El presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid está por debajo de la media autonómica y favorece las iniciativas que tienden a la privatización. Así lo recoge un informe elaborado por el Observatorio Madrileño de Salud que señala, además, que se trata de una tendencia constante desde la transferencia de las competencias sanitarias en 2002.

El Observatorio denuncia que, en estos momentos, la Comunidad de Madrid cuenta nada menos que con cinco modelos distintos de gestión privada o semiprivada que se caracterizan por una “ausencia total de transparencia, falta de evaluación y sobredotación presupuestaria respecto a los centros públicos”. Un ejemplo: en 2010, el presupuesto medio anual por cama era de 277.375 euros en los centros públicos (841 euros por cama y día), mientras que en los centros privados suponía 434.686 (1.331 euros diarios). Se trata de una diferencia -490 euros- incluso menos abultada que la estimada por el sindicato CSIT, que calcula en 715 euros la diferencia.

"Cuando la Comunidad habla de costes, no sabemos nada en realidad", ha declarado Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El dato de los 1.700 millones de deuda sanitaria de 2011 -de un total de 15.191 millones en diciembre de 2011, según el Banco de España- fue emitido a través de unas declaraciones a la prensa, pero se desconoce su composición. "Lo razonable es pensar que son atrasos a proveedores, a farmacias, a Farmaindustria [la patronal farmacéutica], y luego atrasos en el pago del canon a los hospitales semiprivados, pero no hay información accesible", explica Sánchez Bayle, uno de los autores del informe.

El documento también analiza el polémico Plan de Medidas de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Madrid del Gobierno de Ignacio González y su presupuesto para 2013, que supone una bajada del 0,9% respecto a este año pero que, aún así, “se dirige a privilegiar a los centros privados en detrimento de los públicos”. Así, la bajada en los hospitales de gestión tradicional es de un 16,19%, mientras que los cuatro centros totalmente privados tienen un aumento del 4% en su presupuesto. La Atención Primaria también baja, nada menos que un 7,06%.

Esta tendencia ya estaba presente en los presupuestos de 2012: según el informe, ese año se destinaron 93,3 millones de euros para los hospitales de Móstoles y Collado-Villalba y hubo un aumento del 34% en los convenios con el sector privado. Mientras, los hospitales de gestión tradicional vieron disminuir su presupuesto un 1'5% (que se sumó al recorte del 9,5% de 2011) y la Atención Primaria sufrió un recorte del 3'7%, al que hay que añadir 10 millones de euros menos en personal. De hecho, en 2012 la sanidad pública madrileña cuenta con 2.000 trabajadores menos que en 2008. Tampoco se ha incrementado el número de camas disponibles pese a la apertura de nuevos centros, ya que se ha seguido una política de cierre de camas en los centros de gestión tradicional. Así, pese al mayor PIB de Madrid, el número de camas por cada 1.000 habitantes es ligeramente menor al de la media del resto de Comunidades: 3,41

“Todas las experiencias en España y a nivel internacional aportan datos de que lo que se llama colaboración público -privada (un eufemismo de privatización) incrementa notablemente los costes sanitarios a medio plazo y empeora la calidad de la atención sanitaria”, afirma el Observatorio, que fue constituido el pasado mes de octubre y que está formado por 34 asociaciones, entre ellas la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Asociación Madrileña de Salud Mental, IFMSA Complutense, los Ayuntamientos de Rivas, Fuenlabrada, San Fernando de Henares y Parla; FACUA-Madrid y los sindicatos CC OO y UGT.

El Observatorio reclama una serie de medidas alternativas, entre ellas el cambio de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid para garantizar el carácter público de la sanidad y el uso del sector privado sólo de manera subsidiaria; subir la financiación hasta que esté en al menos en la media del resto de autonomías; volver a la estructura de áreas sanitarias o asegurar una dotación adecuada de medios y profesionales en Atención Primaria (un médico general y un profesional de enfermería cada 1.200 habitantes y pediatra cada 1.000 menores de 14 años).

El informe también analiza el Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno central, que vincula el derecho a la atención sanitaria con la cotización a la Seguridad Social y que supone en la práctica “la exclusión de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares y de otros colectivos vulnerables, como los mayores de 26 años en situación de desempleo”. Por parte del Observatorio se recuerda que los resultados de esta exclusión “ plantean un serio problema humanitario [...]; problemas de salud pública al desaparecer el control, diagnóstico y tratamiento precoz de un grupo significativo de población; problemas de funcionamiento del sistema sanitario porque al dejarles las urgencias como única vía de atención saturaran un dispositivo asistencial ya de por si saturado”. Recuerdan además que “el coste de atender las enfermedades mas evolucionadas en urgencias superara el coste actual de la atención normalizada”.