Las críticas y las dudas acerca de la gestión privada del derecho a la salud no han sido cortapisa para que la Consejería de Sanidad presente los pliegos para la gestión de seis hospitales.
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid no se desvía de su programa. El 18 de abril, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presentaba los pliegos para privatizar los servicios sanitarios de los hospitales semiprivados de Vallecas, Coslada, Arganda, San Sebastián de los Reyes, y los de Parla y Aranjuez, estos dos último adjudicados en un único lote. La publicación de los pliegos para la gestión de estos servicios supone un paso más para cumplir la Ley 8/2012 del 28 de diciembre, que contempla la privatización del sistema sanitario público de Madrid a través de medidas fiscales y administrativas. El Gobierno de la CAM argumenta que sus políticas pretenden “mantener una sanidad de calidad reduciendo costes”, sin embargo, plataformas como Patusalud avisan que este modelo que se pretende introducir en Madrid “aumenta el gasto sanitario”. las empresas concesionarias recibirán un pago anual de entre 473 euros y 518 euros por cada uno de los 1,2 millones de habitantes adscritos a los centros
Según los pliegos, las empresas concesionarias de estos seis hospitales recibirán una cápita (pago por tarjeta sanitaria y año) de entre 473 euros y 518 euros por cada uno de los 1,2 millones de habitantes adscritos a estos centros. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sostiene en su análisis de los pliegos que “lo único que seguirá siendo público es el dinero con el que se financian estos hospitales”.
Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) exigen la supresión de este concierto para garantizar un sistema de salud pública universal. Antonio Gómez Liébana, enfermero de Urgencias en el sistema público y portavoz de CAS, ha explicado a DIAGONAL cómo estos hospitales reducen la calidad asistencial para obtener beneficios: “A estos centros les interesa que el paciente esté ingresado el menor número de días posible, los hospitales con ánimo de lucro incentivan a los médicos para dar altas prematuras”.
El negocio de la sanidad
En los pliegos sobre la privatización de los seis hospitales se establece la obligación de mantener los 5.200 empleados, incluidos los interinos. El portavoz del FADSP, Marciano Sánchez Bayle, advierte de que en estas empresas las condiciones “serán peores que en el sistema público”. Bayle considera que “existe una legislación muy favorable para que se puedan hacer reconversiones de plantilla o ERE, además, se establece la posibilidad de subcontratar servicios sanitarios”. "A los hospitales con ánimo de lucro les interesa que el paciente esté ingresado el menor número de días posible"
Lasquetty defiende su modelo de gestión privada con el argumento de que la privatización aumenta la eficiencia. Sin embargo, actualmente no existen leyes que obliguen a las empresas concesionarias a publicar datos sobre la calidad asistencial o los recursos que destinan a la asistencia sanitaria. Desde CAS demandan la creación de una base de datos pública para acceder a información sobre la actividad y calidad del servicio, la mortalidad de pacientes o las listas de espera. La asociación defiende que esta iniciativa permitirá crear infraestructuras sanitarias más eficaces y evaluar con rigurosidad si los modelos de concesión hospitalaria son necesarios u obedecen a intereses económicos. Iniciativas como esta abrirían la puerta a la participación de los pacientes en el control de la sanidad pública.
Vía abierta al rescate de los hospitales
En los pliegos presentados por la Comunidad de Madrid para la privatización de seis hospitales de su red, también se observa que, en el caso de que las empresas concesionarias no puedan hacer frente a sus obligaciones, el Estado puede intervenir temporalmente los hospitales hasta que la empresa solucione sus problemas. Casos de este tipo ya han tenido lugar en hospitales como el de Alzira, en Valencia, que se saneó y se adjudico a la misma UTE (unión temporal de empresas) que incumplió los acuerdos. Además, los pliegos proponen un contrato de diez años, periodo que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública juzga en su análisis de los pliegos como excesivo, ya que “condiciona durante demasiado tiempo el funcionamiento de la sanidad pública de Madrid”. La prestación per cápita que se les concede a las empresas adjudicatarias del servicio sanitario puede ser revisada anualmente de acuerdo con el IPC. Esto podría indicar que mientras los fondos destinados a hospitales públicos podría seguir disminuyendo, el dinero que se paga a los hospitales privados podría aumentar.
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