica Isabel. Tras
varias conversaciones y “algunas
broncas”, sus padres han ido
contándole algunas cosas en estos
dos últimos años. Sabían que su madre
era una maestra que dio a luz con
24 años. “Mis padres dijeron cómo
se llamaba y que podría ser una mujer
de la zona de Aragón, datos que
le escucharon a la asistente social”.
A San Ramón llegaban mujeres desde
todos los puntos del país, se trataba
de ocultar el embarazo. “Muchas
embarazadas decidieron dar a sus
hijos, otras muchas no pudieron
arrepentirse. Cuando despertaban
de la anestesia, pues a todas las dormían,
el bebé había desaparecido”,
señala Isabel.

Entre los testimonios de las madres
e hijos que integran la Asociación
de Afectados de las Clínicas San
Ramón, Santa Cristina y Belén, una
madre dice que ella no sabía que su
hijo iba a desaparecer. Las monjas la
llevaron a esa maternidad. Tras el
parto insistió en ver al niño y sólo pudo
estar unos segundos con él. Le
dieron el alta con la promesa de entregarle
más tarde al bebé. Cuando
volvió a la clínica, una monja le dijo:
“Tú aquí no has estado”.

Isabel dispone de copias de las facturas
que pagaron sus padres por
ella: 50.000 pesetas por la estancia
de la embarazada en una residencia
de monjas y 52.000 por el parto, en
concepto de “quirófano, gasas, matrona,
teléfono, etc”. Entre esos papeles,
una anotación cambió su vida.
“En el margen de una factura consta
a lápiz el nombre de mi madre. A
alguien se le olvidó borrarlo. El apellido
es muy raro y en seguida encontré
el pueblo en el que vivía mi
madre.

El año pasado llamó una amiga
a su casa. Yo no tuve valor. Pero
no dijo nada de mí. Le atendió por teléfono
la hija de mi madre, mi hermana.
Después mi amiga llamó a mi
abuela biológica y le contó casi todo,
y más tarde envié una carta en la que
adjuntaba mi número de teléfono”.
Isabel dice que al poco tiempo habló
con su tío. “Estábamos como un flan.

Él me dijo que todo cuadraba. Encontré
a mi madre, pero ya era demasiado
tarde. Había muerto por un
cáncer hacía un año y medio”. Meses
después se encontraron todos a medio
camino, entre sus dos ciudades
de origen, para conocerse. “Fue muy
emotivo, pero en el encuentro no estaban
mis otros hermanos, no lo saben
aún. Mi madre biológica se casó
al poco de nacer mi hermano. Y tuvo
otros hijos con su novio de toda la vida,
el que debe ser mi padre. Pero no
lo sabemos, él también murió”.

“¿Por qué mis padres adoptivos no
me dijeron la verdad? –se pregunta
Isabel–. Ellos me responden que todo
es legal, tienen escrituras. Pero, al fin
y al cabo, ellos pagaron gastos  para la época”, señala. Cuando
ella cumplió dos años, la asistente
social de la AEPA, le dijo a sus padres
que tenía otro niño para ellos.
En ese caso, la madre biológica de
Isabel dio a luz en la maternidad de
Santa Cristina, en la zona privada.
“En la adopción de mi hermano medió
sor María Gómez Valbuena.
A mis padres les dieron una carta
igual que la mía en la que ponía que
era un niño abandonado. Pero tampoco
hay renuncia de mi madre biológica.
Los papeles están aprobados
por el Tutelar de Menores”.

Entregados para ser educados en la fe católica

Las escrituras de la Asociación
Española para la Protección de la
Adopción (AEPA) contienen no
sólo datos del bebé adoptado y
las personas que intervinieron en
la adopción, también constan los
principios en los que los padres
se comprometieron a educar a
esos niños. En el caso de Isabel,
las escrituras apuntan que los
padres adoptivos “profesan la fe
católica, bajo cuyas directrices se
proponen educar a su hija (…). Y
disfrutan de una buena posición
social y económica”. La AEPA,
asociación privada, contaba con
las bendiciones del Tribunal Tutelar
de Menores, con el que compartía
las instalaciones en la
calle Fernández de la Hoz, 35 de
Madrid. La asociación tenía una
lista de padres dispuestos a
pagar por un bebé, y eso era
bien visto por el Tribunal Tutelar.
El fundador, el entonces fiscal
del Tribunal Supremo Enrique
Guijarro, creó la asociación en
1969 y estuvo al frente de ella
hasta 1981. La organización
tenía el respaldo del Consejo
Superior de Protección de Menores
y Cáritas. Tras Guijarro, la
monja sor María Gómez Valbuena,
desde su puesto de asistente
social en la maternidad pública
Santa Cristina, en la calle O’Don
nell, enviaba a los padres
que querían adoptar a la
AEPA. Mientras, muchas
mujeres pasaban los últimos
días del embarazo
en pisos de monjas y
después eran llevadas
 a San Ramón donde
 nacían los bebés que ya
había adjudicado la Asociación
Española para la
Adopción. Sor María coordinó
todo durante más
de 12 años. Ella reconoció
que en sólo tres años
gestionó más de 3.000
adopciones. Esta asociación
católica integraba a
abogados, médicos y religiosos
ligados al Opus
Dei. Cuando la regulación
de las adopciones fue
pasando a manos del
Estado, finales de los
‘80, tanto la monja como
Guijarro se opusieron.
Éste fue sustituido en la
AEPA por el abogado
José María Cruz, pero las
‘irregularidades’ siguieron.
Las escrituras tenían
la firma de las asistentes
sociales Rosario Vegas y
Consuelo de la Vega.
Médicos como Ignacio
Villa Elizaga o Enrique
  Bonachera y la abogada
Amalia Franco, entre
otras personas.