Complejo Hospitalario de CHOU (Ourense), de gestión privada / Foto: Óscar Pinal.

La sanidad en Galicia se está viendo
amenazada por diferentes políticas
puestas en marcha por los gobiernos del PP, que parecen usar el país
como campo de pruebas para luego
extenderlas al resto de territorios
del Estado. Muestra de ello es el
nuevo cargo asumido por la que fue
Conselleira de Sanidade de la Xunta
da Galiza de Feijóo, Pilar Farjas, que
actualmente ocupa la Secretaría de
Estado de Sanidad en el Ministerio
que lidera Ana Mato. Su sucesora
en el cargo, Rocío Mosquera, parece
seguir las líneas marcadas, satisfecha con el resultado de los recortes
que se fueron ejecutando durante la
última legislatura, una vez recuperado el Gobierno gallego por el PP.

Para la defensa de la Sanidad
Pública en Galicia se ha creado una
Plataforma, conocida como SOS
Sanidade Pública, con presencia en
todo el país, integrada por diferentes plataformas comarcales, además de la Federación Galega de
Asociaciones de Vecinos, partidos
políticos (BNG, PSdeG-PSOE, EU),
sindicatos (CC OO, UGT, CIG,
SATSE) y la Asociación Galega de
Defensa da Sanidade Pública. A nivel comarcal se suman otros colectivos y asociaciones, especialmente
de personas afectadas por enfermedades específicas.

Galicia destina un 34% de sus presupuestos a la Sanidad Pública, según los datos analizados desde las
plataformas de la comarca de O
Morrazo, lo que no deja de ser una
cantidad muy apetecible para los
grupos empresariales privados que
están entrando a lo público mediante sistemas de Participación Público-
Privada (PPP). Con ellos, la Consellería de Sanidade, por ejemplo,
pasa a ser inquilina en infraestructuras sanitarias gestionadas por empresas, por lo que tienen que abonar cánones que multiplican el gasto que bien podría ser llevado a cabo a través de Sociedades Públicas de
Inversión (SPI). Esto es lo que está ocurriendo en hospitales como el de Ourense o el de Vigo. Servicios como la diálisis renal, la información sanitaria, la central de compras, la limpieza, la esterilización, la lavandería, la seguridad, la restauración y hasta el sistema de oposiciones están siendo a su vez privatizados.

Los recortes presupuestarios del 2011 por parte de la Xunta, de cerca de 200 millones de euros, junto a estas fórmulas de introducción de capital privado, ya han supuesto la supresión de guardias, el cierre de algunos quirófanos por las tardes, la paralización de los Planes de Mejora de la Atención Primaria y de los planes directores de mejoras de hospitales, así como la supresión de servicios de ambulancias en localidades como Marín (Pontevedra). Como suele ocurrir, es la población más vulnerable la que ve aún más recortados sus servicios de atención sanitaria. Es el caso de los cierres de
unidades de atención después del
parto, la atención a personas con
drogodependencia y la salud mental.

Adiós a la universalidad

Especial incidencia mediática tuvo
la aparición del llamado Código
29, asignado a personas que se encuentran en situación de desempleo y agotan sus prestaciones, y a
las personas extranjeras (esto último sin tanta incidencia en los medios hegemónicos). El Código 29
se asigna a estos colectivos y pierden sus derechos a tener personal
médico asignado, a poder ser citados y a tener prestación farmacéutica (sólo los mantienen menores y
mujeres embarazadas). Únicamente se les reconoce el derecho a
la asistencia de urgencia y emergencia.

En estos casos la tarjeta sanitaria convencional queda anulada y es necesario adscribirse en la
de alguien que mantenga los derechos o gestionar una tarjeta especial para personas sin recursos.
Las personas extranjeras aún tienen un handicap más, tal y como
denunciaron O Foro Galego da Inmigración y Médicos do Mundo a
través de un comunicado público
conjunto: en la misma orden en la
que se crea el código 29 se impone
como requisito una antigüedad mínima en el padrón de 183 días
para poder solicitar la tarjeta sanitaria. Una vez más quedan vulnerados los derechos de universalidad de la sanidad pública de los
que siempre se ha presumido.

Copago encubierto

Sólo dos meses después de esta orden, la Xunta publicó el Decreto
209/2011, por el que se establecen
tarifas que repercutirían sobre las
personas que supuestamente usen
de manera ‘irresponsable’ las prestaciones sanitarias asistenciales del sistema público. Para Ramón Veras, de la Plataforma pola Sanidade Pública da Comarca da Coruña, “con estas medidas, se deja una puerta abierta al copago, algo que no se contempla en ningún lugar de la Lei de Saúde de Galiza y que, para aplicarse, debería pasar por un proceso de aprobación parlamentaria”.

Además de las diferentes movilizaciones y denuncias que han venido promoviendo, uno de los objetivos de la Plataforma SOS Sanidade
Pública es sacar adelante una
Iniciativa Legislativa Popular que se
centra en defender el carácter público de la sanidad como garantía del
derecho a la salud de todas las personas en Galiza, gestionando de manera pública y directa los servicios
sanitarios –con el aumento de la capacidad resolutiva y los recursos de
la atención primaria, el acceso a las
tecnologías diagnósticas y un largo
etcétera– y rechazando las formas
de financiación y gestión privada introducidas por la Xunta.