Tras la detención de conocidos vecinos
de la localidad vizcaína de
Ondarroa el pasado 26 de enero,
acusados de integrar un supuesto
comando de ETA, la mayoría de
medios dieron por buena la información
proporcionada por el Gobierno
Vasco y el Ministerio del
Interior. El vecindario y los familiares
de los detenidos cuestionan
las pruebas y el procedimiento de
la primera operación de la división
antiterrorista de la Ertzaintza, creada
el pasado junio.

Según el comunicado de la organización
de vecinos Gora Ondarruko
Herria! (“¡Viva el pueblo de
Ondarroa!”), “Interior ha sabido muy
bien dónde atacar, llevándose a vecinos
de diferentes movimientos sociales,
sin nada que ver entre ellos”.
En declaraciones a DIAGONAL,
Gotzon Iparragirre, hermano de
Ibon Iparragirre, no duda en calificar
la operación de montaje, y denuncia
el hostigamiento a su familia
y las irregularidades cometidas durante
los días en que su hermano
permaneció detenido. El mismo 26
de enero, la Ertzaintza se personó en
dos ocasiones en el domicilio de Ibon
y Gotzon Iparragirre para registrarlo.

Su hermano asegura que “todo
fue muy raro” y que la policía autonómica
irrumpió en las viviendas de
Ibon y Gotzon sin secretario judicial
y sin la presencia del detenido sobre
las cinco de la mañana. La Ertzaintza
mantuvo esposado a Gotzon contra
un árbol durante una hora, por lo
que no hubo testigos de esos registros,
mientras que las dos mujeres y
las tres niñas fueron retenidas en dos
habitaciones. Horas después, sobre
las 8:00 h, trasladaron a su hermano
detenido y acudió el secretario judicial.

El registro oficial comenzó en
casa de Gotzon, y se prolongó durante
cuatro horas, incautándose
abundante material informático (los
ordenadores de Gotzon, su compañera
y su hija de 14 años). Hacia mediodía
comenzó el registro de la vivienda
de Ibon, con secretario judicial
pero sin testigos, y fue entonces
cuando apareció una pistola que antes
no habían encontrado.

Maltratos en comisaría

Los detenidos en la operación denuncian
haber sufrido torturas físicas
y psicológicas durante la incomunicación.
Tres de los siete detenidos
tuvieron que ser trasladados al
hospital tras su arresto. En el caso
de uno de ellos, Asier Badiola, el
traslado lo solicitó el propio médico
forense tras explorarle en comisaría.
Xeber Uribe y Urtza Alcorta tuvieron
que ir a un centro médico para
ser atendidos por fisuras en las
costillas o contracturas musculares
producidas por el largo tiempo
transcurrido en posturas forzadas.
Además, el propio Asier Badiola tuvo
que hacer una segunda visita al
hospital. El resto también ha denunciado
amenazas y coacciones.

En esta operación el Departamento
de Interior se saltó su propio protocolo
para la coordinación de asistencia
a personas detenidas en régimen
de incomunicación. El mecanismo,
puesto en marcha durante la
gestión del anterior Consejero de
Interior, Javier Balza, instaba a la
grabación de los interrogatorios y la
atención a los familiares de los detenidos.

Sin embargo, los familiares
de los detenidos en Ondarroa han
denunciado la falta de información
sobre su situación durante el período
de incomunicación y la poca garantía
que supone que la policía haya
prescindido de las grabaciones
para evitar posibles denuncias de
tortura durante la estancia incomunicada
en dependencias policiales.

En diversos foros, como el blog
del miembro del PNV Iñaki Anasagasti,
se ha planteado lo extraño de
que los detenidos al ser vistos en público
no hayan reclamado su pertenencia
a ETA, como suelen hacer los
integrantes de esa organización,
además de señalar las irregularidades
producidas en las detenciones y
registros y la posibilidad de encontrarnos
ante “una cortina de humo”.

De hecho, la operación antiterrorista
de Ondarroa ha sido un espaldarazo
para el nuevo Gobierno de
Patxi López. En esos días el debate
público se centraba en la posible
implicación de miembros de las
fuerzas de seguridad y el Gobierno
español en la Operación Faisán, un
debate incómodo que desapareció
tras la detenciones de Ondarroa.
En ese contexto, la operación apareció
como lugar de encuentro en
el consenso entre PSOE y PP en
relación a su política en el País
Vasco, frente a una posible “relajación”
policial durante los gobiernos
del PNV.

El pasado 9 de junio, Rodolfo Ares,
Consejero de Interior del Gobierno
Vasco, anunciaba la creación de una
nueva División Antiterrorista y de
Investigación en la Ertzaintza. Ares
afirmó que llegaba al Departamento
“para cambiar las cosas”, y anunciar
“tolerancia cero con ETA y con quienes
les den apoyo y cobertura”.

“SÓLO QUEDA PROPONER LA SUPRESIÓN DE LA DETENCIÓN INCOMUNICADA”

A. CHALMETA (REDACCIÓN)

Desde que empezó a aplicarse
a finales de los ‘70, son ya incontables
los informes y resoluciones
de organismos de
defensa de los derechos humanos
que reclaman contundentemente
la supresión de la
detención incomunicada. El
último, en plena polémica por
la aplicación de la incomunicación
a los nueve detenidos
por la Ertzaintza, de la mano
del Ararteko. El 5 de febrero, el
Defensor del Pueblo vasco hacía
pública una investigación
(ver) sobre la práctica
de la incomunicación, “una de
las medidas más características
de la denominada legislación
antiterrorista”. Además de
una exhaustiva crítica desde
los fundamentos del derecho
ésta aporta, como novedad,
un análisis cuantitativo de su
aplicación en base a los datos
obtenidos de los expedientes
judiciales de la mayoría de los
casos de detención por terrorismo
del año 2001. Y las conclusiones
son demoledoras.

Pese a que la misma ley limita
teóricamente el uso de la incomunicación
a casos excepcionales
y de especial gravedad,
la investigación documenta
que de 109 detenciones estudiadas
(49% a cargo de la
Policía Nacional, 35% de la
Guardia Civil y un 13% por la
Ertzaintza), en el 96,3% de los
casos se aplicó la incomunicación
y que en el 47% de ellos
el aislamiento apuró el plazo
legal de cinco días. Pero menos
de la mitad de las personas
incomunicadas han sido
finalmente condenadas. Y el
47% de los detenidos que fueron
llevados ante un juez denunció
alguna vulneración de
derechos. Y concluye que la incomunicación,
que se aplica
“de forma prácticamente sistemática”
en acusaciones de terrorismo,
tiene como objetivo
“la obtención de la declaración”
autoinculpatoria ya que
“serían las propias condiciones
de la incomunicación las que
propiciarían que el detenido
acabe ‘ablandándose’, renunciando
a su derecho a no declararse
culpable”. Por ello, remacha
el informe, “sólo queda
proponer su supresión”.