La población valenciana se ha volcado con Dolors Carrasquilla en su lucha por la consecución del grado de gran invalidez por una infección crónica que la obliga a vivir sobre una silla de ruedas. Tras ocho operaciones el pasado año 2012 y más de 30 en total, la Generalitat de Valencia ha decidido reducirle un grado de discapacidad, sin haberse visto ninguna remisión en su enfermedad. Desde el 6 de marzo Carrasquilla se mantiene encadenada al Palau de la Generalitat, de los cuales ha pasado en huelga de hambre desde el 11 de marzo hasta el 4 de abril.

Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Valencia) de 42 años, sufre una enfermedad crónica llamada osteomielitis, una infección en la pierna izquierda que la mantiene postrada en una silla de ruedas. Dolors, diagnosticada en 2009 con un grado de gran invalidez –el máximo, que se adjudica a personas con una incapacidad permanente y por la cual necesitan la asistencia de otra persona para actos esenciales de la vida diaria– vio reducida su categoría de minusvalía en 2011, hasta dejarla en el 54%, lo que determina que su grado de incapacidad es absoluta, y no gran invalidez, a pesar de haber empeorado su infección. El 21 de marzo el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio una mala noticia a Dolors: no revisará su caso y, por tanto, no recuperará la gran invalidez. Esto supone, además del recorte de la prestación recibida, la derogación de la gratuidad de su prestación farmacéutica y, por tanto, la aplicación de su copago.

La Comunidad Autónoma de Valencia es la que más ha maltratado la Ley de Dependencia durante el último año. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en su informe para puntuar la calidad y aplicación de la Ley de Dependencia en todo el Estado, destaca la “calificación muy deficiente” de la comunidad dirigida por Alberto Fabra (PP), puntuada con un 0,8 sobre 10. José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación, considera un “destrozo de la ley” lo que se ha hecho en la comunidad.

No han sido pocos los organismos que han mostrado su descontento con la situación. Producto de la misma, por ejemplo, nació hace algo menos de un mes Vicoval, Asociación para la Vida Independiente de la Comunitat Valenciana, que promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la vida pública –social, política y comunitaria–. También la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència lucha por la derogación de esa nueva ley que establece el incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico en personas dependientes. Asimismo, el Foro de Vida Independiente y Divertad apoya a Carrasquilla en su reivindicación y defiende que las Corts supediten el Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria al Estatuto del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, que en 2002 fue el primero de estas características aprobado en el Estado.

Tajo a la dependencia

En el último año la Generalitat no ha soltado la tijera en materia de Dependencia. En primer lugar, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores –cotización de tan solo 160 euros–, dejó de ser abonada por la propia Administración Pública para constituirse en un gasto más del beneficiario. Poco más tarde, se fijó la reducción de un mínimo del 15% en las ayudas a dependientes, reducción que en algunos casos ha alcanzado más del 90%. Esta cuantía depende directamente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice de referencia para la concesión de ayudas públicas, que se mantiene congelado desde 2010 en poco más de 530 euros mensuales. A principios de 2013 se inició, además, el proceso paulatino para incrementar el copago –antes de esta reforma el usuario ya aportaba un 10%– farmacéutico y protésico, y a pesar de que la comunidad tenía hasta el próximo mes de junio para formalizar el aumento del copago, se ha dado prisa para ponerlo en vigor.

Otra de las reformas incluidas en todo este proceso de recortes a la Dependencia valenciana es la nueva estructura de grados de dependencia, con lo que se ha conseguido no disminuir directamente las prestaciones económicas de los usuarios dependientes, pero sí recolocar a las personas incapacitadas en un nivel diferente al que se mantenía hasta hoy: Dolors Carrasquilla es, una vez más, ejemplo de ello, ya que no le han quitado parte de su prestación, sino que le han disminuido el grado de discapacidad.

En la reforma, que entró en vigor en diciembre de 2012, se derogaba, además, parte del artículo 16 de la Ley sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad; con motivo de la supresión de esta parte de la ley, queda eliminada la gratuidad para incrementar el copago farmacéutico, ortoprotésico y las ayudas técnicas a personas con discapacidad.

Dolors Carrasquilla continuará su acampada hasta que consiga que sus reivindicaciones se vean satisfechas: que le devuelvan la discapacidad que se le había reconocido, que se evite la reducción de porcentajes de grados de minusvalía en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que se elimine la ley de copago farmacéutico.