Quienes trabajan en la música exploran nuevas formas de asociación como respuesta a la insatisfacción con el actual marco regulatorio, a pesar de que hay diversidad de opiniones respecto a cómo abordar las posibles soluciones.
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El crecimiento del número de trabajadoras culturales y la aparición de nuevas organizaciones sindicales en el panorama artístico han abierto el abanico político para la mejora de las condiciones laborales del sector musical.
Aunque la mayoría aspira a un modelo inspirado en el régimen del Estado francés, hay diversidad de opiniones respecto a cómo abordar la situación actual: normalizar la facturación como autónomas o presionar por el cumplimiento del régimen de artistas, entre otros.
La necesidad de revisar el actual Régimen Especial de Artistas propició que, durante 2015, todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso asumieran el compromiso de elaborar el Estatuto del Artista. Esta propuesta surgió de la Unión de Actores, aunque incluye al sector musical.
Según un reciente informe del Ministerio de Cultura, más de 170.100 personas constaban como trabajadoras culturales en Cataluña, Islas Baleares y Valencia en 2015, el equivalente a la población de Castellón
Según un reciente informe del Ministerio de Cultura, más de 170.100 personas constaban como trabajadoras culturales en Cataluña, Islas Baleares y Valencia en 2015, es decir, el equivalente a la población de Castellón. El crecimiento del total respecto al año anterior se debe a la incorporación de 6.700 personas como trabajadoras no asalariadas en el conjunto del Estado español –el informe no desglosa la cifra. Este crecimiento de figuras externas al Régimen Especial de Artistas está relacionado con la precariedad profesional del sector.
Para la mayoría de las personas que trabajan en la música, las opciones más frecuentes para trabajar con cobertura de la Seguridad Social son o bien ser asalariadas, ser autónomas, constituir una cooperativa; o bien facturar a través de una serie de entidades de facturación. Los efectos, pros y contras de cada modelo no tienen consenso.
Mientras el Sindicato de Músicos, Intérpretes y Compositores (de ámbito estatal) y el Sindicato de la Música –recientemente nacido en el ámbito territorial de los Países Catalanes– hacen mucho énfasis en la necesidad de construir "conciencia de clase dentro del sector" y apostar por la negociación de convenios colectivos y el Estatuto de la música, entidades como la Asociación Profesional de Músicos de Cataluña (Musicat) han optado por integrar cooperativas de trabajo y facilitar la facturación a través de ella, mientras intenta negociar un nuevo marco normativo.
La cooperativización del trabajo musical
Las asociaciones profesionales "podemos crear cooperativas y nuestra asociación lo hizo en su momento", explica Guillermo Arnedo, de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña (AMJM). Aunque puntualiza: "Para una asociación pequeña es un peligro sostener una cooperativa, te genera muchos problemas de tesorería tener que adelantar el IVA y muchas lo dejan".
Es frecuente que asociaciones de artistas establezcan acuerdos con entidades que se dedican a ello; también fue el caso de la AMJM: "Para Musicat, que hace muchos años que tiene muchos artistas, es sostenible, pero nosotros rompimos con eso".
Arnedo no sólo razona motivos prácticos sino también de carácter político-sindical: "Nuestra asociación ha decidido no tener ningún convenio con cooperativas de este tipo porque lo que queremos es que se aplique la ley, no profundizar en atajos. Queremos que se reconozcan nuestros derechos como trabajadores, [facilitar el modelo mercantil] sería como naturalizar que un camarero tuviera que pagar para servirte un café".
Musicat lo afronta desde otra perspectiva. Heredera del Sindicato de Músicos de Girona –fundado en 1905–, se define a sí misma como "una asociación profesional de carácter sindical", que actualmente cuenta con más de 3.000 socios. Su complejo organigrama incluye varias cooperativas de trabajo asociado y una de servicios, a través de la cual se facturan "los trabajos de los artistas dados de alta como autónomos". Sea cual sea el encaje, "todo el mundo debe ser músico y, sí o sí, afiliado a la Asociación", puntualiza José Reig, presidente de la entidad.
Articat, una gestoría especializada en el trabajo artístico y las artes escénicas, se dedica a la realización de todos los trámites administrativos. Se anuncia como "nuevo concepto empresarial basado en el bajo coste". Cuenta también con una "cooperativa de trabajadores autónomos, donde les asesoramos sobre las bonificaciones", explica Albert Corracher, copropietario de la empresa.
En su web contraponen las ventajas de la cooperativa respecto al régimen de autónomos. Corracher también explica que "los artistas que no son autónomos o no pueden facturar por otros medios pueden contactar con nosotros, que hacemos de intermediarios con los ayuntamientos, las salas.".
Corracher considera que una de sus principales preocupaciones es proteger la integridad del cache. "Es como el salario, los gastos de la Seguridad Social, nuestros honorarios, todos los gastos te los debe cubrir la persona que te contrate". Aunque admite que no puede presionar para que se respete siempre este nivel, "tenemos que ser realistas, aunque intento apoyar siempre al artista, pero siempre dentro de un margen, todo el mundo tiene que poner de su parte", replica.
Según Reig, "el decreto [que regula el régimen de las artistas] es una norma que prácticamente no la cumple nadie y por eso se ha potenciado mucho el modelo mercantil".
"Si fuéramos un país normal, se cumpliría la ley, pero lo que hay que hacer es una ley adaptada a la realidad actual, los requerimientos no son realistas para una profesión tan irregular", explica. Admite que el recurso a la figura del autónomo hace asumir a los músicos "unas obligaciones que en principio no deberían cubrir".
También insiste en desmarcar la tarea que hace Musicat respecto a la de una pléyade de sociedades limitadas, falsas cooperativas y otras fórmulas empresariales conocidas como cooperativas de gestión, "gestorías que se han aprovechado del 'modelo de negocio' que hemos abierto, facturan cualquier cosa, facturan a personas que no son socias de la cooperativa y esto es, en la práctica, operar como una empresa de trabajo temporal pero sin tener la autorización correspondiente. Estas entidades de gestión son una estafa".
Entidades de facturación y falsas cooperativas
Pero cuáles son estas otras entidades de facturación. Pueden tener varias formas jurídicas –cooperativas, sociedades limitadas–, y no siempre se orientan estrictamente en el ámbito musical y/o artístico, sino que suelen cubrir cualquier tipo de actividad freelance: Smartcooper y Tefacturamos son dos de los múltiples ejemplos que podemos encontrar haciendo una búsqueda rápida en Internet.
Tefacturamos es un dominio registrado por el mismo propietario que Cooperativaonline, el cual, a cambio de una cuota y un 6% de comisión, promete "una vía legal para facturar sin ser autónomo".
A pesar de que se suelen anunciar haciendo mención a que su actividad es "alegal", lo cierto es que su actividad plantea serias dudas, especialmente por el hecho de cobrar comisiones por volumen de facturación, lo que muestra la emergencia de un segmento de intermediarios que parasitan la debilidad de las trabajadoras del sector.
Para Miguel Felipe, del Sindicato de Músicos, "si tuviéramos que elegir un mal menor, en mi opinión se debería escoger la consideración de trabajador por cuenta ajena".
Según Reig, lo suyo "no es un negocio" y hace hincapié decir que el objeto de Musicat es "sindical y sin ánimo de lucro" y que la facturación al menos garantiza un marco de derechos a las trabajadoras de la música. La entidad asegura que su actuación tiene el visto bueno "de un informe vinculante de Inspección de Trabajo".
Albert Corracher afirma que "el 99% de los artistas que trabajan con nosotros están encantados". Articat y Musicat consideran un tema prioritario la reforma del marco legal, pero creen que su fórmula –que insisten en desvincular de la de las falsas cooperativas– es necesaria, viendo las pocas posibilidades actuales de conseguir la reforma.
Para Reig, es sorprendente que "sindicatos de estilo anarquista estén reivindicando la aplicación de una normativa franquista" en referencia al Manual de Buenas Prácticas –que reclama la aplicación de la legalidad vigente– que están planteando desde el Sindicato de Músicos.
El malestar en la cultura
Las voces reticentes al planteamiento de los sindicatos dejan caer la posibilidad de que la fórmula de trabajo asalariado abra la puerta a limitar la autonomía artística sobre el escenario: "Se debería discutir si deberían ser trabajadoras por cuenta ajena de verdad", rebate Reig. Para el presidente de Musicat, "más allá de un día y un horario, los grupos no tienen más obligación" respecto a su actuación.
Con la exigencia de normalización "asalariada" del sector –con sus especificidades– o la denuncia de unas condiciones laborales muy precarias, es frecuente oír una corresponsabilización hacia las artistas –la parte débil de la relación–, a las que se considera por regla general poco implicadas, tanto en cuanto a su situación contractual como respecto a aspectos clave de la profesión como el cobro de derechos de autor.
A modo de ejemplo, Lluís Cabrera, del Taller de Músics explica: "Me he encontrado a mí mismo rellenando la hoja para que el músico declare y cobre los derechos de autor y que, al pedir el repertorio, te digan, 'Va hombre, ¡si ya te lo sabes!'". El rechazo a la SGAE frente al acriticismo con que son recibidos Spotify o YouTube en el sector –como señala el Sindicato de Músicos– forman parte de esta "falta de conciencia de clase".
El Sindicato de Músicos comparte el diagnóstico de Musicat: la facturación a través de cooperativas o entidades de gestión está naturalizando nuevas prácticas. El desacuerdo se evidencia cuando valoran sus efectos en clave negativa: en la práctica, facilitar la facturación está extendiendo la anomalía mercantil contra la que luchan. No es una medida que profundice en la consideración del trabajo musical como un trabajo con los mismos derechos que cualquier otro sector.
Las alternativas
Pero, ¿cuál sería el modelo al que se debería aspirar? Todos los entrevistados coinciden en mirar hacia Francia. Allí el trabajo artístico se contempla como un sector laboral de régimen intermitente: si una persona acredita que se dedica profesionalmente a las artes –y declara los impuestos correspondientes–, es dada de alta dentro de un régimen especial que le garantiza un salario mensual mínimo, un mes de vacaciones pagadas, cobertura de la seguridad social, derecho al paro. Unas prestaciones laborales que se modulan en función de los ingresos anuales del artista.
Aparte de las políticas públicas, la fuerza de los sindicatos de artistas estadounidenses también es evocada por Arnedo: "Allí son muy fuertes; para firmar un contrato legal debes estar afiliado a un sindicato y tienen muchos recursos para presionar". La fuerza histórica de los sindicatos musicales fue ilustrada por Frank Zappa en una entrevista en 1981 donde, a pesar de ser afiliado, expresaba sus quejas para poder grabar una actuación si no pagaba al sindicato los salarios del personal técnico de la sala.
El malestar global del sector con el IVA del 21% o los requerimientos para los locales de música en directo tienen que ver con la política cultural, pero no son las prioridades denunciadas por los sindicatos
Más allá de las diferencias políticas, las condiciones laborales de las trabajadoras de la cultura encuentran un obstáculo añadido y sorprendente. Es frecuente que desde las instituciones públicas, la política cultural se haga eco de las reivindicaciones de la "patronal" del sector –salas, promotoras, etc–, invisibilizando las de las trabajadoras de la cultura. El malestar global del sector con el IVA del 21% o los requerimientos para los locales de música en directo tienen que ver con la política cultural, pero no son las prioridades denunciadas por los sindicatos ni las asociaciones profesionales del sector.
"Si el escenario parece un 'photocall' no es un concierto"
A pesar de que las reivindicaciones de los sindicatos emergentes en el ámbito de la música centran sus esfuerzos en crear organización y reclamar derechos laborales, salariales y de cotización, también incluyen la democratización de las gestiones de derechos de autor, reducir la presencia de marcas comerciales en las actuaciones, y denunciar el trabajo voluntario a cambio de la entrada en la organización de los grandes festivales.
A pesar del crecimiento de las trabajadoras autónomas, la autonomía artística respecto a los patrocinadores no parece mejorar. La campaña que hace el Sindicato de Músicos sobre la presencia de marcas comerciales a los espectáculos, lo señala: "Si el escenario parece un photocall, si el patrocinador impone las condiciones, no es un concierto, es publicidad!".
La omnipresencia de marcas comerciales durante las actuaciones, a menudo sin consentimiento –o con la expresa negativa de los grupos–, o la limitación del uso de sus creaciones artísticas, son reclamaciones que apuntan a la reapropiación del producto de trabajo (intelectual), en un intento de evitar que la mercancía se levante contra las trabajadoras que lo han hecho posible.
Según Víctor Lenore, autor de Indies, hipsters y gafapastas (Capitán Swing, 2014), ésta es "una actitud minoritaria, fagocitada por la aceptación acrítica de la mercantilización de la cultura", pero recientemente han surgido algunos ejemplos en sentido contrario. Es el caso de Pablo und Destruktion, en proceso judicial –con campaña sindical incluida– contra el uso fraudulento por parte de LaSexta de un tema, o la proclama de Nacho Vegas, en el Palau de la Música, contra el Banco Sabadell y favor de la PAH.
Del corporativismo al sindicalismo musical de clase
El asociacionismo en el ámbito cultural en España nace en el siglo XIX, alrededor del colectivo de editores –de donde también surgiría el núcleo fundacional del partido socialista y comunista–, que daría paso al año 1932 a la Sociedad de Autores de España (SAE).
La trayectoria del sindicalismo cultural se vería truncada primero por un giro corporativo y anti-obrerista de la SAE en los inicios del siglo XX y, después, por la dictadura que disolvió todas las organizaciones dentro del Sindicato Vertical.
Hasta la Transición, el empuje de las cantautoras excluidas del sindicato –por falta de la titulación musical exigida– y del colectivo de actrices, reavivaría los ánimos. A pesar de todo, la música ha sido un segmento históricamente poco organizado y menos interesado en confluir con el resto de la clase trabajadora y el movimiento obrero, tal como se recoge en Breve historia del sindicalismo en el sector musical, de David García Aristegui.
Miguel Felipe retrata la situación actual: "Por norma general, la concepción individualista del trabajo artístico –siendo nosotros mismos los primeros en tenerla– ha dificultado nuestra organización e identificación como clase". El Sindicato de la Música lo remarca: "Hay que reivindicar el trabajo musical como trabajo. Por ello es imprescindible que las personas que se dediquen al trabajo musical se organicen sindicalmente".
Un clamor, el de integrarse dentro de las luchas de todas las trabajadoras, que hacía con vehemencia el anarquismo histórico en 1911 por boca de Anselmo Lorenzo: "Abiertas de par en par tiene las puertas del sindicalismo; nadie los priva de constituirse en sindicatos de producción intelectual, por ejemplo, en la defensa de sus derechos de autor contra la explotación editorial; porque, más o menos privilegiados, y a veces más míseros que los obreros de camisa, bajo su vestido decentemente presentable, son asalariados".
Publicado originalmente en Directa.
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