El sector audiovisual se
ha caracterizado por
el monopolio industrial
y por la importancia de
las subvenciones estatales.
No existen casi experiencias
que hayan llegado a la gran
pantalla sin pasar por el control
de las productoras o por
el cheque estatal. Esta dificultad
se ve atravesada por
un segundo elemento: la
aplicación de la Ley de
Propiedad Intelectual (LPI).
En las creaciones audiovisuales,
la LPI es más estricta
y restrictiva; a diferencia
de otras áreas, los derechos
de autor se aplican a tres
ámbitos: dirección, guión y
creación musical. Además
de un cuarto, determinante,
referido a los derechos
de explotación.

Esta situación convierte,
de facto, a las productorasdistribuidoras
en depositarias
de todos los derechos de
las obras. Un panorama de
difícil gestión legal que acaba
siendo un complemento
perfecto a una industria que
establece pocas vías de escape
a quienes quieran participar
de la gran pantalla sin
pasar por taquilla.

Sin embargo, la llegada
de internet y la digitalización,
además de las licencias
de contenidos abiertos,
han abierto nuevos túneles
dentro en esta pétrea realidad:
la posibilidad de constituir
alternativas de producción,
difusión y distribución
antes impensables. Se
ha despertado un nuevo ‘paradigma
de consumo’ de lo
audiovisual, con un inmenso
volumen de productos
consumidos a una velocidad
inaudita; millones de
personas suben o bajan vídeos
de Youtube o Google
vídeo, acceden a películas
antes imposibles de conseguir,
cortan y pegan imágenes,
e intercambian DVD.

A pesar de que este nuevo
paradigma está más próximo
al ideal de un procomún
audiovisual, la chispa del
copyleft no ha prendido aún
la pradera. La mayor parte
del material audiovisual sigue
perteneciendo a las productoras,
dueñas y señoras
de mercado, cuyas producciones
siguen siendo garantes
del copyright. Todas las
campañas antipiratería están
dirigidas contra estas
prácticas. Así, el uso de las
herramientas no conlleva la
creación de actitudes críticas
frente a lo consumido.
No ocurre lo mismo en el
sector activista, en el que la
mayoría de obras llevan licencias
Creative Commons,
aunque adolezcan de serios
problemas de gestión (como
el vacío legal cuando nuestros
materiales se proyectan
en televisión o cines).

Pero ¿por qué no se ha extendido
el uso de las licencias
libres en el sector audiovisual
a pesar de los beneficios
que proporcionan a los
autores? Una posible respuesta
puede ser que no hemos
sido capaces de imaginar
ni construir un nuevo espacio
de creación y gestión
dentro de esta nueva era
tecnológica. Buena parte de
los proyectos con afán de
dar cierto sustento económico
a quienes realizan el
trabajo siguen atrincherados
en forma de pequeñas
productoras. Además, siguen
sin existir espacios y
redes propios en los que
producir, proyectar, distribuir
y promocionarse.

¿Dependerá la extensión
de las licencias libres de la
existencia de un sector audiovisual
sólido al margen
de grandes productoras y
subvenciones? De momento,
los videoblogs, los repositorios
de vídeos, kinoki,
rebeldemule, las alternativas
de distribución masiva
a escala territorial y la cooperación
y el intercambio
se sitúan como los únicos
caminos posibles para
construir espacios de creación
y consumo audiovisual,
sólidos y transformadores.
También como únicos
surcos en los que poder
buscar respuestas.