Foto : Orianomada

En el contexto latinoamericano
cuando se habla de
Barrio Adentro se piensa
en los barrios marginales.
Es el nombre con el que se ha bautizado
el programa gratuito venezolano
de atención a la salud. Un
servicio que principalmente beneficia
a los sectores más pobres de la
población, desde la asistencia primaria
a las operaciones cardiacas,
todo ello enmarcado en una red de
programas gubernamentales para
combatir la pobreza, como por
ejemplo la Misión Hábitat, dedicada
a la construcción de viviendas
protegidas y económicas, o la
Misión Mercal, para garantizar los
alimentos a los más necesitados.
La Misión Barrio Adentro está financiada
por la industria petrolera
estatal y se cimienta en la nueva
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, que en su
artículo 84 obliga al Estado a ofrecer
un sistema sanitario basado en
los principios de la gratuidad, la
universalidad, el tratamiento de todas
las enfermedades, la igualdad,
la integración social y la solidaridad,
y que bajo ningún concepto
puede ser privatizado.

La Misión Barrio Adentro se inició
en el año 2003, coincidiendo con
el 25 aniversario de la Declaración
de Alma Ata, firmada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
en 1978. El objetivo de aquella declaración:
“salud para todos en el
año 2000”. En aquel entonces fue
celebrada como un verdadero punto
de inflexión para el modo de entender
las políticas sanitarias públicas,
sobre todo en el llamado Tercer
Mundo. En la declaración, firmada
por 134 países, se constató la necesidad
de que el Estado ofreciera una
cobertura sanitaria integral y barata,
a la que tuvieran acceso todos
sus ciudadanos. Pero como la sanidad
y su cobertura por parte del
Estado, tanto en los sistemas capitalistas
más desarrollados como en
los menos desarrollados, existe sólo
como variable dependiente de la
acumulación y el lucro. Aquel hermoso
objetivo nunca se alcanzó.

Cuando el Gobierno comenzó en
el año 2003 a crear los programas
sociales, las llamadas misiones, entre
otras cosas se instó al cuerpo
médico venezolano a aliviar mediante
la correspondiente cobertura
sanitaria la catastrófica situación
en los barrios más pobres, en los
que vivía entre el 60 y el 70% de la
población, que nunca había visto un
médico. Los médicos venezolanos
hicieron oídos sordos la llamada.
De ahí que se volviera a contar con
la Misión Médica Cubana, que el
mismo año envió doctores a algunos
de los barrios de Caracas.

La aceptación de los médicos cubanos
en los barrios requería de una
autoorganización de sus pobladores.
Se fundaron comités de salud,
para establecer las condiciones necesarias
para la cobertura sanitaria.
Este proceso no estuvo exento de
conflictos y tensiones, pero sirvió
para que los afectados se ocuparan
de sus propios asuntos. Así, una voluntaria
del barrio caraqueño de
Catia comenta: “Mi papel cambió
desde que llegaron los médicos,
porque por medio de ellos he aprendido
a desempeñarme mejor. Yo era
muy penosa para hablar, en la comunidad
éramos penosas y no sabíamos
hablar [en público]. Debido a
tantas reuniones a las que asistimos
por medio de Barrio Adentro y a los
talleres que me han dado he aprendido
a superar ese miedo”.

Cuando los médicos cubanos
llegaron a los barrios fueron acogidos
por las familias y en sus viviendas
establecieron los Puntos
de Consulta. Paralelamente fueron
creándose Consultorios Populares,
a los que fueron mudándose
los puntos de consulta. Estos consultorios
son pequeños módulos
octogonales de dos pisos. En la
planta baja hay una pequeña consulta
con sala de espera. En la de
arriba, hay dos dormitorios y una
sala de estar para dos médicos. En
principio, los médicos pueden ser
requeridos las 24 horas del día,
aunque su trabajo se divide en la
consulta matutina en el Consultorio
Popular y una serie de visitas
domésticas por la tarde. El
objetivo del Gobierno venezolano
es repartir 5.966 Consultorios Populares
por todo el país. En noviembre
de 2006 se habían concluido
2.113 de estos consultorios
populares, 3.853 estaban planificados
o en construcción.

Papel mojado

Uno de los puntos centrales de
la declaración de Alma Ata, auspiciada
por la OMS y firmada por
134 países en 1978 para democratizar
la atención sanitaria en
todo el mundo, era que la mejora
de la salud no era sólo cometido
del individuo, como responsable
único de su propio destino,
sino que las condiciones de vida,
tales como el abastecimiento de
agua potable, la alimentación,
las instalaciones sanitarias, o la
situación habitacional y laboral
también debían ser consideradas.
Sin embargo, pronto el
Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional desbancaron
a la OMS del liderazgo ideológico
en lo que al discurso sanitario se
refiere. Ambas organizaciones
recomendaron aumentar las cuotas
a pagar por los pacientes, así
como disolver los seguros públicos
mientras se daba paso a los
privados. En 1993 se impusieron
sutilmente las nuevas directrices
en un documento del Banco
Mundial titulado Investing in
Health (Invertir en Salud).