“Todo esto es un negocio, porque
nadie escucha a los chavales, ni las
instituciones ni los centros, y la Comunidad
de Madrid paga 3.600 euros
al mes por cada menor, cuando
luego el chaval sale peor que entra”,
resume rotundo Juan Carlos
Villaescusa, 20 años, antiguo menor
tutelado por la Comunidad de
Madrid. En diciembre de 2009,
siendo ya mayor de edad, denunció,
junto a otros compañeros, por
maltrato al centro de protección
terapéutico de Galapagar, gestionado,
entonces y ahora, por la empresa
Salud Mental Consulting.

Juan Carlos vio y sufrió en ese centro
palizas, vejaciones, insultos, duchas
frías y el uso habitual de contenciones.
“Te echan al suelo y te suben
los brazos por la espalda hasta
hacerte daño”, explica. También fue
medicado sin que le informaran
sobre qué era lo que estaba tomando.
Igual que su compañero José Antonio
Gómez, que además de sufrir
vejaciones estuvo un año sin escolarizar
siendo menor de 16 años. De
momento, estas denuncias han sido
archivadas, pero al defensa de los entonces
menores ha recurrido esta decisión
judicial.

Los numerosos relatos de abusos
de los menores tutelados no lograron
romper el muro de silencio y
pasaron inadvertidos para las
administraciones hasta que el Defensor
del Pueblo hizo público un
demoledor informe sobre centros
de protección de menores con trastornos
de conducta y en situación
de dificultad social. Un informe oficial
que daba cuenta de los malos
tratos y del lucrativo negocio de estos
centros. Su publicación, en enero
de 2009, coincidió tristemente
con dos muertes, ambas en centros
de la Fundación O’Belen: el suicidio
de Hamid A., de 13 años, en el
centro terapéutico Picón de
Jarama, y la de Saray G. C., de 14
años, que moría tras tirarse de un
coche en marcha que la llevaba de
vuelta al centro Casa Joven.

Aunque el revuelo se centró en los
centros terapéuticos para menores
diagnosticados con “problemas de
conducta”, los maltratos se denunciaron
y denuncian también en los
centros de reforma (cárceles de menores)
e incluso en los de acogida.

Motivos de ‘preocupación’

Para Amnistía Internacional (AI),
dos años después de la publicación
del informe del Defensor del
Pueblo, los problemas de fondo permanecen.
Aunque “hemos conseguido
poner este tema en agenda” y
ya es “muy difícil negar que existen
problemas”, reflexiona Virginia Álvarez,
su responsable de Política
Interior, “las situaciones siguen
siendo las mismas: falta de legislaciones,
falta de unos criterios claros
para dar una respuesta adecuada a
estos menores, y seguimos con serias
preocupaciones en cuanto a las
medidas que se adoptan sobre los
menores y el control que se ejerce
ante lo severas que puedan ser esta
medidas”. En su segundo informe
sobre centros de protección terapéuticos
Si vuelvo, me mato II, presentado
en septiembre de 2010, AI
denuncia también la falta de datos
actualizados y públicos a nivel de
todo el Estado, lo que dificulta un
diagnóstico real de la situación.

Con la transferencia de
las competencias a las
comunidades autónomas,
se han creado grandes
diferencias territoriales

MÍNIMOS AVANCES. “La Fiscalía General del Estado ha exigido a los fiscales provinciales que aumenten el control sobre estos centros”, explica Amnistía Internacional. DAVID FERNÁNDEZ

“Las conclusiones finales del Comité
de Derechos del Niño de la
ONU expresan claramente preocupación
porque la legislación de las
comunidades autónomas (CC AA)
no es acorde, en muchos aspectos,
con la normativa internacional de derechos
humanos”, sostiene Álvarez.
Desde que la Ley del Menor –del año
2000– trasfirió la competencia a las
CC AA, se han creado grandes diferencias
territoriales en lo referente a
los ingresos en los Centros de Protección
Terapéuticos, la permanencia
en ellos, el régimen interno, o el
acceso a la asistencia y los tratamientos
en materia de salud. Disparidad
que “permite deficiencias y prácticas
que contravienen la Convención de
los Derechos del Niño”, denuncia AI.

A AI le preocupa que se promulguen
leyes que, como la catalana (de
mayo de 2010), establezcan un marco
de protección de los menores sin,
por ejemplo, hacer referencia a los
criterios concretos para que estos
sean derivados a centros terapéuticos.
O sin que esté recogida la necesidad
de que intervenga un juez
para decidir el ingreso en estos centros.
AI denuncia también que el aislamiento
como medida disciplinaria
ha quedado expresamente recogido
como sanción (que puede llegar hasta
un máximo de tres días) en el reglamento
catalán, incumpliendo así
las normas de Naciones Unidas.

Sin embargo, Álvarez observa algún
avance como “la respuesta que
está habiendo por parte de la
Fiscalía General del Estado que ha
exigido a los fiscales provinciales
que aumenten el control sobre estos
centros”. Dicha Fiscalía ha definido,
en un protocolo, que se tienen
que hacer inspecciones cada
tres meses, aunque, en conversaciones
con fiscales provinciales, AI
ha comprobado que no se está
cumpliendo. En algunos casos por
falta de recursos.

“Menor invisibilidad”

Para el Defensor del Pueblo también
“existe una situación de menor invisibilidad
de este tipo de centros y
sobre todo, de los menores”. Esta institución
destaca como un logro la elaboración,
por parte del Ministerio de
Sanidad junto a todos los responsables
de la protección pública de menores
de las CC AA, de un protocolo
de buenas prácticas que “homogeniza
los criterios de intervención en el
trabajo con los menores” y en el que
“se incluyen medidas tendentes a
garantizar los derechos de los menores”.
Entre ellas, la oficina del Defensor
resalta, “la instalación de un
buzón para denunciar posibles situaciones
de maltrato en los centros de
menores”. Echan en falta, con todo,
un protocolo para prevenir suicidios.
Para AI, que está estudiando minuciosamente
este protocolo de buenas
prácticas, la principal crítica es “que
no es de obligado cumplimiento” y
que “tendría que ser una ley y además
estatal para impedir las desigualdades
entre comunidades”.

Tanto la oficina del Defensor como
AI echan en falta que se avance
en la aplicación de un control judicial
para internamientos por trastorno
psíquico y para medidas que limiten
los derechos de los menores.

Y todavía queda mucho por
hacer. Tras las denuncias de Juan
Carlos y José Antonio, un inspector
del Defensor del Pueblo, acudió por
sorpresa al Hogar Galapagar en
marzo de 2010 y abrió una investigación.
Descubrió amarres y sujeciones
en las camas y que los chicos estaban
medicados en exceso sin haber
sido informados de lo que se les
suministraba. “Me dormía en clase,
me sentía mal”, relata José Antonio.

Destaca la creciente
conciencia social de que
“hay empresas que están
ingresando millones de
euros a costa de encerrar”

Santiago Agustín, psicólogo, también
coincide en que “la cuestión se
ha visibilizado”. Agustín, que trabajó
para la fundación O’Belen en el centro
terapéutico de la Jarosa, al que
denunció y que está hoy clausurado,
destaca la creciente conciencia
social de que “hay empresas que están
ingresando millones de euros a
costa de encerrar a chavales de protección”.
Y resalta que además de ese
sentimiento social, los padres y los
chavales empiezan a organizarse.

Agustín valora que los centros terapéuticos
son “la punta del iceberg
de todo un sistema de protección del
que los chavales a menudo salen
condenados a la marginalidad”. Respecto
a los centros de reforma, en
los que los menores cumplen medidas
judiciales, “la cosa está parecida
aunque con el revuelo que se ha
montado tienen más cuidado”. A su
juicio, al menos “la gente empieza a
ser consciente de que son cárceles y
de las cosas que ocurren allí”.