Desde abril, el grupo Mediapro gestiona una casa de apuestas online llamada Carcaj. Mediapro se introduce así en un negocio que globalmente mueve 523.000 millones de euros al año. Desde la entrada en vigor de la Ley del Juego, Hacienda establece una tasa del 0,75 por mil de los ingresos brutos de explotación de las operadoras que funcionan en España. Es el medio de gravar a operadoras domiciliadas en países con poca o nula tributación.

En España, las casas que más beneficios obtienen superan los 300 millones de euros, casi el doble de lo que obtiene por temporada un club como el Atlético de Madrid. Cada año, los portales de apuestas invierten del orden de los 110 millones de euros en publicidad.

La omnipresencia en los medios de información deportiva de la publicidad de apuestas ha llevado a las autoridades a establecer un código ético de urgencia para intentar atajar el anunciado aumento de las nuevas formas de ludopatía, que afectan especialmente a los jóvenes. Además, el amaño de resultados ya ha dado pie a algunos procesos judiciales, el más conocido el del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011.

Junto a esta manipulación de apuestas deportivas, las trampas de jugadores y clubes a Hacienda, y los casos de explotación sexual como el destapado en el sumario del Caso Torbe –que involucra a tres internacionales, uno de ellos el portero de la selección David de Gea– el fútbol ha entrado en una larga etapa de expansión comercial que, consecuentemente, se ve salpicada por información que lo vincula con organizaciones criminales cada vez más a menudo. 

Este sector privilegiado –sólo el fútbol genera un 0,75% del PIB español– ha sido, también, bendecido con lo más valioso que puede darle la sociedad: la confianza en que el domingo que viene, pase lo que pase, habrá partido.