Texto de Antonio Gómez Liébana

El Real Decreto Ley 16/2012aprobado por el Gobiernosupone un paso más –muyimportante– dentro de lacontrarreforma sanitaria que se vienerealizando desde hace años, e implica modificacionessustanciales enel modelo de sanidad pública universal,además de abrir vías para futurosrecortes. Para empezar, vinculael derecho a la atención sanitariaal aseguramiento (excluye de la atencióngratuita a quienes no ostentenesta condición) y no establece queéste tenga que ser al régimen generalde la Seguridad Social, lo que dejaabierta la posibilidad de modelosde aseguramiento diferentes (orientadosa la desgravación fiscal de segurosprivados).

Apoyándose en el discurso xenófobo
de un supuesto abuso, excluye
de la atención integral a los inmigrantes
no regularizados, limitándola
a urgencias, embarazos y a los menores
de 18 años, a pesar de que
existen múltiples estudios que demuestran
que los inmigrantes (regularizados
o no) utilizan en menor
medida que los nacionales el
Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, como la sanidad se financia
vía impuestos, incluso los irregulares
aportan con impuestos como el
IVA su dinero para el mantenimiento
de los servicios públicos. Se trata
de una medida inhumana, injusta,
inmoral, peligrosa desde el punto de
vista de la salud pública (aumenta el
riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas)
y negativa desde
el lado de los costes (al ser el único
acceso que les queda, se incrementarán
las visitas a urgencias).

Por primera vez, se aprueba el “copago
farmacéutico para pensionistas”
(10% del precio de las medicinas)
y el “aumento del copago farmacéutico
para el resto de la población”,
según teóricos niveles de renta.
Así se establece un impuesto a la
enfermedad. La protección social,
basada en la solidaridad de los impuestos
en función de la renta, deja
de tener efecto, obligándose a pagar
más no a quienes más tienen, sino a
quienes están más enfermos.

Prestaciones de su bolsillo

También se anuncia el pago por los
usuarios de “medicamentos para síntomas
menores”, sin definir cuáles,
pero que con toda seguridad serán
medicamentos útiles y de utilización
frecuente (analgésicos, antihistamínicos),
que pasarán a ser pagados
por el bolsillo del ciudadano. Se instaura
asimismo el pago de una parte
del transporte sanitario no urgente,
la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con
los enfermos que precisan diálisis u
oncológicos que realizan varios viajes
semanales?

Sin embargo, las actuaciones sobre
la industria farmacéutica son
testimoniales y de escaso impacto
económico. En este sentido existen
medidas de lógica común y perfectamente
asumibles, como las compras
al por mayor y la distribución
en los propios centros sanitarios de
la medicación prescrita; la creación
de una industria nacional para los
medicamentos básicos (como la tienen
las Fuerzas Armadas); la prohibición
de que la formación médica
esté en manos de las multinacionales;
o incluso la no financiación por
el sector público de todos aquellos
fármacos que se registren, medidas
que podrían ahorrar miles de millones
de euros, pero que no van ni siquiera
a plantearse.

El documento sí
ahonda en el camino de los ‘incentivos
perversos’ justificados sobre la
“racionalización [recorte] del gasto”
y la “competencia –en lugar de la colaboración–
entre profesionales y
centros”. Los nuevos modelos de
hospitales privatizados incorporan
incentivos económicos a los profesionales
que menos pacientes ingresan,
más altas dan o menos derivan a
los especialistas.

Los 600 millones de euros que según
el Gobierno se van a ahorrar
con una supuesta “coordinación entre
servicios sociales y sanitarios”,
no esconden más que el cierre anunciado
de más centros públicos de
larga estancia para la derivación de
los pacientes crónicos a centros privados,
como acaba de ocurrir con el
cierre de los dos hospitales de crónicos
y paliativos de Palma de
Mallorca.

Las medidas anunciadas son, por
tanto, un paso más dentro del plan
perfectamente planificado que se
lleva desarrollando años con la complicidad
de las cúpulas sindicales y
el apoyo imprescindible del partido
ex socialdemócrata. En grandes líneas:
por una parte, se traspasan las
partes rentables del sistema para lucro
de todo tipo de empresas, potenciándose
los seguros privados para
quienes puedan pagárselos; y por
otra, se va articulando un sistema similar
al antiguo de beneficencia para
excluidos, parados y trabajadores.

La respuesta está en la coordinación
de las luchas autogestionadas y
autónomas del poder, desoyendo los
cantos de sirena de la ‘izquierda posibilista’,
cuya postura se limita a la
llamada e intento de captación del
voto representativo, ocultando que
no hay vuelta atrás y que el Estado
de bienestar no volverá.