Ilustración: Daniel García.

El 8 de julio, el presidente del Parlamento
europeo, Jerzy Buzek, ampliaba
el plazo para que los diputados
firmasen una declaración muy
crítica con el ACTA. Lo decidió al
creer que podía haber más parlamentarios
que quisiesen firmar y
aún no hubieran podido. Era una
buena noticia contra el enésimo
ataque a derechos fundamentales
que van más allá del mero intercambio
de archivos.

Es difícil saber qué es el ACTA. De
los muchos reproches que se le hacen,
uno explica mejor que ningún
otro el temor que despierta: el pasmoso
secretismo de las negociaciones.
Desde que varios países anunciaron
el inicio del proceso en 2007,
sólo alguna filtración vía Wikileaks
ha servido para que la opinión pública
pueda hacerse una idea de sus derroteros.

La última versión del texto
se filtraba este mismo 15 de julio a la
web francesa La Quadrature du Net. Un
mes antes, un grupo de 90 académicos,
juristas y organizaciones se reunía
en la Universidad de Washington
para tratar de poner algunos puntos
sobre las íes. La declaración final fue
desoladora: “ACTA impondrá restricciones
al goce de los derechos y
libertades fundamentales, incluyendo
derechos humanos internacionalmente
protegidos, tales como el
derecho a la salud, privacidad y protección
de datos personales, libertad
de expresión, derecho al debido proceso,
incluido el derecho a un juicio
justo y la presunción de inocencia”.

Un acuerdo comercial pensado
para proteger las patentes de los medicamentos
había extendido su ámbito
de actuación hasta ser la mayor
amenaza contra los internautas al
establecer un nuevo marco legal que
podría ir más allá de las estipulaciones
de la Organización Mundial del
Comercio, la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual o la propia
ONU. Incluso el Reino Unido,
muy severo contra el p2p, se ha desmarcado
por considerar que introducía
demasiadas sanciones penales
en las leyes de propiedad intelectual.

Entre las agresiones concretas
que contempla el ACTA están algunas
viejas conocidas de los internautas.
Las operadoras tendrán la obligación
de vigilar que sus clientes y
los contenidos que circulan por sus
redes acaten sus disposiciones sobre
propiedad intelectual, la ley de
los tres avisos podría estandarizarse
y se podrían proscribir avances tecnológicos
susceptibles de ser usados
para eludir estas normas.