SALUD SEXUAL: UN INFORME ANALIZA LA SITUACIÓN DEL ABORTO EN EL ESTADO ESPAÑOL 22 AÑOS DESPUÉS DE SU DESPENALIZ
Por el derecho real al aborto libre y gratis

A principios de marzo, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (CEOF) publicó un informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que analiza la situación real del aborto en el Estado español 22 años después de su despenalización parcial.

12/04/07 · 0:00


Según la CEOF, el derecho de las mujeres
a decidir sin tutela ni restricción se ve mermado
por la falta de acceso a educación sexual, anticoncepción
y atención de calidad en salud sexual y reproductiva.
Así la IVE supone un laberinto de obstáculos
económicos y asistenciales más que una
prestación sanitaria normalizada.

Según Justa Montero, de la Asamblea
Feminista de Madrid (uno de
los 12 grupos que lo han elaborado),
el objetivo del informe Interrupción
del Embarazo: el derecho
de las mujeres a decidir es “alzar
una voz con visión feminista”. Así,
proponen normalizar el aborto en
la red sanitaria pública: según la
ley, puede hacerse en hospitales
públicos y clínicas privadas acreditadas
por Sanidad, pero un
97,1% se realizan en centros privados
y un 2,9% en la red pública.
Se da una enorme desigualdad inter
e intraterritorial en la prestación
del servicio, principalmente
en cuanto a la financiación de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE) entre Comunidades
Autónomas (CC AA).

En Andalucía y Murcia los servicios
de salud costean el 47% y el
70% de abortos en clínicas privadas
respectivamente; en otras, se
reembolsa el pago de algunas IVE
a las clínicas, a las mujeres u ONG
que las tramitan, o no hay concertación.
Además, se vulnera el derecho
de información al no ofertar
abiertamente abortar por método
farmacológico con la píldora RU-
486 en las dos o tres semanas de
gestación, lo que ahorra costes de
desplazamiento a la clínica si se vive
en lugares alejados. La RU-486,
compuesto que paraliza el embarazo,
tiene un coste de 60 o 70 euros,
que puede ascender a 420 de
precio de venta, aún mayor que el
aborto quirúrgico, que ronda los
380. Galicia, donde los dos precios
son similares, y País Vasco, que
vende la RU-486 a precio de coste,
son las únicas excepciones. La
CEOF demanda que se garantice
la oferta de ambos métodos.

El acceso a la IVE en la red pública
encuentra barreras como la falta
de información sobre los trámites a
realizar y su complejidad, que a veces
retrasa la autorización hasta las
12 semanas de gestación, plazo en
que algunos hospitales se niegan a
realizar el aborto. Los circuitos de
atención hospitalaria varían por
CC AA, ciudades y hasta por hospitales.
Los pocos que practican
IVE valoran el supuesto por el que
la mujer decide abortar para atenderla.

Si es por riesgo para su salud
(causa del 97% de IVE totales y del
47% de la red pública), su ginecólogo
puede negarse. Si lo acepta, pasa
a la comisión interdisciplinaria
del hospital que también examina
el caso. En caso de malformación
fetal, el hospital deriva a otras provincias,
CC AA e incluso llega a pagar
la IVE a clínicas privadas. En
éstas el trámite es mucho más sencillo,
lo que podría explicar que
mujeres con serios problemas económicos
(el 40% de las que abortaron
en 2005 tenían menos de 25
años) paguen de su bolsillo un servicio
público. Como solución, la
CEOF propone fijar protocolos que
agilicen los trámites; realizar las
IVE de menos de ocho semanas de
gestación (el 62% de las practicadas)
en la red de Atención Primaria
para reducir los costes de la hospitalización
y normalizar la enseñanza
de esta intervención en la carrera
sanitaria, garantizando la preparación
y formación de profesionales
que la practiquen.

Tutela y presión externa

Las menores de 18 años requieren
autorización materna, paterna o
tutorial para abortar, ya que la ley
de 41/2002 de derechos del paciente
contempla la IVE como excepción
a la prevalencia de la voluntad
del menor para decidir sobre
intervenciones médicas. La desregulación
de la objeción de conciencia
(OC) por motivo de aborto
permite que ésta se extienda a todo
el personal implicado en la intervención,
sea médico, de enfermería
o anestesista, y a todo el
proceso. Para acabar con estas
presiones, la CEOF pide derogar
la cláusula de tutela sobre el consentimiento
de la menor de la Ley
41/2002; que los centros de atención
primaria, especializada y hospitales
hagan pública la lista de
personal objetor y que se garantice
que las nuevas contrataciones
no sean de objetores.


GARANTÍA DE DERECHOS MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA

J.G.G.

Según la CEOF, el aumento
de embarazos no deseados
y abortos se debe a la
ausencia de políticas que
garanticen de forma efectiva
el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos
con el acceso a la
educación sexual, los anticonceptivos,
la planificación
familiar de calidad y el
aborto voluntario.
Pese a ser la clave de la
prevención de embarazos
no deseados e infecciones
de transmisión sexual, la
Ley Orgánica de Educación
de 2006 no hace referencia
a la educación afectivosexual,
por lo que sólo se
imparte en colegios o institutos
con profesorado y
dirección sensibilizados.

Otros centros dan información
fisiológica o psicoemocional
o con un enfoque
heterosexista y reproductivista.
La CEOF propone
incluirla como enseñanza
obligatoria en el currículo
escolar. El Sistema Nacional
de Salud establece la
necesaria asistencia en
todos los métodos anticonceptivos
(MAC) pero sólo
financia los hormonales de
primera generación y
mayor carga hormonal,
mientras que ocho CC AA
sufragan el dispositivo
intrauterino (DIU).

La Anticoncepción de Emergencia
o píldora poscoital,
que evita un embarazo no
deseado tras una relación
sexual sin protección en los
tres días siguientes al coito,
es de pago en nueve CC AA
y sólo dos CC AA tienen
centros abiertos el fin de
semana, cuando se produce
una mayor actividad
sexual. Algunos se niegan a
prescribirla a menores de
16 años de edad al interpretar
restrictivamente su
capacidad de decisión, así
como algunos farmacéuticos
practican la objeción de
conciencia para no dispensarla.
Por este motivo, la
CEOF pide que los MAC fiables
y seguros se incorporen
a la cartera sanitaria y se
fije un precio social para el
preservativo. La nula coordinación
entre Atención Primaria,
Planificación Familiar
y Atención Especializada
causa retrasos en la atención
que pueden ser fatales
ante la carencia de MAC,
por lo que los grupos
feministas piden que se
garantice la atención de
calidad y se capacite a los
profesionales.

Los grupos feministas afirman
que la ley del aborto
de 1985 otorga la potestad
de decidir primeramente
a los jueces, porque el
aborto sólo se penaliza en
tres supuestos, y a ellos
corresponde decidir si la
causa que una mujer alega
entra o no en uno de los
contemplados. Al seguir
tipificado como delito, no
hay seguridad jurídica de
que el aborto no será perseguido.
Por tanto, reclaman
que “salga del Código
Penal, salvo en el caso de
que se realice contra la
voluntad de la mujer” y se
desarrollen disposiciones
para garantizar su realización
como cualquier otra
prestación sanitaria.

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