ANTIMILITARISMO: LA AGENCIA TRIBUTARIA LES HA EMBARGADO MÁS DE 2.000 EUROS
Dos objetores a los gastos militares exploran la vía judicial

El antimilitarista Jorge Güemes acaba de presentar ante el más alto tribunal valenciano un recurso. El objetivo difundir el rechazo a los gastos militares.

18/01/11 · 9:13
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El 1 de diciembre, el objetor fiscal
Jorge Güemes presentaba ante el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana un recurso
en el que defiende y justifica el desvío
de parte de sus impuestos hacia
fines sociales no militaristas
. Un caso
similar al del también valenciano
Hugo Alcalde que recientemente ha
recurrido a un tribunal para defender
el derecho a realizar la objeción
fiscal. Ambos llevan varios años
practicando esta forma de rechazo
al gasto militar y recientemente Hacienda
les ha embargado las cantidades
desviadas, que entre los dos
superan los 2.000 euros.

Desde hace casi 30 años redes pacifistas
y antimilitaristas del Estado
español impulsan la objeción fiscal
al gasto militar. Una de estas redes,
Alternativa Antimilitarista-MOC,
está proporcionando asesoramiento
legal y apoyo político a estos objetores.

Expresión de la libertad

Con su escrito ante el más alto tribunal
valenciano, Güemes recurre
la decisión del Tribunal Económico
Administrativo Regional
(TEAR) de febrero de confirmar la
postura del fisco y permitir el embargo
de su cuenta por el importe
de la cantidad objetada más los intereses
de demora. El recurso presentado
continúa la vía administrativa
iniciada por este objetor
tras negarse a acatar los requerimientos
de la Agencia Tributaria
para que pagara las cantidades detraídas
de sus declaraciones.

El recurso argumenta que la acción
del objetor es la expresión de
derechos fundamentales
como el
de libertad ideológica, que no sólo
ampara formas de pensar basadas
en convicciones profundas, sino
también la acción coherente con
ellas y pone límites al poder del Estado.

La objeción de conciencia al
sostenimiento de los ejércitos mediante
los impuestos directos sería
así una expresión de esta libertad
ideológica. La Constitución y las leyes
internacionales protegerían este
derecho, exista o no una legislación
que lo regule. Además, y más
importante aún, sostiene el recurso,
la desobediencia civil, que es la objeción
fiscal pacifista
, es también
una garantía del derecho político
colectivo a un orden internacional
justo y unas relaciones internacionales
pacíficas.

En el mismo recurso se explicita
también que el objetor no está
buscando meramente amparo en
contra de una decisión administrativa
injusta, sino que se trata
de seguir un imperativo ético de
ayudar a difundir la objeción fiscal,
usando su caso como altavoz
de estos planteamientos.

Alcalde, pendiente del TEAR

La iniciativa de Hugo Alcalde es similar
pero se encuentra en el estadio
anterior. Este objetor está a la
espera de que el TEAR resuelva sus
recursos contra la reclamación de
Hacienda del importe de la objeción
fiscal de cuatro declaraciones de la
renta. Tanto a Güemes como a
Alcalde, Hacienda les ha embargado
las cantidades desviadas
pero estos
dos objetores decidieron iniciar
el pulso judicial para conseguir que
les fuera devuelto ese dinero y usar
el eco que pudiera generar su lucha
en los tribunales para difundir las
campañas de objeción fiscal.

El precedente judicial más cercano
es de marzo de 2006, cuando el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
estimó parcialmente el recurso
presentado por el objetor
Joan Surroca y decidió anular la
sanción que quería aplicar contra él
la Agencia Tributaria, si bien obligaba
a éste a abonar las cantidades
reclamadas por el fisco. Desde entonces,
Hacienda ha dejado de considerar
punible la objeción fiscal y
se limita a reclamar el dinero desviado.
Lo novedoso en los casos de
Güemes y Alcalde no está tanto en
la acción confiscatoria de Hacienda,
sino en la actitud activa de estos dos
objetores fiscales.

Todos los años, de los alrededor
de 1.000 objetores
que contabiliza
Alternativa Antimilitarista-MOC,
sólo un pequeño porcentaje recibe
la declaración paralela de la Agencia
Tributaria, avisándoles de su
“error” y reclamándoles el pago de
la cantidad desviada. Según las redes
antimilitaristas que organizan
estas campañas, no hay cambios
significativos en la actitud del fisco
hacia los desobedientes.

Campaña pública

Sin embargo, y a diferencia de la inmensa
mayoría de los objetores que
se ven confrontados con Hacienda
y que deciden pagar para evitar
complicaciones y recargos, Hugo
Alcalde y Jorge Güemes han decidido
no solamente recurrir a los tribunales,
sino también rodear sus
casos de una campaña pública antimilitarista,
con la esperanza de extender
la crítica al gasto militar, animar
a otras personas a practicar la
objeción fiscal, y abrir camino para
que otros objetores le pierdan el
miedo a ‘plantarse’ ante Hacienda.

DESOBEDIENCIA CIVIL EN ZARAGOZA

_ J. LÓPEZ

El día Internacional
de las personas Presas
de Conciencia
por la Paz se entregaron
en la Universidad
de Zaragoza
unas cien declaraciones
de objeción
de conciencia a la
colaboración con
el ejército de esta
entidad.

Con esta acción, se
señaló la contradicción
entre los estatutos
de la institución,
que establecen que
sus investigaciones
deben estar encaminadas
a la paz y el
desarme, y su adscripción
al Centro
Universitario de la
Defensa, que impulsa
proyectos de
investigación militar.

Por ello, solicitan
que la Universidad
regule el derecho a
la objeción de conciencia
a colaborar
con el ejército.

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