A lo largo de la historia, las drogas o fármacos han sufrido diferentes mecanismos de control sobre su uso, ya sea en forma de normas sociales, culturales y/o jurídicas. El origen de este proceso político se remonta al inicio del siglo XX, cuando el interés de las élites dominantes de los países con mayor peso internacional quedó plasmado en la agenda política al incluir el tema del control del mercado de algunas drogas.

Esos encuentros desembocaron en varios acuerdos internacionales a lo largo de la primera mitad del siglo con el fin de regular y controlar dicho mercado. Pero no es hasta 1961 cuando se firma la Convención Única sobre Estupefacientes con el objetivo de unificar todos los tratados internacionales anteriores, globalizando la política de drogas al gusto de las élites del poder, con la enorme influencia ejercida por EE UU como primera potencia mundial y principal financiador de la ONU.

La war on drugs que denominó Nixon en los años ‘70 era utilizada como otro instrumento imperialista más de la llamada war on communism durante la Guerra Fría. Se hicieron públicos documentos que demostraban la financiación, por parte de la CIA, de grupos paramilitares y contras con el dinero del narcotráfico para luchar contra el avance de los movimientos populares. En 1971 se firmó la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas. Más adelante, en 1988 la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas modernizó y actualizó la política de drogas a nivel global provocando cambios legislativos en muchos países, entre ellos España.

El porqué del fracaso

Varios organismos e institutos de investigación han indicado en sus informes el fracaso del marco político internacional sobre drogas y de las fallidas políticas prohibicionistas y punitivas. Podemos señalar los principales motivos. Si evaluamos el objetivo principal de la política, que es acabar por completo con el consumo de drogas ilegales (y su producción), un objetivo que además de irreal está en su origen basado en prejuicios puritanos, observamos que la producción para el narcotráfico no ha parado de crecer al mismo tiempo que aumenta el consumo de drogas ilegales en los más de 50 años de aplicación del marco político prohibicionista.

También encontramos una falta de objetividad en la división entre drogas legales e ilegales y lo incongruente de la clasificación, por ejemplo, del cannabis, fiscalizado en el marco internacional de forma similar a la heroína, a pesar de la enorme diferencia (en todos los aspectos) que existe entre las dos sustancias. El Consejo Asesor sobre el Abuso de Drogas del Gobierno británico señaló que drogas legales como el tabaco y el alcohol son más nocivas que algunas drogas ilegales.

Otro error del enfoque prohibicionista es la intención de establecer el consumo de drogas ilegales como un problema de orden público en vez de considerarlo un tema relacionado con la salud pública, principalmente en lo que se refiere a las adicciones, como reclaman muchos agentes sociales.

Procesos de cambio

El fracaso del modelo prohibicionista ha llevado a algunos gobiernos a plantear en sus agendas nacionales o estatales un cambio de rumbo en la política de drogas, como actualmente recomienda la Comisión Global de Políticas de Drogas. En 1976, el Gobierno de los Países Bajos reguló la venta de cannabis en coffeeshops para uso personal, incorporando cambios legales a lo largo de los años, como la fugaz implementación del wietpas –una especie de carnet de consumidor– en 2011. Pero no regularizó lo más importante: la producción de ese cannabis, lo que han denominado ‘la puerta de atrás’ (de achterdeur).

Es importante señalar el proceso político iniciado por California en 1996 legalizando el uso medicinal del cannabis. Además, en 2012 se ha producido un hito político de gran importancia: en los estados de Washington y Colorado se ha aprobado por primera vez la legalización del cannabis para uso lúdico.

Por otro lado, el Gobierno de José Mujica en Uruguay inició el pasado año un proceso de legalización del cultivo de cannabis para uso personal con el objetivo principal de reducir el narcotráfico en el país, acrecentado por la grave crisis económica de 2002. De este modo, se presentó un proyecto de ley para que el Estado asuma el control de la producción y venta de cannabis, a su vez permitiendo el cultivo compartido en clubes. Mujica, tras leer un reciente sondeo de opinión pública que mostraba el rechazo mayoritario de la sociedad uruguaya a este cambio político, ha decidido que el proceso de elaboración de esta política se haga despacio para obtener el respaldo mayoritario en la calle, a pesar de tener mayoría absoluta en el Congreso.

Recientemente, la ONU ha legalizado el mascado de coca (acullico) en Bolivia, a pesar del veto de sólo 15 países como EE UU, Israel, Reino Unido, Alemania, Canadá y México. El Gobierno de Evo Morales decidió en 2011 abandonar la Convención de 1961 con el fin de que la ONU reconociera esta práctica como una identidad cultural de los pueblos andinos.

En el ámbito estatal, en 2012, el pueblo tarraconense de Rasquera decidió realizar una plantación de cannabis para abastecer a un club privado de consumo como medida para luchar contra la crisis económica, pero la Fiscalía paralizó el proyecto. Ahora, una veintena de municipios catalanes han pedido al Parlament que cambie la ley para permitir esos cultivos a la vista de la enorme cantidad de dinero que se mueve alrededor de los clubes de consumo de cannabis.