Es director desde hace 25 años del
London Health Emergency, una organización
por la defensa de la sanidad
pública británica no vinculada a
ningún partido político, y doctor en
Política Sanitaria. John Lister acaba
de visitar Madrid invitado por CAS
Madrid, la Plataforma Matusalén y
la Coordinadora de Trabajadores de
la Sanidad Pública contra la Privatización
para dar una conferencia
sobre el paralelismo entre el proceso
de privatización de la sanidad pública
inglesa y el de la madrileña.

DIAGONAL: ¿Cómo y cuándo comenzó
el proceso privatizador en
Inglaterra?

JOHN LISTER: La idea partió del
gobierno conservador de John Major
a principios de los ‘90 para construir
hospitales financiados y gestionados
al margen del sector público,
a través de proyectos de iniciativa
privada, denominados PFI (Private
Finance Initiative). En 1997 aún no
habían conseguido firmar ninguno
de estos acuerdos, debido a los riesgos
percibidos por el sector privado.
El nuevo gobierno de Tony Blair tuvo
que garantizar el rescate de las
entidades participantes que se declararan
en quiebra, tras lo que se
puso en marcha la primera oleada
de hospitales con gestión y financiación
privada. Hoy contamos con 56
centros que siguen este modelo.

D: ¿Cuál ha sido el impacto en la
calidad del servicio prestado?

J.L: Básicamente hay menos camas
y menos espacio. En apariencia, estos
hospitales son más grandes, con
espacios públicos más amplios, un
aspecto exterior llamativo, pero las
zonas de atención a los pacientes están
muy limitadas. Los pasillos son
demasiado pequeños para que pasen
dos camillas a la vez y las camas
están demasiado juntas, lo que provoca
un grave riesgo sanitario. No se
pueden realizar tareas de limpieza
correctamente y no hay espacio útil
para instalar máquinas o equipos de
gran tamaño, debido al diseño deficiente.
No se planificaron áreas de
oficinas, así que los administrativos
tienen que trabajar en zonas de almacenaje
preparadas ad hoc, sin
ventanas ni aire acondicionado. Casi
todos los centros tienen un 30% menos
de camas que los hospitales que
venían a sustituir. Y en todos ellos se
ha asumido la idea de que se puede
tratar a los pacientes más rápido por
tratarse de centros nuevos, a pesar
de que la ciencia médica nos dice
que hoy no existe esa posibilidad: la
capacidad de atención media se sitúa
en unos 57 pacientes por cama al
año. En el hospital general de Worcester,
por ejemplo, se asumen 104
por cama y año. Así, en muchos centros
han tenido que habilitar más camas
en edificios viejos o añadir nuevas
construcciones, lo que contribuye
a la multiplicación de los costes.
De unos 80 millones de libras por
hospital en la primera época de la
privatización, hemos saltado hasta
cifras insostenibles, de 300 hasta
1.100 millones por proyecto.

D: ¿Qué tipo de oposición está generando
este sistema?

J.L: En el ámbito de los sindicatos ha
habido algunos gestos contra estas
políticas, han publicado algunos informes
y realizado declaraciones esporádicas
poniendo este modelo en
cuestión. Pero el hecho es que los
sindicatos son bastante reacios a
oponerse al Gobierno laborista, ya
que se hallan cerca de ellos políticamente
y las críticas se quedan en un
nivel abstracto en vez de concretarse
en campañas y movilizaciones. Y a
nivel local, en Inglaterra tenemos
una lucha complicada, porque casi
nadie sabe con exactitud cómo funcionan
los proyectos PFI, hay poca
información circulando y se presiona
a los agentes implicados para no
publicar detalles. Sin embargo, en
Gales y Escocia, a través de sus gobiernos
autónomos, ligeramente
orientados a la izquierda gracias a
los escaños nacionalistas, se ha establecido
una política tajante que pasa
por no construir más PFI, rescindir
los contratos de servicios subcontratados
a entidades privadas y abolir el
coste de las recetas médicas.

D: ¿Se está tendiendo a un sistema
dual donde los pacientes eligen el
tipo de atención en función de sus
posibilidades económicas?

J.L: Creo que sería muy difícil hacer
que los servicios médicos sean costeados
por el paciente. Durante 60
años la atención sanitaria ha sido
gratuita y muy popular en Inglaterra.
El Gobierno que intentara hacer esto
no iba a durar demasiado. Por esta
razón el laborismo ha desarrollado
una estrategia distinta, que consiste
en privatizar separando trozos apetecibles
del pastel, creando una situación
en la que el sector privado
pueda disponer de fondos públicos
para su uso y beneficio. Se está
creando un sistema de falso mercado
donde el sector privado escoge
los servicios que le parecen más rentables,
mientras que el sector público
carga con las áreas más onerosas
y de difícil gestión, como las urgencias
y las enfermedades crónicas y
complicadas. Así se fortalece el sector
privado de un modo artificial, con
la esponsorización del Gobierno, sin
una competencia real entre sectores.

D: ¿Qué tipo de estrategia le parece
viable para hacer frente a estas
circunstancias?

J.L: Más allá de consideraciones
ideológicas, la idea de nuestro trabajo
pasa por conseguir un registro
exhaustivo de estos proyectos
con cifras y datos, que nos permita
demostrar en cualquier punto la
invalidez de esta práctica desde
una perspectiva de lógica económica,
así como apoyar otras campañas
con información sólida. Y la
alternativa principal que ofrecemos
es, por supuesto, volver a nacionalizar
los hospitales. Teniendo
en cuenta que los bancos que están
financiando todo este proceso
(Royal Bank of Scotland y Grupo
Halifax) fueron intervenidos recientemente
y hoy pertenecen al
Gobierno en un 75%, nos parece la
solución más adecuada.

SANIDAD EN MADRID: DE LAS HUELGAS DE 1979 A LAS ÚLTIMAS DENUNCIAS EN 2009

BELÉN MACÍAS (REDACCIÓN)

Madrid, primavera de 1979.
Los trabajadores sanitarios se
organizan en multitudinarias
asambleas por la calidad de la
sanidad pública, con demandas
como el incremento de las
exiguas plantillas. Logran
emprender una huelga desde la
base, sin el apoyo de los principales
sindicatos, que dura más
de dos meses y que es respondida
con una fuerte represión
policial, según recoge en uno
de sus documentos la Coordinadora
Anti-privatización de la
Sanidad Pública de Madrid. Ya
entonces los gestores de esos
hospitales, vinculados al franquismo
y sobre todo al sector
privado, utilizaban los centros
públicos para ‘filtrar’ pacientes
a sus negocios particulares.
Madrid, primavera de 2009. No
sólo no aumentan las plantillas
sino que se contempla recortar
en un 15 % los presupuestos
destinados a personal, bienes y
servicios. Una inspección del
Ministerio de Trabajo denuncia
en seis de los nuevos hospitales
de gestión privada, abiertos hace
ahora un año, la falta de personal,
de seguridad y de materiales
tan básicos como guantes de
quirófano, sillas de ruedas o
cuñas. El informe del Defensor
del Pueblo de 2008 denuncia a
su vez que la externalización de
servicios sanitarios en Madrid
podría vulnerar “los principios
básicos del sistema de salud en
España, es decir, universalidad,
gratuidad, financiación pública y
equidad”. Parece que sobran
razones para emular la primavera
de huelgas en la sanidad madrileña
de hace 30 años.