Nuestra única alternativa y nuestro
objetivo durante estos cinco años
ha sido el trabajo militante coordinado.
Para ello nos hemos servido de la
denuncia y posicionamiento con las
clases y naciones más desfavorecidas,
es decir, con la mayoría absoluta
de la población y contra las mayorías
absolutas en los parlamentos.

Esto nos ha supuesto una campaña
de descrédito en la prensa convencional;
nos han prohibido actos públicos
como las IV Jornadas contra la
Tortura; varios de nuestros socios están
inmersos en procesos judiciales
por el libre ejercicio de la abogacía;
nos han censurado en la revista del
Colegio de Abogados; y, habitualmente,
nos imponen altas fianzas para
poder ejercer la acusación popular
contra funcionarios acusados de
torturas y malos tratos, sabedores de
la escasez de nuestros recursos económicos.
A pesar de todo, de poco ha servido
todo ésto, pues el apoyo recibido
por otros medios alternativos de comunicación,
los espacios cedidos para
realizar los actos cancelados y el
apoyo moral y, sobre todo, económico
de ciudadanos y colectivos ha desbordado
con creces tanto nuestras
expectativas como las de los que protegen
el status quo, y nos ha impulsado
a seguir trabajando por la defensa
de los derechos humanos.

Alicientes diarios

De igual manera, en estos cinco
años, hemos tenido como aliciente
ver el fruto de nuestras acciones: se
han creado dos conducciones de detenidos
al día en Sevilla; reducido la
espera para la puesta en disposición
judicial en miles de horas anuales; se
está elaborando una normativa que
obliga a la policía autonómica y local
llevar su número de identificación visible;
nuestro Manual de Autodefensa
Civil ha sido editado dos veces;
hemos defendido a decenas de activistas
y colectivos represaliados; hemos
sacado a la luz pública casos de
torturas, malos tratos y abusos policiales;
hemos conseguido reformar,
en gran medida ordenanzas cívicas,
como la de Sevilla, y seguimos luchando
en los tribunales porque se
declare la nulidad de las mismas en
Granada, Málaga o Alcalá de Guadaira,
y que no se aprueben en otras
localidades como en El Puerto de
Santa María.

También participamos
en una campaña para que se coloquen,
al fin, cámaras en los centros
de detención, se paralicen las redadas
y controles masivos de identidad
a migrantes y la inminente aprobación
de una ordenanza que criminaliza
a las trabajadoras sexuales en
Sevilla, una campaña para la dignificación
de la abogacía y la emisión de
bonos populares para afrontar las
elevadas y costosas fianzas para poder
ejercitar acciones populares.