El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid, conocido como Museo Reina Sofía, está constituido como un organismo autónomo dependiente del ministerio de Cultura. En 2015 contó con un presupuesto superior a los 35 millones de euros. Es un museo joven: fue inaugurado por los reyes en 1992, si bien ya ejercía como un espacio dedicado a exposiciones temporales desde 1986.

El edificio donde se encuentra, en la céntrica plaza del emperador Carlos V, se erige sobre sobre una historia que encuentra sus raíces en el siglo XVI, cuando Felipe II mandó construir un albergue para que las personas sin recursos pudieran ir a morir. Más tarde, a finales del siglo XVIII, otro rey español, Carlos III, hizo que el albergue se convirtiera en un Hospital General, donde se centralizaba la atención sanitaria de toda la ciudad de Madrid.

Durante aquellos tiempos, la mortandad era bastante elevada debido a diversas pestes y epidemias y muchos cadáveres fueron enterrados en el subsuelo del mismo hospital. Algunas crónicas de la época apuntan a que el hedor de muerte se extendía por toda la zona de Atocha. El hospital aún funcionó hasta el año 1965. Por entonces ya se hablaba de historias sobre presencias paranormales dentro del edificio. Tanto es así que, durante sus primeros años como museo, el edificio acogió investigaciones parapsicológicas sobre los fantasmas errantes que presuntamente vivían allí..

Hoy en día, sin embargo, parece que los fantasmas del Museo Reina Sofía no responden a presencias esotéricas del más allá. Ahora son entidades más precarias y prosaicas, aunque también atrapadas entre dos mundos (laborales). Los fantasmas actuales del Museo Reina Sofía son los llamados falsos autónomos.

Vulneración de derechos fundamentales y fraude en la relación laboral

El MNCARS es un organismo que depende de la administración pública y habría que exigir una actuación ejemplar en su modelo de contratación. Sin embargo, en 2014, la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya sentenció a favor de una persona que había estado trabajando de 2009 a 2012 en calidad de autónoma y que, tras decidir denunciar su situación laboral, vio cómo el Museo Reina Sofía le retiraba el ordenador y la clave del correo electrónico.

En la sentencia del TSJM, este hecho se considera "un indicio palmario" de vulneración de la garantía de indemnidad. Además, el juez rechazó que la relación entre el Museo Reina Sofía y la demandante fuera de carácter administrativo, sino que reunía todas las características de un vínculo laboral: carácter personal, retribución, cuenta ajena y dependencia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Directa, no se trataría de un caso aislado, sino más bien de una práctica habitual.

La contratación de falsos autónomos permite que el museo cubra un amplio abanico de tareas con un gasto sensiblemente más reducido que si contratara personal laboral

Esto permite que el Reina Sofía cubra un amplio abanico de tareas del museo con un gasto –y responsabilidades para las trabajadoras– sensiblemente más reducido que si contratara personal laboral.

El perfil de las contrataciones presuntamente fraudulentas abarcaría desde las tareas cotidianas de diseño gráfico para la actividad del museo –caso que recoge la citada sentencia condenatoria– a las educadoras, posiblemente el colectivo con unas condiciones de trabajo más malas.

Todas ellas trabajan en el museo desde hace dos años, como mínimo, pero hay quienes llevan más de cinco desarrollando el mismo trabajo. Encargadas de ejecutar la oferta educativa y artística dirigida a los centros escolares y las familias que visitan el MNCARS trabajan media jornada los días que se lo indica el equipamiento, todas ellas bajo un contrato de autónomas.

En otro nivel de responsabilidad –y de retribución–, el museo también ha utilizado contratos mercantiles para cubrir funciones de alto nivel y de carácter estratégico, como el área de actividades públicas.

Según el pliego de adjudicación, entre octubre y diciembre de 2015, esta responsabilidad fue cubierta por Mela Dávila por una cuantía total de 13.000 euros. Sorprendentemente, hoy en día esta proveedora aún cuenta con un despacho con su nombre dentro de las dependencias del Museo.

Según ha podido saber Directa, todavía está pendiente de autorizar la creación de una plaza de alta dirección para cubrir estas funciones, presumiblemente destinada a Dávila.

"Cualquier tipo de contratación pasa por una validación jurídica que revisa los requisitos legales bajo un control tan exhaustivo como es posible"

La Directa ha contactado con el área del MNCARS encargada de la contratación. "No me consta ningún tipo de irregularidad. Cualquier tipo de contratación pasa por una validación jurídica que revisa los requisitos legales bajo un control tan exhaustivo como es posible", explica el funcionario que nos ha atendido.

La conexión catalana

En los últimos años, el museo ha recibido una fuerte influencia de origen catalán. Ferran Mascarell, ex consejero de Cultura de la Generalitat y ex concejal en la misma área del Ayuntamiento de Barcelona, es vocal del Real Patronato. La anterior directora de actividades públicas, Berta Sureda, llegó al museo en 2008.

Actualmente, Sureda ha vuelto a la capital catalana para continuar su carrera profesional en calidad de directora general de la Fundación Barcelona Cultura. Es decir, ejerce como comisionada de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.

De la mano de Sureda, Mónica López llegó al Museo Reina Sofía en 2009 y estuvo cinco años desarrollando tareas como responsable de Difusión y Comunicación.

Según la documentación consultada, López era responsable de la publicidad que el museo insertaba en los medios de comunicación, además de gestionar los presupuestos de esta actividad. Aunque hacía tareas relevantes, López facturaba sus servicios a través de la empresa de producción teatral Trono Servicios Culturales, con domicilio fiscal en Tarragona. Como Sureda, actualmente López está en Barcelona, donde trabaja como asesora de la dirección de la alcaldía con un sueldo anual de casi 50.000 euros.

La cara b del emprendimiento

El fomento del trabajo por cuenta propia y el espíritu de emprendimiento han sido algunas de las medidas para combatir el paro promovidas por los gobiernos estatal y catalán. En 2007, se reguló la situación de las pequeñas autónomas, bajo la denominación de trabajadoras autónomas dependientes (TRADE), caracterizadas por el hecho de obtener hasta el 75% de los ingresos de una única clienta y no contar con asalariadas al cargo.

A pesar de la regularización de una figura laboral contradictoria, a medio camino entre la asalariada y la empresaria soberana, hace más de una década que los sindicatos detectan la proliferación de falsas y falsos autónomos. El verano pasado se publicó un informe de CTAC-UGT, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, que detectaba un incremento de falsas autónomas de hasta 270.000 personas, casi el doble respecto a la 2009 –momento en que el Instituto Nacional de Estadística introdujo preguntas para detallar el nivel de independencia en el desarrollo de la actividad económica.

En el portal Infojobs hay más de 600 ofertas de trabajo que piden explícitamente la condición de autónoma y que establecen la duración de la jornada o incluso el precio / hora de la actividad. Especificaciones más propias de una oferta de trabajo por cuenta ajena que de una proveedora externa.

Antonio Onieva, inspector de trabajo, describe así la figura: "Encontramos personas que están bajo el ámbito organizativo y de dirección de la empresa y que, a simple vista, parecen asalariadas, pero que están registradas dentro del régimen de autónomos de la Seguridad Social ". Para Onieva, "se trata de una práctica fraudulenta de explotación laboral con graves consecuencias".

Los efectos más destacados son eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social –que deben ser cubiertas por la trabajadora– y tener un acceso más restringido a las prestaciones sociales de desempleo, conciliación, vacaciones o bajas por enfermedad. Onieva puntualiza, eso sí, que se detecta "una cierta tendencia a la equiparación entre el régimen general y el RETA".

Finalmente, en materia de accidentes laborales, una trabajadora formalmente autónoma no tiene ningún tipo de cobertura de la empresa en caso de accidente o enfermedad profesional.

Inspección de Trabajo actúa con los mismos protocolos en los centros de trabajo de empresas y de la administración pública. En este último ámbito, se limita a hacer requerimientos de reparación de las irregularidades detectadas; al sector privado, también se pueden aplicar sanciones económicas.

Según el Estatuto del Trabajador Autónomo, una trabajadora autónoma (dependiente o no) debe desarrollar su actividad con medios independientes de la clienta, con autonomía para establecer su horario, con distintivos respecto al personal que pueda tener la clienta para desarrollar trabajos similares.

Por el contrario, la existencia de horarios, el control y la dirección de la actividad o la detección de pagos periódicos por cuantías que se consideren "prácticamente iguales a un salario" son indicios de un posible fraude. Onieva remarca que, en la denuncia de estos casos, la inmediatez es clave para favorecer la recogida de pruebas, la sanción y la reparación a las trabajadoras.