UN 10% MENOS DE PRESUPUESTO EN LAS CATALANAS
Elecciones en una universidad desprestigiada

En un momento de asfixia económica por el
presupuesto que les deben las CC AA y los intentos de
apropiación por personas ajenas a la Universidad, se
desarrollan elecciones a numerosos rectorados.

- Necesitamos rectores ‘progres’

22/04/11 · 8:40

La Universidad está en campaña
electoral. La mayoría de campus
del Estado están inmersos en la
renovación de sus rectorados. Las
promesas de los candidatos, sus
fotos y eslóganes, inundan los pasillos,
y las luchas de poder por el
máximo órgano de los campus
han comenzado.

Los candidatos están en fase de
prometer, pero muchos saben que
lo que ellos prometan está supeditado
a la financiación
, que procede
de los entes autonómicos. La situación
de la deuda de las administraciones
regionales con algunas universidades
públicas es alarmante.

Aunque no se conoce el montante
total, en comunidades como la valenciana
se ha recurrido para hacer
frente a los gastos corrientes al
‘confirming’, una práctica que supone
que la Generalitat se compromete

a pagar la deuda, pero la
transfiere a una entidad bancaria. De esta forma las universidades se
aseguran la liquidez mínima para
funcionar, aunque deben sufragar
el pago de los intereses.

En otros casos, como en la
Comunidad de Madrid, los juzgados
han dado la razón parcialmente
a las universidades. La Complutense
fue la única que recurrió a esta
vía para reclamar el pago y el
juez sólo ha estimado como legítimos
18 de los 57 millones en gastos
corrientes que la Comunidad le
adeuda
. Desde 2008, los rectores
de las distintas universidades de la
región reclaman a la comunidad
más de 250 millones.

No es mejor la situación de las
universidades catalanas. La crisis
y las demoras de las partidas comprometidas
por el Govern las han
conducido a una situación límite.
Las ocho universidades públicas
catalanas deberán ajustar sus presupuestos
un 10%
a la baja y hacer
“sacrificios” al menos durante dos
años. En La Autònoma de Barcelona
(UAB) y la de Girona (UdG)
han puesto en marcha sendos planes
de choque para seguir funcionando.
Además, el conjunto de las
universidades catalanas han pedido
al Estado una demora en los pagos
de los préstamos concedidos
para crear los parques científicos.

Si la financiación condiciona la
labor del gobierno rectoral, tampoco
hay que obviar el papel de los
consejos sociales. En la mayoría
de autonomías, el presidente del
Consejo Social es nombrado por el
Gobierno regional. A este organismo,
creado con la LOU, se le supone
el nexo de la sociedad con la
universidad, pero en la práctica se
convierte en el mecanismo que las
empresas utilizan para hacerse oír
en los campus. Su función principal
es aprobar los presupuestos
presentados por el equipo rectoral,
pero no quieren conformarse
con eso.

Los planes para el futuro

En diciembre se conoció un documento,
fechado en julio de 2010, de
los presidentes de los consejos sociales
de las universidades catalanas.
En él se aboga por dejar el
Gobierno de la universidad en manos
de un profesional ajeno al ámbito
académico, nombrado por el Parlament.
Las patronales Foment del
Treball y Pymec se apresuraron a
apoyar esta posición. La idea no es
nueva, simplemente se hicieron eco
del informe Estrategia Universidad
2015: la gobernanza de la Universidad,
encargado por el Ministerio y
presentado en 2009 por la Fundación
Conocimiento y Desarrollo.

El
informe de la fundación presidida
por Ana Patricia Botín, plantea para
la gobernanza, entre otras cosas, un
modelo de corte anglosajón
, consistente
en que los rectores se conviertan
en meros gestores nombrados
por el Consejo Social.
Pero hay más. En el citado documento
se apuesta por “facilitar mecanismos
que proporcionen autoridad
a los máximos responsables en
la dirección y la gestión de las universidades”.

Para ello proponen la
sustitución del Claustro
–máximo
órgano decisorio actual compuesto
por profesores, estudiantes y trabajadores–
por un Consejo Superior,
“órgano de gobierno y de máxima
responsabilidad de la Universidad,
formado por un grupo reducido
de miembros, no superior a
15, con una mayoría de representantes
de la sociedad”. Entre las
funciones de este Consejo Superior
estaría elaborar y aprobar el presupuesto,
elaborar y aprobar estatutos
y supervisar y evaluar la calidad
(docencia, investigación y
transferencia) docente, teniendo
que rendir cuentas al Parlament de
Catalunya.

En materia de financiación,
por ejemplo, se promueve
una reducción de la financiación
básica (financiación pública)
a favor
de la “financiación estratégica”
dedicando un mayor peso a la investigación
y gestión, dejando tan
solo en el 35% el aporte en docencia,
socavando así el carácter público
de la Universidad y situándola
en el centro de las exigencias
propias del mercado.

El claustro de la Universitat de
Barcelona consiguió hacer dimitir
al presidente de su Consejo
Social cuando se hizo público este
documento
. Los rectores catalanes
se distanciaron. Pero a nadie
se le escapa que la línea que
va a tomar la siguiente reforma
tendrá muy en cuenta estas recomendaciones.
¿Estaremos viviendo
las últimas convocatorias de
elecciones a rector?

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