El anuncio de que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los
Diputados ha aprobado una proposición
no de ley en la que rechaza
cualquier fórmula de copago sanitario
no deja de ser una nueva cortina de
humo frente a las intenciones reales
de introducir dicha medida, que no es
más que una nueva agresión a los sectores
más desfavorecidos, dada la distribución
diferencial de la enfermedad
según clases sociales.

El copago no es
más que un impuesto a la enfermedad,
cuyo objetivo es limitar el acceso
al sistema a los más necesitados de
atención (ancianos, niños, mujeres,
pobres..), así como potenciar los seguros
privados complementarios (para
quienes se los puedan permitir), a la
vez que se va “interiorizando” en la
población el hecho de pagar en el
momento de recibir atención sanitaria
como algo normal.

Esta nueva medida forma parte de la
agenda del desmantelamiento del Sistema
Nacional de Salud, de la que
participan tanto PP como PSOE y que
se concreta en el traslado al sector
privado de la explotación de centros
sanitarios y de todas aquellas prestaciones
y procesos susceptibles de
generar beneficios, mientras se camina
hacia la transformación del actual
sistema en un modelo más cercano a
la beneficencia. Todo ello bajo la idea
inconfesable (por ahora) de que ya no
es necesario mantener un sistema
público de calidad y cobertura universal,
ya que una de sus principales funciones
(la de curar y mantener
“sanos” a los trabajadores para su
reintegración rápida al trabajo) ha
dejado de ser necesaria en el contexto
de elevado paro estructural.

El “rechazo” de los parlamentarios al
copago coincide con la difusión por
parte de CAS y Matusalén del informe
técnico de la Consejería de Sanidad de
Madrid, que estudia el impacto económico
y social de la posible exclusión o
introducción de copagos en 23 prestaciones
sanitarias de ámbito estatal. En
este sentido, hay que puntualizar, que
una comunidad autónoma no puede
introducir copagos o excluir prestaciones
básicas incluidas en el Real Decreto
que las establece.

Es, necesariamente,
una decisión estatal, por lo que
el documento en cuestión responde a
una petición del Ministerio de Sanidad
o del de Economía para que las Comunidades
Autónomas estudien qué prestaciones
recortar y qué nivel de desgaste
para los partidos políticos podría
tener la medida.

En este sentido, resulta cuanto menos
inmoral este discurso machacón de
supuesta “insostenibilidad del sistema”,
cuando el fraude fiscal es superior
al gasto sanitario público (alrededor
de 65.000 millones de euros al
año, o mientras seguimos dedicando
un punto menos del PIB que la media
de la UE-15 a sanidad.