ANÁLISIS // LA CONFRONTACIÓN OBLIGA A LA CRIMINALIDAD A MUTAR PARA SOBREVIVIR Y AL ESTADO A ADECUAR LA ACTUAL
Dudas sobre los objetivos de ‘la guerra al narco’

Para este periodista mexicano,
la creciente militarización
no consigue frenar a los carteles
de la droga, por lo que
es necesario interrogarse sobre
sus reales propósitos.

03/09/09 · 0:00
Edición impresa
JPG - 176.2 KB
Foto: Martintoy

En la actual ofensiva militar del
Gobierno mexicano en contra
de las organizaciones delictivas
dedicadas al narcotráfico, la llamada
“guerra al narco”, aparecen cada
vez más sombras. Y muchas dudas.
Las sombras pertenecen sobre todo al
ámbito de los derechos de los ciudadanos
que son puestos en entredicho no
solamente por la presencia de más de
70.000 soldados en las calles del país, sino
también por las modificaciones legislativas
que han ido cambiando el
contexto del conflicto entre el Estado y
los carteles de la droga. Es importante
mencionar el debate que se ha desatado
en la sociedad mexicana alrededor del
llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad
por parte de las tropas y sus mandos
de ser juzgados siempre y de todas
formas por los órganos de justicia militar.
El debate se desata evidentemente
por los ya incontables episodios de abusos
por parte castrense hacia la ciudadanía
:
irrupciones en casas particulares,
detenciones arbitrarias, violaciones a los
más básicos derechos, pero también algunos
homicidios, “errores” o “legítimas
respuestas” que quizás un día, terminada
esta absurda guerra (que solamente
en el primer semestre de este año produjo
4.000 muertos), nos describirán como
“efectos colaterales”. El último episodio
de este debate es el rechazo, el 10 de
agosto, por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad
de juicio por parte de la justicia civil
de los atropellos cometidos por los militares.
La SCJN, llamada a resolver el dilema,
ratifica la actual situación y no resuelve
la contradicción creada por el uso
del Ejército para funciones de policía.
Por el otro lado, al recrudecerse la situación
que conlleva cada día más muertos
y violencia en el país, así como la evolución
de la confrontación misma que orilla
a la criminalidad a buscar cada vez
más y nuevos instrumentos de supervivencia,
obliga –por así decirlo– al Estado
a adecuar la actual legislación, acotando
libertades, irrumpiendo en la privacidad
ciudadana, otorgando más poderes a sus
fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin
meter mano alguna en los problemas
reales: corrupción e impunidad.

En este escenario, surgen las dudas
acerca de la real efectividad de la “guerra
al narcotráfico” y también acerca de los
intereses reales que puedan esconderse
tras tanta campaña mediática. Es urgente
recordar cómo la decisión inicial de
promover un choque frontal entre las
fuerzas del Estado y las organizaciones
criminales haya respondido a la urgencia
por parte de Felipe Calderón de legitimarse
frente a una sociedad que aún
hoy duda de la legalidad de las elecciones
que le entregaron la Presidencia.
Una decisión entonces que se puede leer
a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante
de ofrecer un elemento fuerte y
definitivamente cautivante para todos: el
de la seguridad y de la guerra contra
quienes la ponen en peligro. Por otro lado
es preciso también subrayar la inutilidad
de la estrategia actual del Gobierno
mexicano. Una estrategia que parece
trasmutada de la guerra al narco en Colombia,
que busca nada más descabezar
a los carteles, haciendo absoluto caso
omiso no solamente de la naturaleza de
estas organizaciones –parecidas a una
hidra por su capacidad de sustitución de
líderes–, sino sobre todo del entorno social
que permiten la existencia de estas
organizaciones y el cada vez mayor consenso
social que consiguen.

2010, año delicado

Así, es necesario tratar de contestar las
dudas. La creciente militarización de la
sociedad mexicana evidentemente responde
también a otras necesidades. Si el
objetivo primario de vencer al narco no
se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar
en objetivos secundarios? Por ejemplo,
un 2010 que se perfila cada día más
como un año delicado, debido no solamente
a las consecuencias sociales que
está comenzando a tener la crisis económica
global en México, sino también al
Bicentenario de la Lucha de Independencia
de México y al Centenario de la
Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios,
con un fuerte tinte simbólico,
llamarán sin duda a la sociedad mexicana
a confrontarse con una pregunta
esencial: ¿se han cumplido cabalmente
los anhelos de justicia, libertad, independencia
y democracia reivindicados en
esos dos momentos históricos? Responder,
en el contexto de un empobrecimiento
generalizado y en el medio del
acotamiento de ciertos derechos –por el
Estado de excepción que impone la guerra
al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor
reto, tanto para la sociedad mexicana,
cuanto para el Gobierno de Calderón.
Mientras, el Gobierno parece adelantar
posibles respuestas. Así la presencia militar
asume nuevas características. Por
un lado, el control territorial; por otro,
ofrecer una señal inequívoca a aquellos
que podrían estar pensando en soluciones
más radicales que las protestas callejeras:
estamos listos. En un escenario en
el que el narcotráfico sigue sobreviviendo
y la sociedad podría sublevarse, el
Gobierno –de querer seguir existiendo–
tendría solamente una vía de fuga: pactar
con la delincuencia organizada y
aniquilar a los revoltosos.

Artículos relacionados en este número
_ [México, represión
con el aval de Obama->8732]

_ [«Acteal, un crimen de
Estado no resuelto»->8734]

_ [Acteal, herida que no cierra->8735]

Tags relacionados: Militarismo
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto